El caso Errejón no sólo ha sido una irregularidad particular más de un miembro de la cúpula de Podemos, sino que ha sacado a la luz un sistema de reparto de dinero público en la universidad española abonado para el derroche y la corrupción.
La beca a Errejón, en definitiva, se la concedió un colega de partido por un trabajo que no realizó y que nadie verificó, hasta que el asunto no salió a la luz cuando Podemos pasó a estar bajo la lupa de los medios. En otro caso, nadie se hubiera enterado de lo de la beca de Errejón.
Todo lo cual viene a poner de manifiesto la existencia de una auténtica casta universitaria, un circuito cerrado de dinero público en el que quien reparte el dinero y quien vigila el reparto es el mismo, o su amigo.
Al mismo tiempo, el último Informe de Fiscalización de las Universidades Públicas del Tribunal de Cuentas, con los datos del curso 2012-2013, pone de manifiesto algunas cuestiones interesantes.
Por ejemplo, que el 40% de las plazas de máster ofertadas quedan desiertas, por falta de demanda. En Navarra el porcentaje se eleva al 60%, aunque en algunas universidades supera incluso el 70%.
Otro capítulo llamativo que subraya el informe es el de la existencia en 2012 de nada menos que 574 entidades dependientes o vinculadas a las universidades públicas, en su mayor parte fundaciones y sociedades. Según denuncia el Tribunal de Cuentas, la creación de entidades instrumentales de este tipo no siempre responde a necesidades que deban atenderse o a la racionalización de la gestión, sino que en ocasiones responde a la deliberada huida de los controles internos o del control presupuestario, ya que constituyen un campo de actuación menos reglado en el que poder incrementar el margen de discrecionalidad de las decisiones que afectan a la gestión del personal, contratación y ejecución de inversiones.
El informe se remata destacando que ninguna de las 47 universidades fiscalizadas ha implantado un sistema de contabilidad analítica en el ejercicio 2012, aspecto que el Tribunal de Cuentas no sólo viene reclamando desde 2003, sino que resulta imprescindible para cumplir con la obligación establecida por el RD-Ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo, con un plazo que no debe superar el curso universitario 2015/16.
Todo esto nos coloca ante la paradoja de que hay recortes en Educación, pero que esto en alguna medida no es consecuencia de la falta de dinero, sino de la falta de controles o del uso inapropiado del dinero, ofreciendo servicios que no se demandan, o pagando trabajos que no se hacen. Muchos de ustedes recordarán cuando en 2012, en una reunión del Consejo de Universidades, los rectores de las universidades fueron a protestar por los recortes y la falta de fondos en sus Audi y sus BMW oficiales, con sus correspondientes chóferes.
Los datos del Tribunal de Cuentas también permiten conocer que las universidades públicas cuentan con 158.214 empleados, de los que 101.424 son personal docente e investigador y 56.790 personal de administración y servicios. Por otra parte, los gastos de personal ascienden a 5.826 millones de euros. Por consiguiente, el coste medio de cada empleado es de 36.823 euros. Se observa además que los gastos de personal son menores que los 6.201 millones de 2010, pero superiores a los 5.458 del 2008. Salta a la vista que desde que explotó la crisis el gasto siguió subiendo ajeno a la realidad hasta 2010, que la profundidad de los recortes es consecuencia de este descontrol previo, que si se hubiera puesto freno al gasto antes los sacrificios posteriores hubieran sido menores y que, de hecho, aún seguimos gastando más que antes de la crisis, pese a que ahora somos mucho menos ricos que entonces.
Podría interesar recordar que España tiene un porcentaje de universitarios mayor que el de Alemania, aunque esto en parte se traduce en que tenemos trabajadores con una formación excesiva (y cara) para el puesto que ocupan, o universitarios trabajando en empleos que no requieren formación universitaria, o directamente parados muy sobrecualificados.
Todas estas cosas, además, no suceden en un país en el que las universidades ocupan los primeros puestos del mundo en excelencia, sino todo lo contrario. A lo mejor tenemos muchas más universidades de las que podrían ser buenas.
Obviamente el análisis de por qué nuestras universidades son tan mediocres tampoco puede ser el mismo si partimos de la base de que los recursos se aprovechan lo mejor posible que si partimos de la base de que los estamos desperdiciando, o si ni siquiera existe un control suficiente para saber lo que estamos haciendo.
4 respuestas
Que se oferten plazas de máster que queden vacías en tan gran proporción viene a ser análogo a eso cursos de formación no dados y sin estudiantes de la trama EDU del socialismo y sindicalismo andaluz, no les quepa duda extendido el sistema a otros lares, pero falta el juez que le quiera hincar el diente.
Aquí los rectores tienen sus propio casos EDU donde nadie les mete mano, crean sus fundaciones y empresitas opacas al control, investigue alguien esa constructora, no recuerdo si la Complutense pero si de una Uni de Madrid, para construir viviendas para profes, que seguro que hay tema.
Del total de rectores de Universidades públicas, me temo el 50% tendrían que ir a la cárcel, casi el 50% restante, despedidos por inútiles, e igual se salvan un par de ellos, como Lot.
Conozco un profesor de la UPNA que en plena crisis se compró un piso de ochenta millones de pesetas. De acuerdo que podía ser el dinero suyo, pero no huele bien lo de los sueldos de las universidades públicas, demasiadas charlas, conferencias etc. muy, muy bien pagadas
Se explica en el comentario que «el 40% de las plazas de máster ofertadas quedan desiertas, por falta de demanda. En Navarra el porcentaje se eleva al 60%, aunque en algunas universidades supera incluso el 70%». Dicho lo cual, también cabría preguntarse quien, cómo y en función de qué o de quienes, se programan y realizan los planes de estudios de las diferentes carreras universitarias y de los susodichos masters. Serían unos datos clave para entender como funciona esa tremenda industria universitaria que se ha montado en España desde el socialismo. También sería clarificador contestar a la siguiente pregunta: ¿cuantos rectores de universidades públicas en España, son afines a la izquierda?.
Como ya he apuntado alguna vez en este medio, el gravísimo problema de la universidad pública española es su extraordinaria dimensión completamente innecesaria, que no duda en seguir lanzando al mercado de trabajo a miles de jóvenes titulados para que trabajen, si es que lo consiguen, en los más variopintos trabajos para los que no se requiere su razonable formación universitaria. Pero no escucharán a nadie que manifieste que sobra la mitad del sistema. De este pecado original vienen sus males. Como sea, hay que conseguir que la fábrica de parados funcione porque, al fin y al cabo, hace años que caímos en que la razón de financiar universidades públicas nada tiene que ver con la educación superior de los jóvenes para contribuir a la modernización y el crecimiento sostenible de una nación, si no para dar de comer a una casta de funcionaros siempre lloriqueante: más sueldo, más presupuesto, más carreras, menos trabajo. Y hasta aquí hemos llegado: nuestros pobres jóvenes universitarios tienen que emigrar. Pero don Mariano no afrontará este problema, y doña Yolanda, que es parte interesada, ya se pueden imaginar. Pues nada: a seguir gastando miles de millones para condenar a titulados universitarios al paro o a un trabajo para el que no hacía falta que perdieran cuatro años. País.