La pandemia y su utilización por parte del gobierno han puesto en evidencia durante todos estos meses pasados la difícil convivencia entra la libertad y los gobiernos de extrema izquierda. El gobierno presume de no haber recortado durante la crisis ni un euro de gasto público, omitiendo sin embargo que no lo ha hecho a costa del endeudamiento y de las fabulosas ayudas y avales recibidos desde Europa, no por méritos propios. No obstante, casi todos los españoles salen de esta pandemia más conscientes de que la izquierda se ha dedicado sin descanso a recortar intensamente sus derechos.
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-El derecho a la libertad de expresión, supervisado digitalmente por el gobierno para evitar la desinformación, aunque el mayor desinformador durante la pandemia ha sido el gobierno (mascarilla no, mascarillla sí, por ejemplo). O socavado por una Ley de Memoria que impone no sólo una memoria unilateral, sino también el olvido de las atrocidades y la hemeroteca antidemocrática de la izquierda.
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-El derecho a la libertad de reunión y circulación, al extremo de imponer un estado de excepción ilegal bajo la apariencia de un estado de alarma. Ni siquiera porque no hubiera podido imponer un estado de excepción, sino porque el estado de alarma exigía rendir menos cuentas al parlamento y a la oposición. Un estado de excepción encubierto e ilegal impuesto en base de cientos de miles de sanciones sin base legal.
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-El derecho a la información, comprando las portadas de todos los medios con publicidad institucional y limitando las preguntas en las ruedas de prensa.
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-El derecho a la libertad educativa, menoscabado en una nueva ley educativa que persigue a la educación concertada y especial, limita la libertad de elección y consagra el adoctrinamiento gubernamental.
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-El derecho de manifestación, permanentemente limitado incluso cuando se intentaba practicar con todo tipo de medidas de seguridad, incluidas las auto-manifestaciones con vehículos.
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-El derecho a la inviolabilidad del domicilio, sacudido por la aplicación ilegal de la doctrina de la patada en la puerta.
Es precisamente en relación a este ataque a la inviolabilidad del domicilio que en las últimas horas se ha conocido la noticia de que 18 policías están siendo juzgados en estos momentos por esta doctrina ilegal alentada por el ministro Marlaska. Lo curioso es que estén siendo juzgados los policías en vez del propio Marlaska.
Marlaska justifica la 'patada en la puerta' frente a fiestas ilegales en pisos turísticos que no se usan como morada y niega que los Cuerpos de Seguridad estén "violentando" derechos fundamentales https://t.co/xvGaovMmgE pic.twitter.com/ZdKyVcy1uD
— Europa Press (@europapress) April 1, 2021
La 'patada en la puerta' en las fiestas del estado de alarma acaba con 18 policías imputados por allanamiento de moradahttps://t.co/OTSgmylhrB Por @herrera_elena
— elDiario.es (@eldiarioes) September 1, 2021
Esta pequeña relación de atropellos a nuestros derechos, que ni siquiera pretende ser exhaustiva, o que deja al margen esa Ley de Seguridad Nacional con la que Pedro Sánchez pretende dar poderes absolutos al gobierno, es sin embargo una muestra lo bastante significativa y lo bastante grave como para ponernos en guardia frente a la tentación de abusar del poder que casi por definición tiene todo gobierno, más aún cuando hablamos de gobiernos de extrema izquierda cuyo discurso, por su propia ideología, considera un peligro todo lo que no es el gobierno o no coincide con el discurso del poder público y del gobierno, por lo menos cuando la izquierda ocupa el gobierno. La pandemia por lo demás es una ocasión de oro para el gobierno de cara a extender abusivamente su poder sobre los ciudadanos, ya que le da una cierta justificación para tomar decisiones o asumir poderes excepcionales con la comprensión de los ciudadanos. Por el contrario, precisamente por eso, porque en momentos como una pandemia resulta más fácil camuflar entre las medidas excepcionales que pueden ser razonables otros recortes de derechos abusivos y totalitarios, tenemos que estar en guardia más que en ningún otro momento. Y exigir responsabilidades políticas y judiciales por cada abuso.
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