A lo largo de estos días se han sucedido las noticias relacionadas con agresiones sexuales en manada, pero una de ellas nos toca un poco más de cerca por haber sucedido los hechos denunciados en Orcoyen. Tras un mes de pesquisas la Policía Foral detenía a 7 personas en Cadreita de las que 5 pasaban a disposición judicial, 2 quedaban en libertad con medidas cautelares y 3 quedaban en prisión. Por supuesto lo fundamental es la posible agresión sexual, una vez más en grupo, pero la noticia presentaba algunos caracteres añadidos que asimismo llamaban la atención.
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Para empezar, en casi todos los medios navarros -por no decir todos- se omitía el hecho de que los detenidos eran de origen magrebí. “Migrantes”, si lo prefieren ustedes. Se especificaba en cambio que todos los detenidos eran varones o mayores de edad. O sea, no se decía que eran migrantes pero sí que no eran menas. En definitiva, estaba perfectamente medido tanto lo que se quería como lo que no se quería decir.
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Apuntábamos al principio que, desgraciadamente, la noticia de esta agresión sexual en grupo no era en absoluto extraordinaria sino que, por el contrario, se habían acumulado los últimos días varias noticias de corte similar. El pasado jueves se detuvo a tres jóvenes de nacionalidad afgana y con la condición de asilados políticos por la presunta violación de tres hermanas norteamericanas la noche de Fin de Año en Murcia. Los tres chicos han quedado en libertad sin fianza después de declarar ante el juzgado. Este mismo sábado, la Policía Nacional detenía a 3 hombres, originarios de Guinea Conakry, dos de ellos en situación irregular y otro asilado, por una presunta agresión sexual a una mujer en Teruel. Los tres implicados residen en un piso de acogida de una oenegé.
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Como puede apreciarse, todas las noticias tienen como elemento en común el haber sido cometidas por inmigrantes, buena parte de ellos ilegales, algunos de ellos (en el caso de Orcoyen, por ejemplo) también con antecedentes.
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Tan recientemente como en noviembre, con ocasión del debate electoral televisado, un alud de críticas caía sobre el líder de VOX por afirmar que el 70% de los autores de agresiones sexuales en manada eran extranjeros. Inmediatamente la noticia fue tachada de “fake news”, aunque lo cierto es que Abascal se fundamentaba en el único estudio disponible aunque parcial para afirmar lo que otros, sin datos, trataban de negar. Lo cierto es que hay cifras que oficialmente no se publican pero es un hecho que la opinión pública asocia agresiones sexuales en manada e inmigración. Porque es eso lo que está viendo constantemente incluso frente a las informaciones mutiladas de muchos medios. Obviamente algo pasa cuando esta percepción no se intenta contrarrestar con la verdad sino con la ocultación de la verdad. Si se omite la condición de inmigrantes de unos sospechosos es porque la verdad contradice el discurso oficial. El discurso oficial no resiste el contraste con la realidad, ergo hay que ocultar la realidad.
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Las cinco conclusiones a las que una vez más nos podría llevar todo esto son, en primer lugar, que hay un problema real y relativamente novedoso y creciente con las agresiones sexuales en grupo. En segundo lugar que hay una relación entre estas agresiones y la inmigración. En tercer lugar que hay un intento de ocultación de estas agresiones y sus autores, particularmente por parte de quienes propugnan una inmigración ilimitada y descontrolada. En cuarto lugar que, pese a todo lo anterior, hay que ser muy cuidadoso a la hora de evaluar estos hechos. Decretar la maldad universal de la inmigración es igual de absurdo que decretar su bondad universal. Precisamente porque hay que ir caso por caso no tiene sentido otra cosa que el control de la inmigración. El mismo control al que, por cierto, se han sometido los españoles cuando han ido a otros países. En quinto lugar hay que analizar la idoneidad de las leyes y dejar trabajar a los jueces. Es absurdo ver a quienes redactan las leyes (distinguiendo entre agresión y abuso, acaso con razón) ver después cómo son los primeros en escandalizarse cuando se aplican las consecuencias. Y es injusto presionar a los jueces en la calle y poner en cuestión el principio de presunción de inocencia sea cual sea el género o el color de piel o la procedencia, cosa que tampoco impide en absoluto reconocer la situación.
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