La Fundación Villlacisneros organizó ayer un interesante encuentro digital bajo el ilustrativo epígrafe de “Las finanzas de ETA”. Como invitados al coloquio participaron el catedrático de economía y víctima de ETA Mikel Buesa, autor del libro titulado “ETA: 50 años de terrorismo nacionalista”, así como Josu Ugarte, coordinador de «La bolsa y la vida. La extorsión y la violencia de ETA contra el mundo empresarial”.
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Los datos aportados resultan estremecedores por su cuantía. A lo largo de 50 años de actividad, ETA recabó unos 460 millones de euros ya fuera por medio del atraco, el secuestro y la extorsión, ya fuera por la financiación de los partidos y las organizaciones posteriormente ilegalizadas de todo el entramado del MLNV. Esto resulta particularmente triste y siniestro porque, de alguna manera, lo que hemos visto durante muchos años es a ETA matar a las víctimas usando contra ellas su propio dinero, el dinero de sus impuestos.
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Entre las fuentes utilizadas para cuantificar las finanzas de ETA se cuenta por un lado con la información que es pública, correspondiente a una parte del entramado, accesible por ejemplo a través de los informes del Tribunal de Cuentas, y también con las fuentes judiciales y la abundante documentación encontrada a lo largo del tiempo a los comandos de ETA que iban siendo desarticulados. Como magnitudes más ilustrativas se señalaron 21 millones de euros por la extorsión, 20 millones por los atracos y 106 millones de euros por los secuestros.
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Mikel Buesa refirió la historia del dinero correspondiente a Batasuna en concepto de subvención electoral por los resultados obtenidos allá en tiempos de Felipe González, que no obstante el PSOE se negó a pagar lo que provocó que la izquierda abertzale acabara reclamando la cantidad a través de la justicia española. Aznar se siguió negando a pagar esta cantidad que no sin embargo la Audiencia Nacional (el supuesto tribunal de excepción encargado de reprimir al nacionalismo vasco) condenó al estado a abonar a Batasuna. Si el abono no se llegó a realizar sólo fue por la ilegalización de Batasuna, ya en el año 2003. El Ministerio de Justicia decidió entonces entregar el dinero al Tribunal Supremo el cual, a su vez, consideró abonárselo a las víctimas de ETA como principales perjudicadas. No obstante, según relató Buesa, entonces aparecieron la Kutxa y la BBK reclamando el dinero y alegando que Batasuna había sido ilegalizada dejándoles un montón de préstamos empantanados. En consecuencia, en vez de para las víctimas, el Supremo acabó usando el dinero para resarcir a las cajas vascas. Toda la historia resulta bastante expresiva respecto a la lentitud y las goteras con las que, durante décadas, la democracia española reaccionó a nivel institucional, legal, judicial y diplomático contra el entramado político-pistolero de ETA. Un entramado en el que han ido cambiando las situaciones legales y las siglas, pero no las actitudes y ni siquiera las caras, empezando por la del propio Otegui como ejemplo ilustrativo.
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460 millones son algo así como los presupuestos de la ETB para 3 años. Que cada cual decida si eso es poco para una televisión o mucho para una organización terrorista. Gracias a este vídeo de la Fundación Villacisneros y al trabajo de los intervinientes por lo menos tenemos el dato para pensarlo.
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