El desalojo de los okupas del Palacio Rozalejo ha determinado la producción de diversos informes oficiales en los que se evalúa el estado de conservación del edificio y los riesgos que presenta. De este modo, en agosto era elaborado un primer informe por parte del Servicio de Patrimonio del Gobierno de Navarra en el que aludía a diversos riesgos, confirmados por otro informe de Patrimonio elaborado ya en este mes de enero, a raíz del segundo desalojo. En este segundo y más reciente informe, por ejemplo, se concluye que “se ha ampliado la instalación eléctrica con enganche a la red exterior de la compañía de forma inadecuada, desordenada y sin elementos de protección”, que existe una “acumulación de enseres y productos inflamables”, que “se amplía la necesidad de apeos de sostén en el edificio” y que se confirma la “existencia de zonas de la estructura con riesgos para las personas”.
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Es por ello que los okupas presentaron ayer un informe propio, encargado por ellos mismos a una arquitecta través de dos abogadas, con el que se pretende desacreditar los informes del Servicio de Patrimonio y negar el peligro y los riesgos del Palacio Rozalejo.
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Así, en este informe de parte se llega a conclusiones como que “en las estancias de uso” la arquitecta no observa “patologías ni signos externos que nos indicaran riesgos inminentes ni graves”. La arquitecta también considera que en el momento en que inspeccionó el inmueble “no se detectaban movimientos (grietas, flechas excesivas, pérdidas de sección, deformaciones, etc) que pudieran indicar una pérdida de resistencia patente que haga peligrar la estabilidad del edificio”, y que “aún así, se habían apuntalado zonas determinadas, para garantizar la seguridad”.
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El primer informe de Patrimonio concluyó que, tras las labores de apuntalamiento y restauración de la cubierta llevadas a cabo por los técnicos, la situación del edificio era segura siempre que permaneciera vacío, pero que en caso de ser usado “deben adoptarse medidas importantes” para minimizar o anular los riesgos señalados en el informe. La arquitecta intenta evitar esta conclusión de Patrimonio argumentando que cuando los okupas utilizan el inmueble obviamente no está vacío, pero que “prácticamente” lo está porque los okupas, dice, solo utilizan “la zona delantera del edificio”. La arquitecta no lo dice, pero implíctamente su informe justifica el primer desalojo pues antes de este ni siquiera se habian tomado las medidas de seguridad que ella utiliza para justificar la reocupación.
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La arquitecta minimiza además el riesgo de incendio concluyendo que “el riesgo de incendio, por desgracia, no es evitable completamente en ningún edificio”, pero que los okupas tenían “9 extintores” en el momento del desalojo. No obstante, la arquitecta se cubre reconociendo su falta de idoneidad para opinar sobre la instalación eléctrica y señalando que “es competencia de Industria la inspección y revisión de las instalaciones eléctricas por lo que no es objeto de este informe”. El riesgo de incendio por la insegura, deficiente y fraudulenta instalación eléctrica, es por el contrario una de las principales amenazas señaladas por Patrimonio, y es asimismo una de las razones para considerar razonablemente segura la situación del edificio sólo en caso de que no haya nadie en el interior utilizando la electricidad, por ejemplo, tanto da en qué parte del edificio.
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Por lo demás, una búsqueda en Google acerca de la arquitecta encargada por los okupas, Almudena Pérez de Diego, constata que en la red existen muy escasas referencias a esta persona pero que entre ellas podemos encontrar que en 2017 participó en otro informe a favor de los okupas de Errekaleor, en Alava. Efectivamente la arquitecta se encuentra colegiada en Alava y es la única arquitecta que firma el informe de Rozalejo, lo cual no significa necesariamente que sus conclusiones sean parciales o estén viciadas pero resulta inevitable que se susciten algunas dudas. Por ejemplo si es que no se ha ido a buscar a esta arquitecta concreta porque ya había apoyado a los okupas en otra ocasión y si se ha tenido que recurrir a una arquitecta de Alava, que ya había apoyado a los okupas antes, porque no se han podido encontrar ni otros arquitectos (como sí sucedió en el citado Errkaleor) ni más cerca dispuestos a emitir un informe favorable a los okupas. Asumiendo la absoluta profesionalidad y objetividad de la arquitecta, pudiendo recurrir a otro arquitecto o arquitecta igual de profesional y objetivo, sería torpe recurrir justo a la arquitecta respecto a la que una simple búsqueda en Google puede suscitar dudas. Salvo que no hubiera más arquitectos dispuestos a suscribir un informe favorable a los okupas, que es una sospecha a la que justa o injustamente invita la elección de esta arquitecta.
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Como contrapunto al informe okupa, el informe preliminar de Patrimonio de este mismo mes de enero, a raíz del segundo desalojo (la arquitecta encargada del informe por los okupas dice haber accedido a inspeccionar Rozalejo en noviembre-diciembre), resulta bastante explícito respecto a los riesgos y condiciones del Palacio Rozalejo.
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Una pocilga okupa
También son interesantes las conclusiones del informe de Patrimonio elaborado tras el desalojo de agosto, en el que se hace referencia a los riesgos estructurales y de incendio, así como a las condiciones higiénicas de los okupas.
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Un comentario
Señores de NC: ¿Esa nueva profesión “aquitecta”, está avalada por una nueva titulación universitaria, o la contaminación de género-génera ya ha contaminado a este medio?.
Por otro lado, el informe emitido por esa Sra. ¿ha sido visado por algún Colegio de Arquitectos?. ¿Quién ha corrido con los gastos del informe y del visado?.
En lo referido al apartado de riesgo sanitario del informe de Patrimonio, se demuestra que el colectivo (más bien “colector”) okupa se desenvuelve como pez en el agua en el ambiente de higiene y limpieza que describe dicho informe. Vamos, que están en su salsa.