El pasado viernes 4 de febrero, quedaron inaugurados los Juegos Olímpicos de Invierno, en su edición 2022, en Pekín, la capital de China. Estos se clausurarán dentro de 13 días y cuentan con la participación de las «selecciones» de unos noventa países.

Participó en su inauguración el dictador comunista Xi Jinping, quien también fue responsable del aún existente cierre hermético del país (aunque ahora haya algunas excepciones vacunales y de sostén de monitorización) bajo el pretexto del coronavirus codificado como COVID-19 o SARS-CoV-2.

También prestó mucha importancia a los mismos el mandatario ruso Vladimir Putin, que horas antes de la inauguración se reunión con Jinping para abordar cuestiones sobre la posibilidad de invadir la integridad territorial de Ucrania.

España también participa en esta competición deportiva, pero quizá haya que tener en cuenta otras reacciones que el mainstream mediático ignora completamente. Su punto de origen está en los Estados Unidos, yendo a abordarlo a continuación.

La entidad Genocide Games Task Force, compuesta por Committee on the Present Danger: China (CPDC) y Women’s Rights Without Frontiers (WRWF), trata de sacudir las conciencias de los norteamericanos para que no respalden de ninguna manera estos juegos.

Llaman a la reacción en redes sociales y al apagón de las retransmisiones (asegurar una audiencia lo más baja posible). De hecho, tengo la impresión de que los estadounidenses son más conscientes que los europeos en lo que respecta al peligro del Partido Comunista Chino (PCCh).

Con lo cual, una vez hecha esta introducción y, comenzando a dar respuesta a lo que se plantea en el título, quiero explicar por qué creo que alguna reacción por parte de la comunidad internacional y nuestra, como integrantes de la sociedad, con fuero interno.

Sin necesidad de intervencionismo político-militar ni de proteccionismo económico

No pido que boicoteemos automáticamente toda actividad inversora que lleve a cabo un chino. Ni siquiera se está abogando por llamar de manera dogmática a la no participación económica en establecimientos de personas chinas.

No se está pidiendo un refuerzo arancelario contra los productos chinos. Esto podría volverse en nuestra contra (a nadie le disgustará que el jamón ibérico se venda en grandes cantidades en Shanghai) y sería, de una u otra forma, un gravamen indirecto sobre nuestros ingresos, ahorros y capital.

Nadie está clamando un error de catastróficas dimensiones como pudiera ser una contraofensiva militar en China (cosa que tampoco se reivindica, al menos por mi parte, para Venezuela, Ucrania y otros territorios de Oriente Próximo).

El problema es que muchas instituciones a las que estamos sometidos están colaborando con el sistema de partido único comunista que tiene sus bases en Pekín (de igual modo, el mainstream es partidario de blanquear ese sistema).

Incluso cabe recordar, como uno no es negacionista de ninguna clase, que las directrices totalitarias chinas han inspirado a muchos Estados modernos occidentales en este bienio (no, no niego que exista el famoso coronavirus, sino que insisto en la tesis que atribuye sus orígenes al laboratorio chino de Wuhan).

Con lo cual, lo que se debe hacer, desde la sociedad, las instituciones políticas y los medios de comunicación es considerar al Estado chino como un peligro para la libertad, la dignidad humana y la propiedad (como ejemplos, el COVID-19, la represión de la disidencia, la cristofobia, el asesinato de minorías, etc.).

Al mismo tiempo, ya finalizando, conviene insistir que no es ninguna torpeza trasladar esto a las olimpiadas en cuestión. Estos eventos deportivos suelen depender de los Estados y pueden servir para la megalomanía y el intento del lavado de imagen.