Como la mayoría de vosotros recordaréis, el pasado 11 de mayo de 2017, el Tribunal Constitucional dictó una sentencia que extendía a todo el territorio nacional lo considerado casi tres meses antes para el territorio foral guipuzcoano en relación al impuesto de plusvalía.
Se consideró que dicho tributo vulneraba el principio constitucional de «capacidad económica» al no vincularse necesariamente a la existencia de un incremento real del valor del bien, «sino a la mera titularidad del terreno durante un periodo de tiempo».
Tribunales superiores como el gallego, el castellano-leonés y el madrileño consideraron que la decisión judicial declaraba como inconstitucional el impuesto en sí, al basarse en artículos que evidenciaban su estipulación contraria a los postulados de la Carta Magna.
No obstante, el Tribunal Supremo, a través de la Sala de lo Contencioso, ha alertado de «la enorme confusión que ha suscitado la exégesis del pronunciamiento constitucional y, lo que es peor, la desatinada interpretación que algunos Tribunales han venido realizando de sus palabras».
De hecho, ha optado por invertir la carga de la prueba, en contra del contribuyente, que deberá dar pruebas fehacientes ante su respectivo consistorio municipal de que no ha acabado beneficiado económicamente con la transacción. El tributo sigue en vigor.
En cualquier caso, cabe destacar que hablamos de un tributo que batió su récord de recaudación antes de la sentencia del Constitucional previamente mencionada. Hablamos de 2.577 millones de euros en 2016 (un 0,23% del PIB), lo que supone un aumento del 7% con respecto al año anterior.
Encima, «para más inri», la recaudación por el mismo no ha dejado de dispararse desde el año de comienzo de la crisis económica reciente (2008). Casi 2.300 millones de euros se recaudan frente a poco más de 1.000 millones en 2004.
Es más, a pesar de que el cobro de este impuesto depende de la autonomía fiscal de la que disponen los ayuntamientos, no son una minoría las entidades administrativas municipales que optan por proceder al cobro del mismo.
Una vez dicho todo esto, lo que sí debe de quedar claro es que este impuesto no deja de ser una evidencia más del expolio fiscal al que estamos sometidos, no solo debido al Impuesto de Sucesiones y Donaciones, sino también a muchos otros más.
Un comentario
Yo haría una nueva ley fiscal muy sencilla.
Que todos los ingresos e incrementos que tenga una persona, independientemente del origen, se paguen al tipo fijo del 40%.
Esta norma tendría una sóla excepción: Los correspondientes a mi y a mi familia, hasta un tercer grado, estárian grabados al 0,00 %, es decir estarían exentos.