La trayectoria histórica del impuesto revolucionario

El presidente de la Confederación de Empresarios de Navarra (CEN), José Antonio Sarría, explicó ayer los términos de una carta mediante la cual ETA, dirigiéndose a él, le solicitaba que «pusiéramos en conocimiento de los empresarios en particular y de la sociedad en general que la exigencia del pago del impuesto revolucionario, como ellos le llaman, es decir, las cartas de extorsión, ha quedado cancelado». La organización terrorista añade en el escrito que “esto debe tomarse como una consecuencia del alto el fuego permanente y general que está en vigor desde el día 10 de enero”.

40 años de extorsión mafiosa

¿Cuánto dinero ha obtenido ETA mediante el cobro del impuesto revolucionario? Según un informe de Mikel Buesa, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Complutense, los terroristas habrían recaudado 115 millones de euros sólo entre los años 1978 y 2008. Otro dato objetivo nos lo proporciona la operación policial en Francia contra la cooperativa «Sokoa» en 1986. La investigación reveló que entre 1980 y 1986 los etarras habían extorsionado a más de mil empresarios cobrando unos 1.300 millones de pesetas (alrededor de 8 millones de euros) en concepto de “impuesto revolucionario”. El pago de los chantajes no sólo se ha realizado mediante el pago directo a ETA en metálico sino que, como demuestran las investigaciones que determinan que ETA es un complejo entramado, se han utilizado métodos más enrevesados como la esponsorización de determinadas actividades o las inversiones publicitarias en algunos medios. 

Unas cartas incómodas 

Las cartas de extorsión de ETA se han convertido durante los últimos años en un elemento incómodo de los procesos-trampa, treguas-trampa y señuelos-trampa de la banda, necesitada de financiación permanente con o sin armisticios-trampa. En abril del 2006, precisamente la Confederación de Empresarios de Navarra ponía de manifiesto la falsa verificación por parte del gobierno de la inactividad de la banda, al demostrar la continuidad de las cartas de extorsión y las amenazas. El pasado mes de octubre, mucho antes de que los etarras tirotearan a un gendarme, las cartas de extorsión presentadas por los empresarios volvían a poner en solfa el actual alto el fuego. Resulta sencillo entender la incompatibilidad entre un cese de la violencia y unas cartas de extorsión puesto que la extorsión se basa en la amenaza futura de utilizar la violencia contra el extorsionado.

Gracias por nada

ETA es consciente de la capacidad de hacer demagogia que pone en determinadas manos cuando declara un alto el fuego o determina una medida de este tipo. Lo más sencillo es interpretar estos actos como un paso positivo aunque esto resulta discutible al menos desde dos puntos de vista. En primer lugar porque no sería positivo que ETA renunciara temporalmente a una contraprestación económica a cambio de una contraprestación política, como la legalización total o parcial de Bildu. Ni siquiera un alto el fuego es positivo si es a cambio de un precio aunque no haya muertos, pues ello supone asumir que –como en todas las dictaduras- hay que pagar un precio para seguir viviendo. En segunda lugar porque el hecho de que ETA deje de extorsionar se puede interpretar no tanto como que es algo positivo como que deja de producirse algo negativo. ETA no va a devolver nada, mucho menos a dar algo, por lo que difícilmente nada de lo que haga ETA será tanto algo positivo que hace como algo negativo que deja de hacer. Finalmente cabe resaltar el carácter agónico y moribundo de la banda al borde de la derrota policial y judicial, pese a los muchos errores políticos cometidos. Da la impresión de que ETA ofrece dejar de hacer algo como una gran concesión un minuto antes de que le resulte imposible seguir haciéndolo, esperando todavía favores, pasos y hasta agradecimientos. Naturalmente hay que destacar el carácter absolutamente sospechoso del anuncio tan sólo 48 horas antes de que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre las listas de Bildu.