No es ningún secreto la proliferación de ayuntamientos tóxicos por toda España. La crisis económica ha dejado a casi todos los ayuntamientos en una situación extraordinariamente precaria. La hiperburocracia y los múltiples servicios financiados por la burbuja del ladrillo a través del ICIO (Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras) han resultado insostenibles al margen de esos ingresos y ahora también a través de la deuda.
El diario La Razón cifra ya en 400 los ayuntamientos españoles incapaces de afrontar siquiera el recibo de la luz y el teléfono. En su mayoría son municipios pequeños, de entre 1.000 y 1.200 habitantes. El proceso habitual, ante caídas de los ingresos que promedian el 60 o el 70%, comienza primero retrasando el pago y luego dejando de pagar a los proveedores, después se produce el impago de la luz y el teléfono y finalmente, ya en fase de quiebra de hecho, la Seguridad Social y el impago de las nóminas. Sin llegar todavía a situaciones extremas, empieza a percibirse de forma generalizada en muchos ayuntamientos de España una evidente caída de la calidad y de la cantidad de los servicios públicos.
La crisis, en definitiva, vuelve a poner de manifiesto que los servicios públicos no los sustentan quienes más presumen de defenderlos sino quienes son más capaces de sufragarlos con una adecuada gestión económica. Evidentemente no siempre coinciden ambas cosas.
