Entre las noticias que poco a poco se van sucediendo discretamente en este extraño e indefinido período de recorte de libertades y estado de alarma permanente, hace pocos días se publicaba la decisión del PSOE y sus socios de gobierno de modificar el Código Penal para sacar del articulado la actuación coactiva de los piquetes en las jornadas de huelga.
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Actualmente, el Código Penal en su artículo 315, apartados 1 y 2, prevé penas de hasta 3 años de cárcel para todo aquél que mediante el engaño, el abuso o la coacción presione a los trabajadores para que no hagan huelga.
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Paralelamente, el apartado 3 de ese mismo artículo prevé a su vez penas de hasta 3 años de cárcel a quienes coaccionen para hacer huelga a quienes no quieren secundarla.
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Es decir, el Código Penal actual defiende tanto el derecho a hacer huelga como el derecho a no hacerla sin coacciones, con libertad. Ambos derechos son igual de legítimos y además se castiga con la misma pena tanto una coacción en un sentido como en el otro.
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Artículo 315.
1. Serán castigados con las penas de prisión de seis meses a dos años o multa de seis a doce meses los que, mediante engaño o abuso de situación de necesidad, impidieren o limitaren el ejercicio de la libertad sindical o el derecho de huelga.
2. Si las conductas reseñadas en el apartado anterior se llevaren a cabo con coacciones serán castigadas con la pena de prisión de un año y nueve meses hasta tres años o con la pena de multa de dieciocho meses a veinticuatro meses.
3. Quienes actuando en grupo o individualmente, pero de acuerdo con otros, coaccionen a otras personas a iniciar o continuar una huelga, serán castigados con la pena de prisión de un año y nueve meses hasta tres años o con la pena de multa de dieciocho meses a veinticuatro meses.
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Por el contrario, la decisión del PSOE y sus socios introduce un grave desequilibrio. Para estas formaciones es represivo, injusto, desproporcionado y antidemocrático penalizar las coacciones de los piquetes, pero no es en cambio injusto, desproporcionado, represivo y antidemocrático penalizar con el mismo castigo las coacciones a los trabajadores.
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Obviamente lo que se castiga en el Código Penal actual no es la labor informativa de los piquetes, sino una actuación coactiva de los mismos. Existe y se ampara el derecho a informar, ni existe ni se ampara, hasta ahora, el derecho a coaccionar a los que no quieren hacer huelga.
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Si por un lado cabe subrayar una vez más cómo la agenda política del gobierno avanza calladamente sin parar al amparo del estado de alarma, sus restricciones y la preocupación de la población focalizada en la pandemia, por otra parte no puede dejar de indicarse que la materialización del derecho de huelga tiene que venir determinado por la libertad. Primero porque es lo justo, y segundo porque un seguimiento de una huelga del 100% no quiere decir nada si no hay libertad para no seguirla. Para qué convencer pudiendo imponer. Es lo que esta nueva reforma radical parece expresar.
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