Una de las cosas que caracteriza a los países serios es la seguridad jurídica. Hay unas normas claras. Uno sabe lo que puede hacer y lo que no dentro de la ley. Sabe además que lo que está dentro de la ley hoy no estará mañana fuera y viceversa. Si uno acude a un juzgado, puede esperar una sentencia coherente con las leyes y con lo que dictan el resto de los juzgados. Desafortunadamente, esto no suele ser lo que sucede en España.
Un ejemplo próximo lo tenemos a cuenta de las ikurriñas izadas este verano en diversos ayuntamientos navarros. Un juez determinó el lunes que se izaron en fraude de ley en Pamplona, Estella, Leiza, Echarri-Aranaz, Oteiza y Lacunza; otra juez dictó el miércoles que era conforme a la ley izarla en Tafalla. Una alternativa a la Justicia hubiera sido tirar al aire una moneda.
En estos mismos días, el conocido juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha decidido archivar por tercera vez la causa contra el edil de Podemos del Ayuntamiento de Madrid Guillermo Zapata, que publicó en Twitter una serie de chistes del siguiente tenor:
«Han tenido que cerrar el cementerio de Alcásser para que Irene Villa no vaya a por repuestos».
“¿Cómo meterías a cinco millones de judíos en un 600? En el cenicero”.
Pedraz justifica el archivo de las acusaciones contra Zapata en argumentos como que «no existe un derecho a no ser ofendido», o que lo dicho “ha sido ofensivo para algunos y, sin embargo, para otros no», por lo que no puede admitirse que «cualquier opinión pueder ser motivo de ofensa» y consiguientemente hay que considerar los tuits de Zapata «dentro de los límites de la libertad de expresión».
El juez Pedraz añade incluso en sus reflexiones que no se pueden criminalizar las palabras como los hechos, salvo en «las dictaduras que criminalizan las palabras como si fuesen hechos y no distingue entre ellas».
En virtud de este criterio o similar, Pedraz ha archivado anteriormente casos en los que al acusado se le imputaba por escribir frases en su cuenta de Facebook como las siguientes:
«Cuando ETA estaba operativa, no había tanta soltura verbal entre la clase política como hay ahora, se dedicaba más tiempo al acojone. Qué tiempos…»
«Que gentuza de este calado no reciba un tiro en la cabeza sí que es un escándalo»
«Si España fuese un país normal, el terrorismo contra esta gentuza estaría legalizado».
Pedraz archivó el caso argumentando que no se podía concluir «que las expresiones utilizadas respondan a una loa o justificación de delitos terroristas o de sus miembros, ni que entrañen un menosprecio para las víctimas».
No ha faltado sin embargo quien en las redes sociales ha tirado de hemeroteca para recordar que Pedraz denunció al periodista Carlos Dávila por llamarle “cabrón”. Ni siquiera directamente, sino por tener más pelo que él:
«A mí este tipo me avergüenza que esté en la Audiencia Nacional, por mucho flequillo que lleve el cabrón».
Pedraz en este caso sí consideró que las palabras pueden criminalizarse, denunció a Dávila y le pidió una indemnización de 100.000 euros. Un juzgado condenó a Dávila a 9.000 euros de multa y 5.000 de indemnización a Pedraz.
Todo este cúmulo de hechos presentes y pasados nos lleva a preguntarnos si en la justicia española hay una vara de medir o varias, según quien sea el acusador o según quién sea el acusado. Hay instituciones, personas y creencias a las que se puede decir de todo, y luego hay personas, instituciones y creencias intocables. Y si toca un juez la sentencia puede decir blanco y si toca otro puede decir negro. O un mismo juez puede decir blanco o negro según las cosas afecten a su piel o a la de otro. Este país necesita más seguridad jurídica.
Aparte de la reflexión anterior, la moraleja final es que si Pedraz cree que por llamar cabrón a alguien hay que indemnizarle con 100.000 euros a nosotros nos puede llamar cabrones cuando quiera, incluso varias veces al día.
.
2 respuestas
El pescado se pudre por la cabeza, y este país se putrefactó total cuando Alfonso Guerra mató a Mostesquieu, y acabó con la División de Poderes.Cierto es que el lamelibranquio Mahleriano no pretendía tanto, sólo que el robo continuado de las arcas públicas por parte del PSOE y de sus miembros quedara impune, pero como La Caja de Pandora, al iniciar ese proceso, ha salido todo lo malo que las personas, políticos y jueces llevan dentro. Y ahora a ver quién cambia el curso de las cosas.
Siempre tengo la esperanza que haya arreglo, que en estos momentos, un acuerdo entre PP, C’s y PSOE pudiera revivir a Montesquieu, pero no creo que el PSOE quiera, antes preferirá una aliaza socialmenchevique-bolivarianobolquevique, como método para seguir robando impunemente al estilo andaluz o catalán.
No sé si las sentencias dictadas por los Juzgados de lo Contencioso han sido recurridas ante el Tribunal Superior de Justicia de Navarra. En todo caso, si se han recurrido será el TSJN si ha sido así la que fijará si ha existido o no fraude de ley, y si la sentencia referida a Tafalla se revoca o no.
De todas formas puede que los hipotéticos recursos tal vez no servirán de mucho si antes se reforma la Ley de Simbolos por el actual gobierno separatista y de extrema izquierda.
Si asi fuera me temo que la que no se verá izada en muchos sitios será la bandera nacional y desde luego a la larga me temo tambien que numerosas veces la de Navarra. Eso sí de icurriñas se van a hartar los navarros.