El gobierno como empresario.
Podría existir un cierto consenso social relativo a la necesidad de que el estado preste ciertos servicios esenciales. Evidentemente sería discutible cuáles, pero no es probable que la velocidad y las carreras fuera uno de estos servicios esenciales. El circuito de los Arcos, por tanto, respondería más bien a la actividad del gobierno comportándose como empresario. Con dinero público, naturalmente. Cuando un gobierno cualquiera se convierte en empresario necesariamente surgen algunas dudas. Por un lado acerca de la habilidad, cualificación y talento del aparato burocrático gubernamental cuando actúa como empresario. Por otra parte, acerca de la oportunidad de que actúe como empresario. Si ya existe iniciativa privada que, con capital privado y sin riesgo de pérdidas para el contribuyente, ofrece una serie de bienes y servicios, resulta absurdo que el gobierno compita innecesariamente con dinero público y, por tanto, en condiciones desiguales. Si no existe iniciativa privada que arriesgue su propio dinero para un negocio, lo inquietante es que allí donde el sector privado no ve oportunidad de negocio se lance en plancha el sector público con el dinero de todos. En cualquier supuesto, siempre parece lo más interesante que el gobierno deje que sean los empresarios quienes actúen como empresarios.
¿El gran negocio de los circuitos?
Si la velocidad no es un servicio público esencial, sino una empresa cualquiera financiada por el contribuyente, como todas las empresas cabe la posibilidad de que salga bien o de que salga mal. Y no parece que sea diferente en el caso de los circuitos. Sabemos que, inicialmente, el circuito de los Arcos estaba al 55% en manos de una constructora y al 45% en las del Gobierno de Navarra. Actualmente, el 95% se encuentra en manos del Gobierno de Navarra. Un par de ejemplos ilustran la hipótesis de que un circuito de carreras es un negocio que puede ser bueno, o puede no serlo:
El circuito de Jerez acumuló el año pasado pérdidas por valor de más de 1 millón de euros.
No es descartable por tanto que más de un contribuyente considere que, si realmente hubiera negocio, fueran los empresarios y no el aparato burocrático gubernamental quien lo hubieran olfateado. Y que fuera capital privado y no dinero público el que se hubiera arriesgado. Y que la participación del ciudadano se hubiera limitado – en todo caso- a pagar la entrada y disfrutar de la carrera.
