El estado de alarma es consecuencia de una situación excepcional. El estado de alarma confiere al gobierno unos poderes especiales de los que sería intolerable que se provechara para impulsar su agenda política y no para afrontar la amenaza excepcional ante la que se le han conferido esos poderes especiales. Una amenaza excepcional seguramente hace deseable la unidad nacional para enfrentarla, pero el gobierno no puede dedicarse a impulsar su agenda política y sin embargo pedir unidad nacional. Ante una amenaza excepcional podemos estar todos unidos, si dejamos de lado las diferencias y nos dedicamos a enfrentar esa amenaza. Si el gobierno se dedica a impulsar políticas que nos dividen, revienta toda posible unidad. Si además la agenda política del gobierno avanza no sólo amparada en sus poderes especiales, sino aprovechando que la ciudadanía está distraída con su propia supervivencia, toda la crítica anterior multiplica su justificación.
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Es por todo ello que interesa no dejar pasar desapercibido el debate que está teniendo lugar frente a la nueva Ley de Educación que el gobierno está tratando de aprobar. Esta ley es uno más de los motivos por los que no se puede prestar apoyo a este gobierno ni se pueden abrazar las llamadas a la unidad. Si, por otro lado, el gobierno quisiera unidad y centrarnos en la lucha contra el coronavirus, no impulsaría este tipo de leyes en este momento. Toda ley educativa sería deseable que fuera fruto de un consenso incluso en un momento de normalidad, no digamos por tanto en este momento de excepcionalidad. No quieren unidad, quieren sumisión. Quieren imponer su programa como en cualquier otro momento, pero usando el coronavirus como excusa para que no haya oposición.
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Si la nueva ley educativa que promueven el PSOE y Podemos fuera un alimento podríamos decir que contiene todos los ingredientes, sin dejarse ni uno, para ser una bomba contra la salud. Tanto los portavoces del PP, como el de Ciudadanos y el de VOX coincidieron, tal vez con otras palabras, en este mismo diagnóstico: la ley educativa es a la libertad lo que el colesterol a la sangre.
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Desde luego uno de los ingredientes nocivos fundamentales de la nueva ley educativa es la ideología de género, cuya pretendida presencia transversal en todos los cursos y asignaturas es motivo de orgullo para los promotores de la ley. SKOLAE pero a nivel nacional, para que al sistema educativo español no le salga una J. K. Rowling que ironice sobre un texto en el que, en vez de “mujeres”, se habla de “personas que menstruan”. Naturalmente a la autora de las novelas de Harry Potter le ha caído encima todo el peso de la Santa Inquisición Actual. Si pueden con Rowling pueden con cualquiera. Que se entere todo el que quiera escribir un libro lo que tiene que decir. Pero mejor no llegar al punto en que alguien se encuentre en la disyuntiva de tener que desobedecer a los programadores y procurar que, sencillamente, todo el mundo esté adecuadamente programado. Para eso están las leyes educativas como las de Celaá.
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Obviamente la educación religiosa voluntaria pierde peso en la nueva ley. No se prohíbe, pero se reduce a su mínima expresión. Por supuesto sin asignatura espejo y sin contar para nota.
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La nueva ley educativa, como denunció Georgina Trías, la portavoz de VOX, elude totalmente la marginación del español en las comunidades gobernadas por el nacionalismo (o incluso por algunos gobiernos del PP), no en vano los partidos nacionalistas son uno de los pilares para la aprobación de esta ley.
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Otro elemento paradójico que se perpetúa en esta ley, también señalado por la portavoz de VOX, es la anormalidad de que en España haya un sólo distrito universitario pero 17 pruebas distintas de acceso a la universidad. Es decir, una comunidad con los estándares más bajos facilita que los alumnos de esa comunidad copen las plazas universitarias en toda España. Esto resulta especialmente sospechoso cuando, por ejemplo, hay comunidades que tienen unos resultados muy buenos en la Selectividad y muy malos en PISA.
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La educación concertada es señalada en esta ley como un enemigo a ser destruido. Pero ni siquiera un enemigo a ser destruido por un competidor excelente, sino por la mera imposición. Es decir, el gobierno sabe que la educación púbica malamente puede crecer -especialmente convertida en un instrumento de adoctrinamiento de escaso nivel formativo- en un entorno de libertad. En un entorno de libertad, las familias elegirían la educación pública si fuera mejor que la privada. Como en realidad sucede lo contrario, la única forma de conseguir que la educación pública gane terreno es prohibir la concertada. Es por ello que la nueva ley impone un freno radical a la escuela concertada, eliminando el criterio de la demanda social de cara a la apertura y expansión de nuevos centros. Habrá la escuela concertada que permita el gobierno, no la que demande la gente. Este miedo a que la gente pueda elegir resulta por lo demás llamativo, ya que la democracia se basa precisamente en no tener miedo a que la gente pueda elegir. Por el miedo que este gobierno tiene a que la gente elija, parece bastante claro su escaso talante democrático.
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Si ya la educación concertada en general es un enemigo a destruir, no digamos la educación diferenciada en particular. La ley no puede prohibirla porque una reciente sentencia del Constitucional ha determinado que la educación diferenciada no es ni inconstitucional ni discriminatoria. No obstante, la nueva ley establece que la coeducación será un elemento valorable en la concesión los conciertos, abriendo la puerta a excluir de estos a los centros de educación diferenciada.
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La educación especial es otro de los objetivos en el punto de mira de la Ley Celaá. A fin de cuentas las tesis socialistas más extremas determinan que la igualdad es el estado natural del ser humano y que las desigualdades de sexo, de capacidades o de cualquier otra cuestión son una creación educativa y social. O sea, que no existen centros de educación especial porque existan discapacitados sino que existen discapacitados porque existen centros de educación especial. Esto es un poco como pensar que no existen hospitales porque hay enfermos sino que hay enfermos porque existen los hospitales, pero atrévase usted a discutirlo con un santo inquisidor actual.
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