La EPA, el gasto público y el precolapso de la economía

Ayer se publicaron los datos de la EPA del tercer trimestre del año. Los datos son catastróficos. El mayor problema es que son catastróficos ya antes de el estado de alarma infinito decidido por el gobierno. Tras la nueva paralización de la actividad económica que se avecina, los datos del cuarto trimestre pueden llegar a ser archicatastróficos.

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La magnitud de la catástrofe la determina la comparativa con los datos del tercer trimestre del año pasado. Hace un año había en España 19,87 millones de ocupados y 3,21 millones de parados. Ahora hay 19,17 millones de ocupados y 3,72 millones de parados. O sea, hay 700.000 ocupados menos y 510.000 parados más. La cifra además tiene trampa porque a los trabajadores en ERTE no se les considera parados y se les computa como ocupados. En España tenemos más de 700.000 trabajadores en ERTE.

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Por lo que se refiere a Navarra, hace un año teníamos 290.400 ocupados y 25.900 parados. Ahora tenemos 279.400 ocupados y 30.900 parados. A esto habría que sumar los más de 4.000 trabajadores navarros en ERTE.

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Frente a los datos españoles o navarros, quizá quepa llevar a cabo alguna reflexión si los comparamos con los de los Estados Unidos. En abril, a causa de la paralización de la economía por las restricciones y confinamientos derivados de la pandemia, el paro en los EEUU subió de golpe al 14,7% desde el 4,4%. Se trató de una subida espectacular y la más importante desde la Gran Depresión del 29. No obstante, en septiembre la tasa de paro estadounidense ya había bajado al 7,9%. Seguramente el dato ya es sensiblemente inferior en estos momentos. Para bien y para mal el mercado laboral en los EEUU se adapta en tiempo real a la cambiante situación económica. Nosotros carecemos de esa flexibilidad en el mercado laboral, lo que podría hacernos creer en un aparente nivel de protección superior. La contrapartida es que esa protección se alimenta de una mayor destrucción, que es el precio de una menor capacidad de adaptación. Por eso, al menos en parte, nuestra recuperación no es en V sino en L. Nuestra economía y nuestro mercado laboral tiene el tipo de problemas cuando se cae al suelo un hombre con armadura o una tortuga boca arriba.

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Como se indicaba al principio, el destrozo económico que se nos viene encima con el nuevo estado de alarma promete paralizar la recuperación y, en el mejor de los casos, condenarnos a una recuperación-recesión en L a la que en los últimos años parecemos abonados, particularmente en el ámbito laboral. Es decir, en 2007, antes de la anterior crisis, en el tercer trimestre teníamos una tasa de paro del 8,03%. Han pasado 13 años y todavía no nos hemos recuperado. De hecho nos ha pillado la siguiente crisis sin recuperar los anteriores niveles de empleo. El mercado laboral español se encuentra mucho más decantado hacia la rigidez que hacia la flexibilidad. A primer vista puede parecer mejor, pero es evidente que la rigidez tiene graves contraprestaciones como la incapacidad de adaptación, lo que conlleva más destrucción de empresas, y una mayor lentitud en la recuperación.

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Las dos Españas: los que pagan el estado y los que cobran del estado

Las dos Españas no son, o no sólo, la izquierda y la derecha, sino la España que cobra del estado y la España que paga a la España que cobra del estado. Otro de los datos significativos de la EPA es que todo el varapalo laboral derivado de la crisis se lo ha llevado el sector privado. Mientras el sector privado ha sido machacado, el sector público incluso ha aumentado el número de sus empleados.

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Alguien podría pensar que menos mal que el estado ha aumentado su plantilla para compensar la pérdida de empleos en el sector privado, pero esto no es del todo correcto. El hecho es que aumentando la plantilla del estado en plena crisis, en primer lugar, se descuadran todavía más las cuentas, por el consiguiente aumento del gasto público, particularmente en el capítulo de los gastos de personal. En segundo lugar, el empleo que se crea no es cualquier empleo, sino sólo empleo del grupo de población que cobra del estado. O sea, que mientras se reduce la población que no cobra del estado, aumenta la población que cobra del estado, o dicho de otro modo se incrementa el peso que tiene que aguantar la población que paga al estado mientras al mismo tiempo se reduce esta población. 

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Más allá del recurrente debate sobre la brecha laboral de los empleados públicos o el número de empleados públicos en España, el hecho es que en España tenemos un número de funcionarios que quizá  no es mucho mayor que el de algunos países, y resulta inferior que el de algunos como Dinamarca o Noruega. El porcentaje e empleados públicos en España ha venido rondando el 15%, lo que es más que Alemania (11%) pero menos que las citadas Dinamarca o Noruega, que rondan el 30%. Obviamente son países muy ricos, con un sector privado muy fuerte, que se pueden permitir un estado más caro, o por lo menos de más tamaño.

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El problema con España es que los sueldos de ese 30% de empleados públicos daneses o noruegos sólo representan el 15% de su PIB, mientras que nuestro 15% de empleados públicos nos cuestan el 11% del PIB. El coste para Alemania de su 11% de empleados públicos es el 7,5% del PIB. Es decir, nuestros funcionarios son mucho más caros que los de los de nuestros países vecinos. Y esto es así en buena parte por la brecha salarial y decisiones como esta de subir ahora los sueldos a los empleados públicos.

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¿Cuál de las dos Españas es la que en realidad no podría vivir sin la otra?

Mientras el sector privado es azotado por un vendaval económico con escasos precedentes, sumido en una incertidumbre indescriptible, el gobierno no reparte el esfuerzo necesario para superar la crisis entre el sector público y el privado. Naturalmente cuanto menos tienen que sacrificarse unos, más tienen que sacrificarse los otros. Hay dos Españas pero sólo una sufre la crisis. La España que paga el estado se tambalea, mientras la España que cobra del estado permanece en una burbuja. Desde luego aunque esto pudiera sostenerse de esta manera sería injusto, pero es que además a lo mejor no se puede sostener por mucho más tiempo. El remate a la injusticia es que los trabajadores del sector público, los que son sostenidos por los otros, sólo reciben alabanzas y parabienes, mientras que los trabajadores del sector privado, los que no cobran del estado sino que lo pagan, no reciben más que maltrato y desprecio.

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