¿Estamos ya ante un “caso Uxue”?

La investigación de las ominosas dietas del Ayuntamiento de Pamplona ha dado un salto cualitativo al solicitar el Tribunal de Cuentas al Congreso de los Diputados el detalle de todos los viajes efectuados por la entonces diputada Uxue Barcos entre el año 2007 y el año 2011.

Como todo el mundo recordará, en el Ayuntamiento de Pamplona existía un peculiar sistema de dietas en virtud del cual se podía cobrar un máximo de unos de 18.000 euros anuales, siempre que se asistiera a un mínimo de 156 reuniones, con un tope de 13 al mes y una al día. Naturalmente todos los concejales acogidos al sistema de dietas aseguraban acudir a las 156 reuniones mínimas y todos cobran el máximo.

Dentro de esas 156 reuniones a las que había que acudir para cobrar el máximo, sin embargo, las podía haber de tres tipos: plenos del Ayuntamiento, comisiones y reuniones internas de cada grupo municipal. Respecto a las dos primeras no existen dudas. Son públicas, van representantes de todos los grupos, hay un secretario y se extiende un acta sobre ellas.

El problema es que en 2012, por ejemplo, sólo se celebraron 18 plenos y de media cada edil sólo asistió a 40 comisiones. Es decir, que de media a cada concejal le hacía falta justificar otras 98 reuniones para completar las 156 que hacían falta para cobrar el máximo en dietas. La diferencia para que todos los concejales pudieran cobrar el máximo se rellenaba con más de 1.000 reuniones internas de los grupos municipales que no son públicas, de las que no existe acta y de las que no hay una verificación externa ni de los asistentes, ni de lo tratado, ni de la existencia de la reunión misma, salvo la palabra de los propios reunidos, o supuestamente reunidos, que cobraban por las reuniones. No existe por tanto constancia alguna de las reuniones por las que se cobró. Todas las reuniones podían estar inventadas. El sistema era escandaloso en sí mismo y hasta Comptos lo había señalado, pero a nadie le interesaba sacar a la luz el asunto porque todos los concejales de todos los partidos cobraban el máximo gracias a ese sistema de dietas fantasma.

El problema de Uxue

No siendo Uxue Barcos la inventora del sistema, aunque sí su beneficiaria, ni siendo tampoco la única beneficiaria, la actual presidenta del Gobierno de Navarra es sin embargo la principal afectada por la la investigación en curso en el Tribunal de Cuentas sobre el sistema de dietas.

La razón es que del resto de concejales resulta muy difícil probar que se inventaron las reuniones, pero Uxue Barcos tiene en su contra el hecho de que a la vez que concejal era diputada en Madrid, en el Congreso de los Diputados. El Tribunal de Cuentas investiga el número de días que Uxue Barcos pasaba en Madrid para cotejarlo con las alrededor de 150 reuniones de grupo que declaró haber mantenido en Pamplona para ver si caben todas en el calendario laboral, o en el calendario siquiera. En una entrevista de 2012, Barcos explicaba que viajaba a Madrid el lunes por la tarde y volvía el jueves por la tarde para acudir al pleno del viernes. Como las comisiones y plenos son verificables y no puede computar más de una reunión al día, cabe preguntarse cuántos días le quedaban a Barcos para completar otras 150 reuniones o más al año.

Salta a la vista que el sistema de dietas del Ayuntamiento, que no lo inventó Uxue Barcos, era inherentemente perverso (una puerta abierta a la corrupción), al permitir el cobro por unas reuniones cuya existencia no estaba probada, por tanto fantasmas, basándose sólo en la palabra del que las tenía que cobrar. Es evidente también que este sistema no sólo beneficiaba a Uxue Barcos, sino a concejales de todos los partidos. No obstante, la perversidad del sistema implica que en vez de tener que probar los concejales las reuniones para poder cobrarlas, en este mundo al revés impuesto por ese sistema ahora está la Justicia teniendo que probar si las reuniones eran falsas. Ahí es donde todos los demás se podrían librar y Uxue Barcos no. Habrá que ver en qué acaba la investigación pero, en el peor de los casos, la actual presidenta tendría que enfrentarse a un escándalo político de primer nivel (lo lógico sería su dimisión) y a tener que devolver 69.405 euros.