Los menas vienen siendo noticia hace tiempo en España y específicamente en Navarra. Poco antes de los Sanfermines, preocupaba la actuación de un grupo de estos menores en un lugar tan céntrico y concurrido como Carlos III. Varias menores habían sido acosadas y la presencia y persistencia de este grupo de acosadores hacía saltar las alarmas. Se daba la circunstancia además de que ya se indicaba que estos menores procedían de una residencia del Gobierno de Navarra.
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A comienzos de septiembre, la noticia era la detención de varios de los menas de este grupo, acusados de abuso sexual, así como la detención de algunos otros por la comisión de varios delitos.
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En ese momento, el SUP (Sindicato Unificado de Policía, de la Policía Nacional) reclamaba al Gobierno de Navarra más control sobre los menas, advirtiendo de que en lo que llevábamos de 2019 «han sido ya más de 300 ‘menas’ los acogidos en Navarra, creciendo el número respecto a años anteriores». Un incremento, señalaba el sindicato, que «ha generado sensación de inseguridad», explicando que «Empiezan con pequeños hurtos que enseguida pasan a robos con violencia”.
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Significativamente, la respuesta del Gobierno de Navarra a todo lo anterior fue negar la situación y acusar al SUP de alarmismo.
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En octubre y en sede parlamentaria el SUP volvía a alertar sobre la situación expresando que “la actividad policial con estos menores es continua» y reclamando del gobierno foral «un plan de actuación en materia de menores en desamparo» para hacer frente al «grave problema existente». El sindicato policial añadía algunos datos como que el número de menas en Navarra «se ha multiplicado casi por seis, pasando de unos 50 en el año 2018 a los alrededor de 300» que hay en la actualidad. El SUP denunciaba asimismo que en julio, agosto y septiembre había habido en Navarra más de 50 denuncias mensuales por fugas de los centros donde están internados, lo que suponía más de 200 denuncias en los últimos años y 78 este año sólo hasta octubre. Salvo Navarra Suma, todos los demás partidos adoptaron una postura negacionista y volvieron a acusar al SUP de alarmismo.
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Las noticias de problemas generados por los menas, no obstante, siguieron produciéndose y aumentando la alarma social, evidenciando un problema que el pentapartito y la izquierda en general sencillamente se niegan a aceptar.
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Tras la preocupante acumulación de sucesos, el Parlamento de Navarra, o mejor dicho el pentapartito, volvía a dar la espalda a la realidad. Por el contrario, en vez de afrontar el problema, aprobaba una declaración acusando de practicar un discurso del odio a todo aquel que insistiera en señalar la existencia del problema.
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Los menas, por el contrario, parecen empeñados en dejar en ridículo las declaraciones del pentapartito en el Parlamento de Navarra, de modo que este pasado 27 de diciembre lo que se produjo ya fue un motín en una de las casas de acogida del gobierno foral, en el cual hubo violencia, trabajadores del centro retenidos y una situación que exigió para su resolución una amplia operación policial. El 80% de los menas, dicho sea de paso, son magrebíes y casi el 100% chicos.
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El sindicato CSIF acaba de unirse ante este amotinamiento a las voces de alarma y exige al Gobierno de Navarra que «tome las medidas necesarias para solucionar este problema y los conflictos que la presencia de estos menores está provocando, antes de que haya que lamentar males mayores».
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Ni discurso del odio, ni parloteo buenista
Todo lo anterior evidencia que, sin que pueda condenarse a todos los menas por principio ni igualarse la situación de todos ellos, existe un grave problema con los menas y con algunos perfiles dentro de los menas. También se evidencia que los partidos de izquierdas se muestran incapaces de hacer frente al problema al encontrarse atrapados por su propio discurso, absurdo y superado por los hechos. No pueden reconocer el problema y hacer algo porque eso sería pasar a formar parte del discurso del odio. También sería reconocer que la inmigración no es un bien absoluto, mucho menos la descontrolada, y que hay pros y contras que se deben sopesar, controlar quién entra y quién sale y disponer de mecanismos para expulsar a quien viene a generar problemas en vez de a tratar de aportar. Irónicamente, la izquierda no puede reconocer que hay un problema y afrontarlo porque eso sería dar la razón a VOX, pero no aceptando el problema ni haciendo nada para solucionarlo no hacen más que aumentar los conflictos y el número de personas que para arreglar el problema vuelven la cabeza hacia VOX.
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