La eutanasia exprés y a domicilio

Como viene siendo típico a lo largo de toda la pandemia, el maravilloso gobierno social-chavista que nos ilumina avanza en su agenda política particular, aprobando medidas que generan gran controversia y división, las cuales no tienen nada que ver con la lucha contra la enfermedad, a la par que exige unidad acrítica y sumisión. El resultado es que tenemos los peores datos sanitarios, el mayor estropicio económico y la agenda política más radical del mundo occidental. ¿Es casual o talmente lógico que lo uno conduzca a lo otro y todo suceda a la vez?

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Un día es la memoria histórica, otro la libertad educativa, otro la reforma judicial, ahora le toca el turno a una ley de eutanasia literalmente exprés y a domicilio. A domicilio porque te la pueden practicar en tu casa y exprés porque se tramita como proposición de ley y no como anteproyecto de ley, para acelerar los trámites, evitando paradas como la opinión del Consejo de Estado, la consulta popular o el Comité de Bioética.

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Exprés también porque se prevé un trámite acelerado ya cuando el demandante de la eutanasia realice su petición, de forma que se minimice la espera con el consiguiente riesgo de evitar un proceso de reafirmación o verificación. Según publica ABC sobre las enmiendas a la ley que se preparan, los médicos que participen en la aplicación de la eutanasia podrán acortar el plazo de quince días naturales que la actual proposición establece entre la primera y la segunda solicitud que realiza el paciente para poder acceder a este “nuevo derecho”. El nuevo articulado precisa que podrán recortarlo “a cualquier periodo menor” si consideran inminente la pérdida de la capacidad del paciente para dar su consentimiento. En determinados casos, el médico se podrá saltar también el último plazo de 24 horas que se otorga al paciente antes de la eutanasia para que decida si desea continuar o desistir.

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En estos tiempos en los que tanto se ansía y necesita una vacuna para volver a la normalidad, la cual se demora por todas las fases, plazos y etapas que hay que recorrer por seguridad, llama la atención que el criterio sea tan distinto y acelerado cuando de lo que se trata es de eliminar a la persona que solicita morir. Recordemos que no se trata de una ley de cuidados paliativos para evitar el sufrimiento a personas moribundas, cosa respecto a la que no hay debate, sino de eliminar a personas que piden morir, sin entrar demasiado en por qué piden morir.

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En esta sociedad tan sentimental e incoherente, puede suceder que los bomberos desplieguen todo un dispositivo para evitar que un suicida se arroje de una ventana, colocando un colchón inflable que le salve la vida. Una vez devuelto sano y salvo a su casa, sin embargo, el rescatado podría pedir en cambio que el estado le haga un despliegue exprés y a domicilio de funcionarios alternativos para que le administren una inyección letal. Al que se sube a una azotea le impedimos matarse, pero al que está en una c¡silla de ruedas le ayudamos. Por un lado impedimos que se suiciden a las personas que pueden suicidarse, pero por otro ayudamos a suicidarse a las personas impedidas. Todo muy lógico y racional.

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Por supuesto en esta era de progreso y transhumanismo vamos a generar la categoría de personas indignas, a las que por tanto el gobierno puede administrarles la muerte. Como toda vida humana es preciosa nos oponemos a la pena de muerte, pero resulta que no toda vida es preciosa y digna. La categoría de vidas no preciosas e indignas, de todos modos, no se crea para incluir en ella a los dictadores, violadores, terroristas y asesinos en serie, sino a enfermos, ancianos, inválidos, discapacitados y todo tipo de personas que puedan llegar a percibirse a sí mismas como indignas, imperfectas, improductivas y una carga social.

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Cuando por ejemplo hablamos de la anorexia, nadie duda que la chica de 30 kilos que se sigue viendo gorda es víctima de una serie de paradigmas e imposiciones estéticas, sociales y culturales. Sin embargo, vamos a aprobar una ley de eutanasia exprés y a domicilio bajo la premisa de que esos mismos paradigmas y presiones estéticas, sociales y culturales no se van a dar en absoluto alrededor de las personas que pueden solicitar la eutanasia. Es más, la propia ley de eutanasia crea la categoría de personas con una vida indigna siendo por una parte reflejo de ese tipo de presiones y paradigmas, y por otra parte también generándolos, amplificándolos, oficializándolos y dándoles carta de naturaleza.

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En todo este tipo de «nuevos derechos» siempre hay que preguntarse qué pensaríamos si fuera una posibilidad que se ofreciera sólo a los homosexuales o sólo a los judíos. ¿Qué pensaríamos entonces? ¿Menuda suerte tienen los homosexuales o los judíos que el estado puede matar al homosexual o al judío que lo pida? ¿O pensaríamos que el estado valoraba menos la vida de los judíos y los homosexuales que la del resto?

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Hace unos años, durante la crisis de 2008, uno de los escándalos más notables fue el de los swap, aquellos contratos que los bancos endosaban a muchos clientes carentes de la potente cultura financiera que exigen ese tipo de complejos instrumentos. Los tribunales determinaron la nulidad de casi todos ellos y condenaron a los bancos a resarcir a sus clientes. Por lo visto, sin embargo, esto de firmar un contrato para ser eliminado por el estado es un asunto menor, sin tremendas implicaciones políticas, legales, sociales, personales, morales y hasta filosóficas. Firmar la propia muerte en un contrato con el gobierno es un asunto sencillo y menor, no como firmar un swap, lo podemos hacer a domicilio y exprés.

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Concluyamos subrayando una vez más que la eutanasia, como muchas de las otras medidas citadas al principio, no se están impulsando todas a la vez y en plena pandemia por casualidad. Todas estas cuestiones merecen un debate profundo, sucesivo y sin distracciones. Todas estas reformas tan controvertidas no tiene sentido realizarlas justo en este momento, todas a la vez, estando la población centrada en la pandemia y mientras se pide y hasta se exige unidad. Esto es aprovecharse de la pandemia para imponer una agenda política acallando a la oposición.

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