Cuando The Economist habla sobre España, parece que en The Economist saben más sobre España que los propios españoles. Sin duda en España sobrevaloramos absurdamente lo que se publica en el extranjero, como si casi todas las bobadas que manejamos en España no fueran bobadas importadas. Da igual el asunto de que se trate, la prensa extranjera es más o menos tan poco rigurosa y tan sectaria y falible como la propia. Viene todo esto a cuento del ranking publicado por The Economist en el que España ha sido degradada a “democracia defectuosa”.
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Para empezar, la propia etiqueta de democracia “defectuosa” o con fallos no tiene sentido. ¿Acaso hay alguna democracia que no sea defectuosa o que no tenga fallos? Pero es que además los motivos de la rebaja no tienen tampoco demasiado sentido. Efectivamente, los partidos no han sido capaces de renovar los magistrados del Consejo General del Poder Judicial, ¿pero acaso eso hubiera aumentado el nivel de nuestra democracia o todo lo contrario? Si, por ejemplo, el PP se allana a la lista propuesta por el PSOE y Podemos y se renueva el CGPJ con magistrados totalmente parciales y marcados por una ideología ultraizquierdista, ¿en qué manera eso haría menos “defectuosa” nuestra democracia y nos haría subir en el ranking de la democracia real?
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Spain is downgraded to a “flawed democracy” A deterioration of 0.18 points in Spain’s score was sufficient to relegate the country from the “full democracy” classification to that of a “flawed democracy”. Spain came close to being reclassified as a “flawed democracy” after its score fell in 2017 in the aftermath of the Catalan crisis, which led to the central government in Madrid taking legal measures against pro-independence Catalan politicians for acting unconstitutionally. Spain’s relegation in 2021 is the result mainly of a downgrade in its score for judicial independence, related to political divisions over the appointment of new magistrates to the General Council of the Judiciary, the body that oversees the judicial system and is intended to guarantee its independence. At present, the council is operating on a caretaker basis, as its term of office expired in 2018, and there has been no agreement about the appointment of new judges (which need a three-fifths majority in parliament). More broadly, Spain is suffering from increased parliamentary fragmentation, a litany of corruption scandals and rising regional nationalism in Catalonia posing challenges to governance.
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Por otro lado, España ha entrado en la categoría de democracias defectuosas pero resulta que en esa misma categoría están Francia o Estados Unidos. También están Italia o Bélgica, que por cierto aparece por debajo de Botswana o de Cabo Verde. España, Francia o EEUU aparecen más arriba en el índice que Ghana, Lesoto o Namibia, pero estamos todos sin embargo en la misma categoría. No obstante será que es verdad, porque lo dice The Economist. El mismo The Economist que en 2006 publicaba artículos sobre España con el significativo título de ¡Viva Zapatero! Nuestro lema de que las afirmaciones no valen tanto por quién las sustenta como por los fundamentos en que se sustentan parece que también le resulta aplicable a The Economist.
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Más grave aún, para rebajar la calificación democrática de España la publicación hace referencia, como señalábamos, a cuestiones como el estancamiento en la renovación del CGPJ, o la amenaza secesionista en Cataluña, o la fragmentación política, o la corrupción. Sin embargo, nada dice The Economist sobre los estados de alarma ilegales que se han declarado para recortar los derechos fundamentales, o el cierre asimismo arbitrario e ilegal del Parlamento durante la pandemia, o la censura y la selección de preguntas en las ruedas de prensa, todas ellas cuestiones muy serias, que atentan gravemente contra derechos y libertades fundamentales, y que han atribuido un desmesurado y descontrolado poder al gobierno bajo el pretexto de la pandemia, sin que ni siquiera las actuaciones fuera de la legalidad hayan supuesto ninguna responsabilidad posterior ni política ni judicial. De todo esto The Economist no se ha enterado, no lo ha valorado y no lo incluye en su lista. ¿Dónde nos debería colocar todo esto en la lista si se incluyera? Que los políticos no se pongan de acuerdo para designar los magistrados que un día les pueden llegar a juzgar, por otro lado, no es tan grave como el hecho mismo de que los magistrados que pueden tener que juzgar a los políticos sean nombrados por los políticos. Hay que cuestionar severamente a The Economist cuando degrada el nivel de la democracia en España, pero porque lo hace en base a motivos y escalas que tienen escaso rigor. No se trata de poner en duda a The Economist para salvar al gobierno, sino para describir una realidad mucho más preocupante de la que dibuja The Economist. Obviamente The Economist no le va a explicar lo que se ha degradado la democracia durante la pandemia a cualquier español crítico con el gobierno. O a cualquiera que un día se despertó con que el gobierno se había comprado las portadas de todos los periódicos. O una víctima que ve como el jefe de la ETA pasa a formar parte de la cúpula de un socio del gobierno. O a todas las comunidades que observan atónitas como los fondos de ayuda europeos se repartan de manera asombrosamente poco proporcional y llamativamente coincidente con los colores de los gobiernos autonómicos. O a cualquiera que le han lanzado piedras por intentar acudir a un mitin o a celebrarlo durante una campaña electoral. De esto, por cierto, que a lo mejor no pasa ni en Lesoto, tampoco The Economist hace ninguna mención.
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