Según publica OK Diario, el gobierno se propone impedir que los ilegales puedan ser expulsados de España si denuncian haber sido objeto de un delito de odio. Para ello, según un documento que ya ha llegado al Senado, se prevé “Modificar la normativa de extranjería para que permita que las personas extranjeras que carezcan de autorización de residencia en España queden exentas de responsabilidad administrativa y no se les incoe el expediente administrativo sancionador de expulsión del país cuando hayan sido víctimas de un delito de odio; como sucede con las mujeres víctimas de violencia de género y las personas víctimas de trata”.
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No hace falta ser un genio para prever que, de aplicarse semejante medida de una forma estricta, por un lado va a ser imposible expulsar a ningún ilegal, con lo cual incluso deja de tener sentido considerarlos ilegales si a fin de cuentas nada se va a hacer al respecto. Según los datos de Statista se incoan al año en España casi 70.000 procedimientos de expulsión de ilegales. Si los 70.000 alegan haber sido objeto de un delito de odio tampoco hace falta ser un visionario para comprender que una modificación de este estilo podría colapsar los juzgados o eternizar los procedimientos de expulsión.
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Tampoco se entiende muy bien la relación entre un delito de odio y la suspensión de una expulsión. Si alguien comete un delito de odio contra un inmigrante ilegal que lo pague el autor del delito, y que se expulse al inmigrante ilegal. A cada uno lo suyo.
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Políticamente, eso sí, el gobierno podría alegar a partir de la aprobación de esta ley un aumento espectacular de las denuncias por delitos de odio, lo cual puede que le resultara muy deseable para culpar de ese aumento del odio a todo el que no piensa como el gobierno y o bien marcarlo y señalarlo mediáticamente para enviarlo a la marginalidad política, o bien para ilegalizarlo directamente si no funciona el plan A.
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Como la inmigración descontrolada genera problemas de convivencia, delincuencia y marginalidad, amén de tensiones económicas y presupuestarias, es probable que con una medida de este tipo aumente la delincuencia, la percepción negativa de la inmigración y con ello el rechazo a la inmigración. Al final la izquierda siempre alimenta todo aquello que pretende combatir. Desokupa es una creación de la izquierda, aunque la izquierda se rasgue las vestiduras con desokupa. Un partido racista también sería una creación de la izquierda consecuencia de sus políticas irresponsables. La población española no es racista, pero no quiere problemas de convivencia y de delincuencia donde no los había. Y esto es justo lo que pasa cuando acogemos más inmigración de la que podemos asimilar sin que se nos amontone en la marginalidad.
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