Lo público arde mejor que lo privado

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A lo largo de este verano se han producido varios intentos de relacionar un supuesto aumento de incendios forestales con la Ley de Montes del 2015 y la teórica ventana que abre la reforma de esta ley a recalificar los bosques quemados. El momento cumbre de esta campaña se produjo a cuenta del incendio en Doñana, atribuido a un supuesto interés de Gas Natural. Una vez más se trataba de usar sin contemplaciones una desgracia como los incendios forestales contra las empresas y el Partito Popular, causas de todo mal.

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La realidad sin embargo es que toda la teoría partía de premisas completamente falsas, como tuvo que reconocer hasta Greenpeace. De entrada los terrenos quemados se siguen sin poder recalificar. Las únicas excepciones son las que se refieren a obras públicas como un tendido eléctrico o el paso de una carretera. En el caso de Doñana, resulta además que la regulación aplicable no es la Ley de Montes sino la de Parques Naturales, por lo que toda la paranoia antiempresarial caía por su base. Además, el número de incendios en los últimos años no ha crecido sino disminuido, incluido 2016, pese a la sequía y el calor que en principio hubieran podido explicar un repunte al margen de cualquier conspiración. Por si fuera poco, la superficie forestal en Europa y en España ha aumentado a lo largo de las últimas décadas. Solemos pensar que un problema es muy grave cuando lo repiten mucho los telediarios, careciendo de cualquier otro dato, lo cual no quiere decir que no nos preocupen los incendios.

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En relación con todo esto, Civismo acaba de publicar un análisis que aporta una nueva reflexión. Aunque en 2017 y con las particulares condiciones climáticas de este año sí se ha producido un aumento de incendios, como se ha visto totalmente al margen de las teorías expresadas, lo cierto es que existe otra clave de interpretación mucho más ilustrativa.

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Civismo señala que al margen de riesgos más o menos incontrolables, como que un pirómano decida quemar un bosque o que se produzca un accidente, el riesgo principal es el abandono y la falta de medios en los montes, debido a un deficiente sistema de derechos de propiedad. A este respecto se señala que los datos que proporciona Agricultura sobre el cierre de 2016 respecto a 2015 hablan por sí solos: las regiones con un porcentaje mayor de monte de titularidad comunal y en manos desconocidas, caso de Galicia, Comunidad Valenciana, Canarias y Castilla y León, son las que concentran la mayor parte de la superficie quemada en España.

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La conclusión del estadio es que “con frecuencia lo que es de todos se cuida menos que lo que tiene dueño”. Además el think tank subraya con toda intención que hay países en los que la limpieza de los bosques de titularidad pública se considera un trabajo social que realizan quienes son perceptores de un subsidio, por lo que “no parece una mala idea para que muchas personas se sientan realizadas al contribuir al medio ambiente”. Y para que a fin de cuentas no se asiente en la sociedad la costumbre de recibir dinero estatal, que todos pagamos, a cambio de nada, cuando se puede realizar algún servicio a cambio de ese dinero.

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