La sentencia revela cómo el director de Egin disponía de un módem y un “catálogo de claves” a través de los cuales se comunicaba con la banda. La redacción de Egin seguía las radiofrecuencias de la policía para estar al tanto de sus actividades y darles inmediata publicidad tanto a traves del diario como de la emisora Egin Irratia. De esta forma se alertaba a ETA de operaciones policiales en marcha, desplazamientos de vehículos, situación de controles de carretera, etc. La rotativa de Egin, además, sirvió para imprimir carteles de Jarrai en los que se amenazaba a los profesionales de otros medios de comunicación incómodos para la ETA. Un comando de ETA, del que formaba parte uno de los redactores de Egin, utilizó la sede del diario para guardar información sobre objetivos potenciales de ETA. Por si todo lo anterior fuera poco, algunas de las informaciones confeccionadas por el “servicio de información de Egin” fueron intervenidas en poder del etarra Mobutu, tras ser detenido en 1994.
Entre otras muchas actividades, refleja la sentencia como hecho probado, además, que el entramado KAS-EKIN enviaba cantidades de en torno a 1000 dólares mensuales a etarras refugiados y huidos en Hispanoamérica.
Otros de los condenados fueron captados por la banda para suministrar pasaportes a ETA, o llevaron a cabo diversas actividades de logística, administración y tesorería para la banda.
Resulta por ello incomprensible, desde un punto de vista democrático, la reacción de todos y cada uno de los miembros de Nafarroa Bai ante esta sentencia:
Batzarre: Antes de conocerse la sentencia ya declaró que consideraba “a todas luces, desproporcionada por el fondo y las formas la detención de 47 personas encausadas en el sumario 18/98”.
PNV: El Partido Nacionalista Vasco acudirá mañana, día 20 de diciembre, al acto que ha convocado la “Plataforma 18/98+” en Bilbao en protesta por la sentencia. Para el PNV la sentencia “confirma el camino hacia el descrédito social que una parte de la justicia”.
EA: “viene a confirmar, por desgracia, todos nuestros temores, que ya expresamos cuando hace tres semanas conocimos las penas impuestas a los procesados”.
Aralar: califica de barbaridad judicial las penas impuestas a los encausados en el 18/98. Jon Abril declara que “queremos denunciar la motivación política de un proceso que entre sus señas de identidad tuvo las de la colectivización de la acusación y la penalización de las ideas”.
A modo anecdótico, a través del testimonio de Vicente Askasibar, tesorero de KAS, conocemos también que Arnaldo Otegui “el gordo” se sirvió de la tesorería de KAS para comprarse un coche.
