El diario económico Expansión publicaba ayer el comunicado que la Asociación Madrileña de la Empresa Familiar (AMEF) emitía en respuesta a la proclamación del nuevo gobierno de coalición entre el PSOE, la extrema izquierda y las formaciones separatistas sedicentes.
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A la derivada nacionalista del nuevo gobierno, evidentemente, se le une otra grave derivada política y otra económica. No exageramos nada, puesto que así lo afirman ellas mismas, si decimos que los socios de gobierno del PSOE son formaciones que no creen en el régimen actual, ni en la Transición, ni en la soberanía nacional, y tienen como referentes políticos y económicos regímenes como Cuba, Venezuela, la RDA o la URSS. Convencida o fingidamente reniegan de algunos de los catastróficos resultados a los que ha llevado el comunismo a estos países, pero mantienen sin embargo íntegro su recetario político y económico.
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Ante semejante amenaza no sólo resulta comprensible sino ineludible la respuesta de los empresarios. A lo que se enfrenta España, además de a un gobierno intervenido por el nacionalismo, es a un gobierno totalmente antiempresa y anti libre mercado. Se entiende perfectamente por tanto la alarma empresarial, particularmente entre el empresariado de a pie, ya que algunos sindicatos empresariales, por su financiación y sus dependencias gubernamentales, necesitan equilibrar la representación de sus bases con la nutrición presupuestaria de la administración. Al menos la Asociación Madrileña de la Empresa Familiar ha rotó el silencio y se ha expresado con claridad. O sea, con libertad.
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EN DEFENSA DE ESPAÑA Y DEL ESTADO DE DERECHO
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• Creemos que España necesita un buen Gobierno, no un Gobierno a cualquier precio formado por comunistas bolivarianos e influido por secesionistas condenados por la ley y enemigos del bien común. Las ambiciones personales de los líderes políticos deben quedar supeditadas al interés general, con sentido de Estado. España es mucho más importante que un partido o que un gobernante.
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• La libertad y la igualdad de todos los españoles debe estar garantizada en todo el territorio nacional. Y por todas las instituciones. Reivindicamos sin ningún tipo de complejo los fundamentos y la legitimidad democrática de la Constitución del 1978, aprobada por el 90% de los españoles, que determina como titular único de la soberanía al conjunto del pueblo español.
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• Es una gravísima irresponsabilidad que se pueda poner en riesgo el respeto a la Constitución y al Estado de Derecho, o que se pueda atacar la propiedad privada, la seguridad jurídica, la economía de mercado, la iniciativa empresarial y la libre competencia, claves del progreso. En estas circunstancias, la sociedad civil debe hacer oír su voz. El silencio no es una opción.
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• Los empresarios somos el elemento esencial de la creación de empleo y riqueza en España. Ni el Gobierno ni los partidos políticos crean empleo ni riqueza. También somos nosotros los que sufragamos la mayor parte del gasto social. Si se ataca al tejido empresarial, se generará paro y pobreza.
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• Consideramos imprescindible para el bien de la sociedad que se fomenten los valores del esfuerzo personal, la responsabilidad individual, el respeto a la Ley, la profesionalidad y el espíritu de riesgo. Los derechos tienen que ir acompañados siempre de obligaciones.
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• Apelamos a la responsabilidad de los representantes políticos para defender el interés general y salvaguardar los derechos de todos los ciudadanos españoles. • Manifestamos nuestro apoyo al Jefe del Estado, S.M. El Rey D. Felipe VI, símbolo y expresión de la nación, de su unidad y de su permanencia, tal y como establece nuestra Constitución.
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