La ofensiva del gobierno y sus socios para hacerse con el control de la Justicia

Entre las muchas cosas graves que están pasando en este país además del coronavirus, una de ellas es la lucha por el control del poder judicial, batalla que en estos momentos adquiere tintes dramáticos. La mayoría absoluta que hizo presidente a Pedro Sánchez en la moción de censura exige a la oposición que aprueba la lista de nombramientos pactada por los gubernamentales y amenaza con usar su mayoría para cambiar la ley e imponerla si es preciso, para entender la gravedad de lo cual se impone una cierta contextualización del asunto.

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El Consejo General del Poder Judicial es el órgano clave a través del cual se controla la Justicia, ya que sus 21 miembros (1 presidente y 20 vocales) eligen a los miembros del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo. Controlando los nombramientos de los magistrados de estos dos altos tribunales, los partidos se aseguran por tanto el sentido de las sentencias de los asuntos con más carga política que se resuelven en los tribunales.

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En cuanto al nombramiento de los miembros del CGPJ, cada 5 años se renueva el órgano lo que nos remonta al año 2013, gobernando el PP con mayoría absoluta. Desde 2018 no ha sido posible la renovación porque los nombramientos exigen legalmente una mayoría reforzada de tres quintos. Es decir, no basta la mayoría absoluta. El sentido de que esto sea así es precisamente que un gobierno con mayoría absoluta no pueda además nombrar a su gusto a los magistrados de los más altos tribunales. Por tanto es absurda la exigencia de la mayoría que respalda a Pedro Sánchez de que se apruebe su lista de nombramientos, porque precisamente lo que pretende la ley (por cierto aprobada por el PSOE en 1985) es que la mayoría absoluta no pueda imponer su lista.

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La exigencia de una mayoría reforzada de tres quintos pretende obligar a que los nombres que se aprueben se encuentren consensuados. Si ningún partido o facción puede imponer sus nombramientos, el desbloqueo sólo puede venir pactando nombramientos de personas independientes. Por eso hay bloqueo.

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Aunque las fuerzas que apoyan a Pedro Sánchez acusan a la oposición poco menos que de golpistas por no aprobarles su lista de nombramientos, lo cierto es que golpismo sería más bien que el gobierno lo controlara todo. Obviamente el gobierno puede acusar de obstruccionista a la oposición, pero sólo en la misma medida en la que la oposición podría acusar de obstruccionista también al gobierno. Todo el mundo sabe la lista de candidatos que el otro podría aprobarle. Si uno presenta una lista de candidatos totalmente afines, lógicamente no puede esperar que el otro se la apruebe. El nivel de independencia de los nombramientos de este gobierno lo marca el de Dolores Delgado como Fiscal General del Estado. Cabe recordar que la lista de 2013, en la última renovación, fue pactada por PP, PSOE, CIU, PNV e IU, e incluyó a 11 vocales propuestos por el PP, 7 por el PSOE, 1 por el PNV y otro por IU. El reparto puede resultar un tanto engañoso porque no sólo se trata del número de vocales que propone cada partido, sino de que dentro de los propuestos por cada partido haya nombres pactados.

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Ante el bloqueo existente, la mayoría gubernamental amenaza con cambiar la ley y eliminar el requisito de tres quintos para los nombramientos. De esto modo la actual mayoría podría nombrar a 12 vocales de los 20, la Constitución establece la mayoría reforzada para los otros 8. En realidad disponer de esta opción es lo que hace que sea la mayoría gubernamental quien no esté dispuesta a ceder nada: o impone su lista por cesión de la oposición, lo la impone por reforma legal.

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Aunque la reforma legal también le daría el poder absoluto, borrando una vez más la delgada línea divisoria entre el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial, siempre queda más elegante un acuerdo que una imposición. Es por ello que la maquinaria gubernamental lleva tiempo martilleando al PP para se allane a los nombramientos que le pide el gobierno. Para ser sinceros es lógico que la izquierda espere poder doblegar al PP por la presión cuando al PP la izquierda ya le nombra hasta a la portavoz del partido. Está por ver por tanto si resiste la presión en esto el PP.

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No puede haber muchas dudas de que lo que se discute es imponer una lista de magistrados afines y no de elegir una de magistrados independientes, porque si lo que se buscara fuera la independencia de los magistrados entonces se cambiaría la ley, pero para que fueran los propios jueces los que eligieran a los magistrados de los altos tribunales. Esto pondría a los partidos al margen de la elección de los jueces, lo que está claro que no quieren los partidos. El problema es qué clase de independencia judicial puede existir si los juzgados son a menudo los que nombran a los que les juzgan. Esto es una aberración en un doble sentido. Tan aberrante es que el juzgado haya nombrado al que le tiene que juzgar, como que alguien tenga que ser juzgado por alguien nombrado por un enemigo mortal. El trasiego de nombres entre la política y la Justicia, por lo demás, es insoportable en este país.

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Todo este debate tiene mucho que ver con la esencia de la democracia. Tenemos unas leyes a las que se tiene que someter hasta el gobierno. Si el gobierno se salta la legalidad, los gobernantes pueden acabar ante los tribunales. Este un mecanismo fundamental de las democracias para el control del poder. ¿Pero que pasa si aunque los gobernantes acaban en los tribunales los tribunales los han elegido ellos? Cuando los partidos quieren elegir a los jueces hay que poner también en duda en su interés real por luchar contra la corrupción. Está muy bien llenarse la boca en campaña electoral con acusaciones contra la corrupción del rival, pero quien quiere nombrar a los jueces que puedan juzgar la suya no está realmente del todo contra la corrupción. O bien porque busca la impunidad para la corrupción que ya tiene, o bien porque la impunidad generará corrupción. Frente a todo esto sólo cabe una Justicia independiente valga la redundancia ya que la Justicia o es independiente o no es. Y uno de los principales problemas de este país hace tiempo es que no es.

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