En los últimos días ha saltado a la actualidad la noticia de que el Tribunal de Cuentas ha condenado a Ana Botella y otros ex-concejales del Ayuntamiento de Madrid a pagar 25 millones de euros por malvender, supuestamente, un conjunto de inmuebles públicos a “fondos buitre” en 2013, en plena crisis.
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No entraremos en detalles sobre esta noticia y lo polémico de la resolución porque lo interesante de ella es que la autora de la condena a Botella es la misma consejera del Tribunal de Cuentas que absolvió a Uxue Barcos por el caso de las dietas-fantasma del Ayuntamiento de Pamplona.
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Los Consejeros de Cuentas son designados por las Cortes Generales, seis por el Congreso y seis por el Senado, dándose la circunstancia de que la juez que nos ocupa, María Antonia Lozano, fue designada en 2012 por el PSOE a instancias de IU.
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Uno de los graves problemas de la Justicia española, o en este caso del Tribunal de Cuentas, es precisamente que los jueces tienen todos un color, o por lo menos quien les nombra tiene un color que contamina la elección. ¿Se espera que un juez señalado por IU sea neutral si tiene que juzgar a IU? ¿Se espera que IU designe un juez que si algún día tiene que juzgarla sea neutral? ¿Se espera que ese juez nombrado por IU sea imparcial si tiene que juzgar a alguien del PP?
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Ante tal perversión del sistema de nombramientos, de lo único que podemos estar seguros es de que si alguien nombrado por IU condena a alguien de IU o de Podemos está bastante claro que ese alguien debe ser ostensiblemente culpable, o que el juez no ha actuado conforme a sus simpatías o las de quien le designó. En todo los demás casos, ya sea que absuelve a los propios o condena a los opuestos, todo resulta dudoso.
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En el seno de este marco manifiestamente mejorable, lo que nos encontramos por tanto es una condena ejemplar, espectacular, de nada menos que 25 millones de euros, contra una ex alcaldesa como Ana Botella, cuando ni siquiera consta que se hubiera lucrado con esta decisión. Por el otro lado, tenemos una resolución absolutoria para Uxue Barcos, pese a que la propia resolución que la absolvía reconocía que «se ha producido un daño o menoscabo en los caudales públicos municipales del Ayuntamiento de Pamplona», y que “existió culpa leve”, si bien “inducida” por el penoso sistema de pago de dietas-fantasma, las cuales se abonaban “sin más requisitos que la sola aportación de un escrito firmado por el presidente del grupo político correspondiente y el concejal beneficiario”.
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Desde luego no nos atreveremos a decir que la identidad del partido que elige a la consejera de cuentas determina que a Botella se le condene de manera severísima y a Barcos se le absuelva. O que la una en realidad sea inocente y la otra culpable. Establecer una relación causal entre los tres hechos sería una libre interpretación del observador. Sin embargo resulta difícil no percibir que, con o sin relación entre estos tres hechos, a la consejera de cuentas la nombra IU, a Barcos se le absuelve y a Botella se le condena.
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A lo mejor es lo que cada una merece. A lo mejor una consejera de cuentas nombrada por el PP hubiera condenado también a Botella y hubiera absuelto a Barcos. O a lo mejor si una consejera de cuentas nombrada por el PP hubiera absuelto a Botella y condenado a Barcos ahora estas consideraciones sobre la independencia de la Justicia y los organismos de control se la estaría haciendo el Noticias. Nosotros nos limitamos a subrayar una vez más lo improcedente de que alguien pueda elegir al que le tiene que juzgar a él o a sus rivales, así como a señalar los hechos dejando que sea el lector el que decida si no tienen relación entre ellos o cuál es la relación, caso que le parezca que la tengan. A ver si un día nos llevamos una sorpresa y alguien condena a alguien del partido que le eligió, o absuelve a alguien del partido rival, o los partidos deciden dejar de elegir a los jueces y apostar por la independencia judicial. Si los partidos realmente nos quieren hacer creer que no hay relación entre el color de los que eligen los jueces y el color de las sentencias, entonces tampoco tendrían nada que perder por apostar por la independencia judicial, ¿no? De hecho, si eres inocente, casi prefieres que te juzgue alguien totalmente independiente para que, cuando declare tu inocencia, no queden dudas como las que tenemos ahora.
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