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La juez rechaza el recurso de reforma de las tres personas que están en prisión por estos hechos y destaca que lo que ocurrió aquel día en la
ciudad navarra, lejos de ser un acto aislado de desórdenes públicos,
como lo calificaban los recurrentes, fue un conjunto de acciones
violentas concertadas entre los tres detenidos con el resto de los
violentos para alterar la paz pública y que pusieron en grave peligro
la integridad de los funcionarios de policía y de ciudadanos que se
encontraban en el lugar de los hechos.
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UN ACTO CONCERTADO PARA ALTERAR LA PAZ PÚBLICA
En su auto, la juez detalla la sucesión de actos violentos cometidos en
la manifestación del 11 de marzo en varias calles del Casco Antiguo de
Pamplona. Recuerda que se trataba de una manifestación no autorizada en
la que se corearon lemas en euskera como «Borroka da bide bakarra» («la
lucha es el único camino») y «Gora ETA». A lo largo
de varias calles se destrozó mobiliario urbano, se causaron daños en
establecimientos comerciales, se hizo explosionar material pirotécnico
y varias personas resultaron lesionadas. Ante «tal sucesión de hechos«-
señala la juez- no puede concebirse como un acto aislado, sino «en el
conjunto de las acciones llevadas a cabo por los violentos contra
personas (fundamentalmente agentes de la autoridad), edificios,
comercios, siendo la actuación de todos ellos lo que provocó la grave
alteración de la paz públicas».
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La magistrada considera «obvio» el concierto entre los tres detenidos
con el resto de los violentos, surgiendo claramente la «coautoría» tal
y como la concibe el Tribunal Supremo, «como un supuesto de «división
de trabajo», requiriendo, pues, una decisión conjunta, un codominio del
hecho» y en definitiva, una división de funciones entre cada uno de
los intervinientes.
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Frente a los recurrentes que consideran que los hechos no pueden
calificarse como terrorismo porque no son graves, la magistrada sí los
considera graves en tanto que «ocasionaron una evidente alteración de
la paz pública y pusieron en peligro la integridad de los funcionarios
de policía y demás ciudadanos que en aquel momento se encontraban en
el lugar de los hechos».
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La magistrada concluye reiterando que los hechos investigados son
competencia de la Audiencia Nacional porque no es necesario que los
presuntos autores estén integrados en bandas armadas o grupos
terroristas, «siendo suficiente con que estén relacionados con
elementos terroristas, lo cual en este momento no puede excluirse
teniendo en cuenta las consignas lanzadas por los manifestantes, tales
como «Borroka da bide» «Gora ETA» o «Euskal presoak».
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