No hay viernes sin acercamientos, denuncia la AVT. En medio de la vorágine informativa y de los múltiples asuntos que nos abruman y nos deslumbran la derogación de la política penitenciaria sigue su curso, y la “agenda carcelaria” del Ministerio del Interior mantiene el ritmo de los traslados semanales. La AVT señala que el pasado viernes se decidió el acercamiento de otros 2 etarras a cárceles próximas al País Vasco y Navarra pero la noticia más llamativa que denuncia la asociación de víctimas es que “ya sólo quedan 10 etarras por ser trasladados para dar por aniquilada la política de dispersión”.
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La AVT muestra además su preocupación por el inminente traspaso de las competencias de prisiones a la espera de si es una medida que se limita a la pura gestión material de las prisiones, o si también tendrá efecto en las juntas de tratamiento de los centros penitenciarios, lo que podría facilitar su excarcelación.
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Los dos presos etarras que esta semana verán mejorada su situación penitenciaria sin colaborar con la Justicia son José Carlos Apeztegia Jaka y Lexuri Gallastegi Sodupe. Apeztegia será trasladado del Centro Penitenciario de Pamplona al Centro Penitenciario de San Sebastián. Fue condenado en 2019 a la pena de cuatro años de prisión por un delito de integración en organización terrorista en relación a las actividades que estuvo haciendo para ETA mientras estaba cumpliendo condena. La primera vez que Apeztegia fue detenido, a principios de los noventa, también fue juzgado por un delito de pertenencia a ETA debido a su implicación en la red de extorsión de ETA y el cobro del llamado ‘impuesto revolucionario’. Tras ser condenado, cumplió la sentencia en prisiones de Andalucía y según la sentencia, reestableció sus «vínculos» con ETA a través de correspondencia. Ha cumplido 2 años del total de los 4 a los que fue condenado. Gallastegi será trasladada del Centro Penitenciario de Almería al Centro Penitenciario de Zuera, en Zaragoza. Fue condenada en 2008 a 1.476 años de prisión por el atentado en 2001 contra el subsecretario general de Policía Científica, Juan Junquera, en el que éste y otras 96 personas resultaron lesionadas. La condena fue confirmada por el Tribunal Supremo en 2009.
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La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, además, ha dispuesto aplicar el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, para flexibilizar su clasificación en segundo grado, a los internos Joseba Segurola Beobide, que cumple condena en el Centro Penitenciario de Burgos por los delitos de colaboración con banda armada, falsificación y depósito de armas y explosivos, así como a Javier Pérez Aldunate, el cual cumple condena en el Centro Penitenciario de Pamplona por recabar información para matar al ex jefe del estado Juan Carlos de Borbón en la Semana Santa de 2004.
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La AVT calcula que en este mes de mayo el Ejecutivo de Pedro Sánchez podrá alardear ante sus socios de gobierno de haber trasladado a todos los presos etarras. La siguiente fase será aproximarlos a cárceles propias del País Vasco y Navarra. La derogación de la política de dispersión tendría como objetivo reunir a todos estos terroristas en las prisiones vascas para que queden bajo la tutela del gobierno vasco cuando se materialice el traspaso de las competencias de prisiones a esta comunidad. “No se olviden, no los quieren cerca, los quieren libres”, denuncia la asociación. Con los de hoy, bajo la tutela de este Gobierno, ya ascienden a 221 los traslados, correspondientes a 182 etarras, de los cuales 90 tienen delitos de sangre. Todos estos acercamientos, además, no responden a causas individuales, o a que los presos se hayan arrepentido, o condenado la violencia, o pedido perdón a sus víctimas, o colaborado con la Justicia, sino que se les está aplicando una política general de reagrupamiento pactada con los socios del gobierno a cambio del poder.
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