La asociación Justitia et Veritas, ejercitando la acción popular, ha presentado una querella contra el presidente del Congreso, José Bono, por un presunto delito continuado de cohecho, varios delitos de falsificación de documentos públicos y presumible delito fiscal. Todo ello mientras desempeñaba la presidencia de la Comunidad Autónoma de Castilla- La Mancha y ostentaba el cargo de ministro de Defensa. La querella ante el Supremo se tramita bajo la dirección letrada de Jaime Ignacio del Burgo Tajadura.
Cohecho
Entre los presuntos delitos atribuidos a Bono en la querella, los más significativos son los relativos al cohecho. Una figura que, recientemente y con motivo del regalo de unas trajes a Francisco Vamps, el propio Tribunal Supremo vino a aclarar determinando que “para el cohecho pasivo impropio basta con la aceptación de un regalo entregado en consideración a la función o cargo desempeñado”. Una doctrina que ahora la querella solicita que, con igual o más razón ante la cuantía de los regalos, se le aplique al presidente del Congreso de los Diputados por alguno de estos casos:
– El pago por la empresa AYALA 3 S.A., perteneciente al Grupo REYALURBIS, de los gastos de decoración realizados por la sociedad CECILIA GÓMEZ S.L. en dos viviendas propiedad del Sr. Bono y que ascendieron a 3.275.000 pesetas (19.683,15 euros).
– El pago de al menos 450.000 euros realizado por las empresas que se anuncian en las instalaciones de la sociedad HÍPICA ALMENARA S.L. de las obras realizadas por la empresa constructora ONDE 2000, propiedad de Don Francisco Hernando, alias “El Pocero”.
– El regalo de varios caballos (valorados hasta en 100.000 euros uno de ellos) al hijo del querellado, José Bono Rodríguez, por parte del empresario Don Rafael Santamaría o de otros empresarios.
– El pago por parte de RAFAEL HOTELES de las estancias de la familia Bono en la estación invernal de Baqueira y la utilización por el matrimonio Bono para sus vacaciones de propiedades inmobiliarias del empresario Santamaría. La generosidad del empresario vendría empañada por el hecho de que el Sr. Santamaría realizó en paralelo una intensa actividad urbanística en Castilla-La Mancha, en cuyo desarrollo necesariamente intervino la Junta de Comunidades.
Obviamente todos los regalos citados no entran dentro de la categoría de “usos sociales”, sino de regalos de elevadísima cuantía que, a juicio de la querella, el Sr. Bono debió rechazar porque podían comprometer su imparcialidad y se realizaban por consideración a su cargo.
Un comentario
Me parece muy bien que le demande.
Así trabaja como abogado el Sr. del Burgo, que como político poco hace (Hace un precio especial por sus honorarios ó los factura conforme a la minuta oficial del colegio de abogados? )
Eso sí, espero que sea capaz de ser coherente, y utilizar el mismo argumentario hacia algún otro representante del partido nacional en el que milita….si de verdad busca la JUSTICIA Y LA VERDAD….
…aunque de un político lo dudo.