No es ninguna sorpresa a día de hoy (no porque sea la efeméride de las ideologías «progres» y revolucionarias que está relacionada con los aquelarres feministas) que la imposición de la totalitaria ideología de género trasciende las capas nacionales y regionales de aplicación estatista.

Son distintos organismos de otros niveles quienes sintonizan con estos avances ideológicos de la cuarta fase revolucionaria (cuyo sustento intelectual hay que agradecer a Antonio Gramsci y Simone de Beauvoir, aparte de las movidas sesentaiochistas de origen parisino), y velan por los mismos.

Entre estos está la llamada Unión Europea, cuya tendencia soviética e izquierdista no solo se limita a cuestiones económicas que repercutan en armonizaciones de subidas de impuestos, presupuestos comunitarios y expansión artificial crediticia.

Podemos recordar que su estatismo encaja con el desarrollo de esa «nueva izquierda» que no rompe con el fondo de base subversiva. Así pues, es normal que recurran a mitos como el llamado «cambio climático» o fomenten conflictos contra el varón blanco, cristiano y heterosexual.

De hecho, cabe recordar que establecen cláusulas para aceptar inmigrantes musulmanes, despenalizar totalmente el aborto o consolidar legislaciones que destruyen la familia y el matrimonio (aparte de cercenar la libertad religiosa). Y de ahí el conflicto con el tándem conservador polaco-magiar.

Pretenden imponer toda esta agenda ideológica a los Estados-miembro, para lo cual les resulta muy conveniente acelerar la centralización por distintas vías (militar, monetaria, presupuestaria, sanitaria, etc.). No obstante, nos centraremos aquí en un «organismo» en concreto.

Desentrañando el llamado Comité Económico y Social Europeo

Uno de los numerosos y abultados entes del esqueleto eurocrático es el llamado Comité Económico y Social Europeo (CESE), cuya creación está amparada por el Tratado Consultivo de la Comunidad Económica Europea, en principio, para «representar los intereses de los distintos grupos económicos y sociales de Europa».

Suele haber grupos compuestos por empresarios, trabajadores y representantes de otros sectores económicos y sociales, que forman parte del llamado Diversidad Europa (en este hay agricultores, artesanos, industriales, consumidores, científicos, pedagogos, asociaciones familiares y activistas del ecologismo y el rollo de la «economía social»).

Como uno puede inferir, si está mínimamente enterado, de lo que se menciona a finales del párrafo anterior, las discusiones sobre determinadas políticas de ámbito comunitario podrían requerir un visto bueno de corte socio-ideológico, basado en estas mitologías cientifistas, ateas y contrarias al orden natural.

Ahora bien, esta línea va camino de reforzarse, tratando de asegurarse de que nadie disienta en materia ideológica revolucionaria (en este caso, en lo relacionado con la ideología de género y el criminal abortismo, es decir, exterminio de niños no nacidos), como abordaremos en el siguiente apartado.

Prohibido discrepar, también en el CESE

Dos eurodiputados polacos, entre los cuales figura el homosexualista Robert Biedron, un socialista que lidera un experimento político fallido por sí solo, cuyo único fin fue intentar mostrar en los comicios eurocráticos de mayo de 2019, que la católica Polonia avalaba en masa a un ex alcalde ateo y abiertamente homosexual (y homosexualista también, lo cual es peor) están ejerciendo determinada presiones.

No se trata de ninguna lucha de poder que involucre a este político carente de éxito nacional (de hecho, su formación «sobrevive» gracias a una coalición que incorpora a los socios de PODEMOS y a los post-comunistas del SLD), sino a la existencia de un claro trasfondo que es antitético a la agenda progre y revolucionaria.

El objetivo viene a ser expulsar a un representante polaco que viene a ser el vicepresidente de la Federación Polaca de ONGs y miembro de la junta directiva del Instituto Ordo Iuris, Tymoteusz Zych. De hecho, así lo han puesto de manifiesto en una carta remitida a otras autoridades eurocráticas, sugiriendo que es un enemigo de los «derechos humanos» por sus visiones conservadoras.

En verdad, lo que les saca de sus casillas es que el centro jurídico previamente mencionado está canalizando, en distintos campos de batalla, la reacción de la mayoría social polaca contra el aborto y la ideología de género (por ejemplo, ciertas iniciativas legislativas pro-vida y la oposición a la Convención de Estambul). Y si están nerviosos es porque algo debe de estar haciéndose bien.

De todos modos, este jurista polaco ha remitido a los distintos europarlamentarios bruselenses una carta abierta de la cual destacaremos los siguientes puntos:

• «De acuerdo con los tratados, la composición del Comité debe reflejar la actual forma de la sociedad civil organizada en Europa […] [suponiendo] un intento de ejercer presión política contra el liderazgo del Comité una puesta en cuestión de la idea fundamental de que sus miembros pueden tener visiones diferentes [lo cual da valor al CESE]»
• «Desafortunadamente, esta petición política hecha por eurodiputados nos recuera a lo peor de las políticas «iliberales» del pasado, creando un precedente muy peligroso para el futuro»
• «Ordo Iuris provee ayuda legal gratuita a personas necesitadas, especialmente a aquellos que afrontan dificultades financieras. Apoya a familias, niños, padres separados, víctimas de la violencia doméstica y solicitantes de asilo. Entre estos hay miembros de minorías religiosas y étnicas […] Tampoco se ha llevado a cabo acción alguna contra la igualdad entre hombres y mujeres»

Una vez dicho todo esto, hay que decir que, en principio, no se ha aceptado la petición (ni se ha rechazado tampoco). En cualquier caso, la idea fundamental de este artículo es advertir por enésima ocasión sobre la colaboración de la eurocracia soviética con el totalitarismo de género (algo sobre lo que hablamos en la entrevista que hoy le hace NC a otra miembro del Instituto Ordo Iuris).

Karolina Pawlowska: «Las raíces doctrinales del feminismo son muy peligrosas»