El gobierno anunció ayer un plan de 200.000 millones para contrarrestar el impacto de la crisis económica que el coronavirus y sus cuarentenas implican. El plan, podría decirse que como cualquier plan gubernamental, contiene una vertiente política y otra económica.
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La vertiente política es sencilla de analizar. El plan tiene como objeto proclamar a los españoles que este gobierno es maravilloso. Que nunca ha existido un plan tan ambicioso como este. Que nunca ha habido un gobierno que aprobara un plan semejante. Que en el pasado tuvimos la mala suerte de afrontar otras crisis con otros gobiernos, pero que afortunadamente ahora tenemos este gobierno para afrontar esta crisis con un plan que convierte en insignificantes todos los planes anticrisis anteriores y todos los planes anticrisis de todos los otros países. El plan de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias es la Estrella de la Muerte de los planes anticrisis. Hasta ayer se podía criticar a don Pedro y a don Pablo por su funesta y tardía gestión de la contención del coronavirus, pero ahora con este plan se nos viene a señalar que los errores del pasado quedan atrás y sólo cabe el aplauso incondicional. Salir con un plan ante la presencia de una crisis es la primera indicación de cualquier manual político. No importa el plan, lo importante es tener un plan, la madre de todos los planes, tanto más grande cuantas más brechas políticas en el caso y más descontento popular haya que tapar.
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La vertiente económica ofrece muchas más aristas y resulta mucho más compleja de analizar.
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A diferencia del famoso Plan E de Zapatero, esta vez no se trata de levantar y volver a colocar todas las aceras, o de llenar de guardias dormidos todas las vías de tráfico, sino por ejemplo una línea de avales de crédito por valor de 100.000 millones de euros para proporcionar liquidez a las empresas. El plan, ante la paralización de la actividad económica impuesta por la cuarentena, también pretende dar cobertura a todos los afectados por los ERTE (Expedientes de regulación de empleo temporales) y al cobro de las prestaciones por desempleo. Los trabajadores afectados por un ERTE tendrán derecho a cobrar la prestación por desempleo (o parte de ella) aunque no hayan cotizado el mínimo exigible de un año, y las empresas no tendrán que pagar las cotizaciones sociales de sus trabajadores afectados por un ERTE, ya que se entiende que se encuentran paralizadas por fuerza mayor. De algún modo por tanto sí se podría reconocer que hay una coherencia entre la apuesta por la contención del virus y las políticas de cuarentena y las medidas de este plan para tratar de compensarlas. Dicho esto, llegan los problemas.
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De los 200.000 euros anunciados por el plan, 100.000 tendrán la forma de avales a empresas. Es decir, no se trata de préstamos sino de que el estado avale los préstamos de los bancos a las empresas. No habrá salida de fondos del estado (fondos que el estado no tiene) hasta que el estado, si llega el caso, tenga que responder como avalista.
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El plan prevé otros 83.000 millones que no saldrían de las arcas públicas, sino de la “movilización” del capital privado. No está claro qué significará esto, pero algunas de las medidas anunciadas que ejemplificarían esta movilización serían la moratoria de un mes en el pago de hipotecas o la prohibición de cortar el agua o la electricidad a colectivos vulnerables. O sea, en vez de hacerse cargo el estado de ayudar a esos colectivos, les obliga a hacerse cargo a los bancos o las empresas de suministro.
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La mayor parte del plan anunciado, por consiguiente, no implica una salida de fondos inmediata que por otro lado el gobierno no tiene, salvo los algo más de 5.000 millones que saldrán de los Presupuestos e irán destinados a cubrir o intentar cubrir los ERTE que se produzcan, al menos durante un mes.
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Todo lo anterior nos enfrenta a una serie de problemas importantes en relación a la eficacia de este plan.
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En primer lugar y haga lo que haga el gobierno, ya sabemos que el dinero público no existe: el dinero público tan sólo es dinero generado por el sector privado que se ha quedado el gobierno. Para meter en la economía 200.000 millones por un lado, el gobierno los tiene que sacar por el otro. Por eso los planes del gobierno pueden salir mejor o peor, pero nunca son mágicos. Los planes del gobierno los pagamos los ciudadanos.
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Los planes del gobierno pueden suponer además un grave endeudamiento añadido al gravísimo endeudamiento que ya soportamos. Los 100.000 millones de avales se pueden convertir en hasta 100.000 millones de deuda adicional lo que, aparte de ser una nueva carga de piedras a la espalda de los sufridos contribuyentes, y a la espalda del crecimiento económico futuro, puede poner en duda la solvencia del avalista. Es decir, el gobierno avala a las empresas pero, ¿quien avala al gobierno? ¿Quién avala al avalista? La crisis de la deuda soberana que vivimos los años pasados son una clara evidencia no sólo de que los estados pueden quebrar, sino de que la solvencia de la mayor parte de los estados es muy precaria, por la cantidad de gastos y deuda que arrastran. Y si el avalista no responde, la banca va detrás arrostrándonos a una nueva crisis bancaria.
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Puesto que casi la mitad del plan implica que sean las empresas las que tengan que hacerse cargo de la factura del plan, puede decirse tanto que el plan es una ayuda a las empresas como que puede ser una zancadilla a las empresas. Dependerá de la empresa, pero está por ver que las empresas de los sectores más odiados por Podemos (banca, eléctricas, etc) puedan financiar pagos, en estos momentos, por los 87.000 millones que pretende el gobierno. En realidad no es descartable que Podemos quiera incluso provocar la quiebra de estos sectores para nacionalizarlos. Lo que no queda clara es la teoría de que Podemos ya no pinta nada en este gobierno y que Pedro Sánchez ha visto la luz y podría cambiar de aliados.
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Todo lo anterior además presenta un claro carácter temporal. ¿Qué pasa si la crisis del coronavirus (o sus consecuencias) se alarga más meses? ¿Presentarán Pedro Sánchez y Pablo Iglesias otro plan de otros 200.000 euros? ¿De 600.000? ¿Cuántas Estrellas de la Muerte podemos pagar los españoles antes de que nos arruinen?
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El mega plan carece por otro lado de medidas que a lo mejor haría falta tomar, como la construcción y ampliación masiva de hospitales como lo vimos hacer en China, ante lo que pueda llegar. Tenemos un plan de 200.000 millones y sigue sin estar claro si el gobierno se olvida de dedicar el suficiente dinero para lo más urgente: las plazas hospitalarias, las camas UCI, los test para controlar la población infectada, los equipos de protección para el personal sanitario, los equipos de protección para los policías y los militares que se han desplegado.
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Finalmente, todos los anuncios de gasto de este magnífico plan carecen por completo de una contraparte en virtud de la cual el gobierno recorte gastos para que no sea sólo el sector privado o la deuda la que absorban el coste del plan. Ningún apoyo una vez más a los autónomos, que tendrán que seguir cotizando aunque se queden sin ingresos. El plan del gobierno no contempla ninguna reducción de sus ingresos ni sus gastos para aliviar a los ciudadanos. Ante los increíbles sacrificios y esfuerzos que van a tener que hacer las personas y las empresas para mantenerse varios meses en un escenario de paralización de la economía, es increíble que el estado no renuncie a ningún gasto, no asumiendo la mínima parte de esfuerzo en este escenario. Asumiendo que la crisis sanitaria acabará en algún momento, algunos recursos tendrá que tener la economía para poder arrancar a continuación. Será catastrófico cualquier plan que, como parece que éste, piense en el «durante» totalmente a costa del «después».
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