El presupuesto del Ministerio de Justicia es de algo menos de 2.000 millones de euros. El presupuesto del Ministerio de Interior es de algo más de 8.000 millones de euros. Dicho esto, día sí y día no nos encontramos en los telediarios con la noticia del problema que tiene un propietario o todo un bloque de vecinos con unos okupas que han entrado en un piso. Hace sólo unos días eran los vecinos de un bloque en Barcelona los que, tras una violenta disputa, tenían que someterse a la dictadura de un grupo de menas (inmigrantes aparentemente menores no acompañados) dedicados a la delincuencia y con un historial lleno de antecedentes. La solución, ante la inoperancia de la policía y los jueces (maniatados por los políticos) vino de parte de una empresa de “desokupas”, a la que tuvo que recurrir el propietario del piso. En cuestión de horas los okupas estaban en la calle y el propietario recuperaba la posesión del inmueble. Eso sí, los okupas vuelven a la calle sólo para seguir buscando otras víctimas.
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Lamentablemente, las intervenciones de los desokupas se están convirtiendo en una noticia tan recurrente como las de los okupas. Lo cual debería movernos a todos, empezando por nuestros políticos, a una pequeña reflexión.
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Tanto la actuación de los okupas como la de los desokupas suponen un flagrante fracaso del estado de derecho. No puede ser que los ciudadanos españoles no puedan tener un piso, a menudo incluso habitado, sin temor a que nadie lo invada.
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No puede ser que, si alguien okupa un piso, el problema no se pueda resolver de manera inmediata, o casi inmediata, recurriendo a la Justicia o llamando a la policía.
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No puede ser que, a falta de un estado de derecho eficaz, la solución tenga que ser recurrir a una empresa de desokupas.
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Volviendo al principio, los Presupuestos Generales del Estado ascienden a 350.000 millones de euros. Sólo los presupuestos de los ministerios de Interior y Justicia superan los 10.000 millones de euros. Esto representa más de 500 euros anuales en jueces y policías por cada español ocupado. ¿De qué le sirve a un trabajador español pagar 500 euros al año en policías y jueces si, cuando le okupan su piso, tiene que llamar a unos desokupas para recuperarlo?
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Una vez más nos encontramos con unos políticos generalmente devotos de lo público, un estado elefentiásico y carísimo, unas normativas de volumen abrumador y desbordante, pero que al ciudadano a menudo no le sirven para nada ni le defienden en absoluto. Todo ese estado gigante y carísimo no sirve más que para servir a su propio automantenimiento, consumiendo cada vez más recursos y ofreciendo cada vez menos servicios y menos eficaces a cambio.
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