Esta semana, en principio, varios eurócratas de Bruselas, vinculados a la llamada Comisión Europea, vendrán a España, para mantener reuniones con responsables del Ministerio de Economía y de la Oficina Económica del Palacio de la Moncloa.

En teoría, el propósito de esa serie de reuniones es verificar si se están cumpliendo los compromisos de reformas políticas y económicas que serían requeridos para recibir una cuantía determinada de esos «fondos europeos de recuperación» bajo la etiqueta Next Generation EU.

Habría que aprobar, al parecer, una reforma del sistema de pensiones orientada a «parchear más» el sistema bismarckiano redistributivo, así como una reforma laboral que acelerase, supuestamente, en cierta medida, los pasos liberalizadores de la establecida en 2012.

Consideremos que se trata de esos «requisitos de austeridad» que en verdad, en sentido amplio, no se cumplen como debiera ser. Además, cabe indicar que las pocas «presiones» que se hacen se deben a ciertos gobiernos del Norte de Europa que, por un utilitarismo en general, son algo más reacios a la irresponsabilidad financiera.

No obstante, eso no quita que esos fondos tengan una serie de condiciones, del mismo modo que un préstamo habitual implica intereses o que la concesión de una beca académica puede requerir una calificación mínima determinada. Otra cosa es que las «verdaderas condiciones» no nos convenzan a fin de cuentas.

Hay muchas evidencias, a la luz de lo que se puede denominar como «proceso de sovietización» de la oficialmente denominada «Unión Europea». Por un lado, tendremos más Estado mientras que, por otro, se contribuye, desgraciadamente, al avance revolucionario, del «marxismo cultural».

En esta ocasión, quisiera hacerme eco de uno de los apartados concretos del informe Between a Europe of nations and a superstate (elaborado por el Collegium Intermarium, el recién inaugurado centro universitario privado polaco, orientado en el derecho natural cristiano y respaldado por el Instituto Ordo Iuris).

Este, en concreto, a comentar a continuación, se titula, en inglés, The ‘Next Generation EU’ mechanism and the threat of further federalisation. Su autoría corresponde a Filip M. Furman, quien es Doctor en Ciencias de la Salud y director del Centro de Bioética del Instituto Ordo Iuris.

El complejo pero progresivo y problemático crecimiento estatal

Comienza Furman apuntando que «una mayor federalización de la Unión Europea no tiene que asociarse solo o principalmente con la retirada de autonomía de los Estados-nación, sino con un incremento gradual en el ámbito de tareas y poderes de los órganos centrales».

La cita puede parecer ser compleja, pero en realidad explica a la perfección la parte del proceso revolucionario político-económico en la mayor parte del ámbito europeo. El Estado tiende a crecer progresivamente, pero se busca a su vez centralizar, de modo que de una vez, más territorios de la cuenta sean afectados por esta expansión.

La descentralización política, siempre en conformidad con el principio de subsidiariedad, limita el ámbito de aplicación del poder político detentado por una entidad, con independencia de que este pueda disminuir o aumentar (por desgracia, esto último es lo más normal).

De hecho, como apunta el autor, los fondos contemplan áreas relacionadas con los «valores» (¿los principios cristianos o la evolución ilustrada?) y el medio ambiente. Al mismo tiempo, la «supuesta deuda» requeriría nuevos impuestos (tasa digital, plásticos, transacciones financieras y armonización de Sociedades) así como restricciones de cara a las emisiones de CO2.

Asimismo, se advierte de que «no hay ningún límite máximo a la potencial deuda futura», lo cual considera como un peligro ya que no se tiene en cuenta el riesgo de que una economía nacional vea altamente ralentizado su desarrollo económico. Igualmente, se habla de riesgos de irresponsabilidad ante «mecanismos comunes de deuda».

En relación a los impuestos, se señala que tributos como los aplicados a transacciones financieras y servicios tecnológicos no serán «temporales». Pero esto suele ocurrir con otros paquetes de contingencia. Salvo que haya intención clara de reducir la presión fiscal, todo impuesto creado o subido ahí queda vigente.

Por otro lado, se considera que estas partidas de fondos son «particularmente peligrosas debido al mecanismo adoptado sobre el Estado de Derecho». El poder judicial depende de la partitocracia en más de un Estado-miembro, pero sabido es que Polonia y Hungría han estado en el punto de mira por no aplicar políticas de alto cariz pro-LGTBI, pro-multiculturalismo y pro-muerte.

Las subvenciones como mecanismo de sumisión

Salvando ciertas «finuras terminológicas», quizá haya que recordar que cualquier concepto de subvención fomenta que el receptor sea plenamente dependiente de la entidad emisora (en este caso, el Estado o Estado moderno, en cualquiera de sus expresiones).

Del mismo modo que interesa que los pobres sean rehenes del colectivismo político y económico, puede considerarse que haya fondos que aceleren una sovietizante centralización política que, a su vez, obligue a adoptar todos los postulados revolucionarios, adaptados a las actuales fases.