Hace poco más de 10 días el Fiscal General del Estado, Cándido Conde Pumpido, anunció la propuesta de diversas medidas al gobierno para impedir la presencia en futuras elecciones de formaciones ilegalizadas. Algunas de estas propuestas planteaban específicamente combatir la posibilidad de que candidatos de una formación ilegal se incrustaran en las listas de otra formación legal. Previamente, el Consejo de Ministros había aprobado el pasado 26 de marzo una fórmula en parecido sentido, exigiendo el rechazo a la violencia de los concejales, diputados o parlamentarios de cualquier partido ilegalizado con posterioridad a las elecciones. En caso contrario perderían la alcaldía, la concejalía o el escaño. Por esas mismas fechas el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, recomendó “prudencia” a EA en su relación con Batasuna. Poco antes el consejero de Interior del Gobierno Vasco, Rodolfo Ares, también habría advertido a EA sobre la inconveniencia de un acercamiento inapropiado a Batasuna.
Completando los anteriores movimientos, el Partido Popular ha elaborado sus propias propuestas que ha trasladado al gobierno, para que éste estudie su inclusión en la modificación prevista de la Ley Electoral General. Debido a la previsible dificultad de ilegalizar a la propia formación contaminada, la propuesta del PP contemplaría al menos no sólo sacar a los candidatos incrustados de Batasuna en la lista de otra formación, como propone la Fiscalía General, sino invalidar por entero la lista. La experiencia reciente, en todo caso, por desgracia hace temer que una cosa son las leyes y otra muy distinta la todopoderosa voluntad política de cumplirlas o incumplirlas.
