El Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha anulado el Decreto Foral que en 2016 aprobaba el reglamento de jornadas y retribuciones de la Policía Foral, el cual desencadenó en su momento la dimisión de 30 de los 33 principales mandos de la Policía Foral. Cabe señalar que, de hecho, el decreto fue impugnado por 25 altos mandos, los sindicatos APF y SPF y un grupo de policías salarialmente perjudicados que se sumaron a la impugnación. El Tribunal anula el decreto porque a los impugnantes se les otorgó un plazo de sólo diez hábiles para formular alegaciones, inferior al legalmente previsto y notoriamente insuficiente dado el objeto respecto al que habían de alegar, y ello sin motivación alguna. La sentencia anulando el decreto conlleva la vigencia del decreto 1/2005, que derogó al ahora declarado nulo y al que ahora hay que retrotraerse a todos los efectos. El sindicato APF de la Policía Foral denuncia un «desbarajuste organizativo y funcional de primerísimo nivel que debiera llevar asunciones de responsabilidades políticas».
x
X
Que una de las principales medidas del gobierno del cambio en esta legislatura, también de las más contestadas y polémicas por el colectivo al que iba dirigida, acabe de este modo y por este motivo, pone en cuestión la competencia de los principales responsables del departamento dirigido por la consejera Beaumont. Pero no es ni mucho menos un caso aislado a lo largo de esta legislatura.
x
X
En el mes de febrero, el Tribunal Supremo ratificaba la sentencia que en 2016 anulaba 117 plazas de maestro en vascuence, determinando que el Departamento de Educación realizó irregularmente aquella OPE y condenando al Gobierno de Navarra en costas. Nuevamente nos encontramos ante un tropiezo monumental que aún colea y nuevamente ante una de las medidas más llamativas del actual gobierno en la presente legislatura.
x
X
Ni siquiera hablamos de decisiones políticas que hayan dado mejor o peor resultado, que se hayan revelado como perjudiciales y equivocadas, sino de decisiones que se han tomado sin siquiera seguir el procedimiento adecuado, que por ello se han atascado en los tribunales, que han generado importantes trastornos, cuya inseguridad jurídica perjudica a muchas personas y que, por pura torpeza, han convertido en tiempo perdido buena parte de la legislatura. Estamos casi al final de la legislatura hablando de la nulidad de algunas de las medidas más relevantes tomadas casi al principio de la legislatura.
X
Si por un lado cabría celebrar la torpeza de que ciertas medidas hayan acabado paralizadas por los tribunales, sorprende que no se pidan más cuentas por aquellos que anhelaban esas medidas y que no han podido verlas implementadas por desconocimiento de los procedimientos establecidos por parte de algunos responsables políticos. Tener una mayoría para poder tomar importantes decisiones y desaprovecharla por equivocarse en cada uno de los procedimientos para desarrollar esas decisiones, conduce a la pregunta de si el Gobierno de Navarra se encuentra dirigido por personas con la adecuada competencia. Otra cosa es si la respuesta se lamentaría o celebraría a partes iguales, en todo caso la pregunta resulta inevitable ante la acumulación de varapalos judiciales, el empecinamiento del Gobierno por recurrir y alargar los pleitos, la confirmación de los varapalos en las instancias superiores y la constatación de que la legislatura se va acabando, algunas de las decisiones más importantes se han estancado y en asuntos relevantes la mayoría parlamentaria se ha desaprovechado, si por suerte o por desgracia dependerá del punto de vista de cada uno.
X
Tras la dimisión de Mendoza, si también cayera la cabeza de la consejera Beaumont se saldaría la legislatura con al menos dos dimisiones de alcance, en departamentos tan sensibles y relevantes como Educación e Interior. Un balance significativamente expresivo de la mala gestión y que sin duda hubiera merecido los más severos reproches, incluso la burla, en caso de que las siglas que sustentan al gobierno del cambio no fueran las que son.
2 respuestas
La respuesta es sí, con la mayor incompetente del Reino a la cabeza.
Que fuesen competentes sería una casualidad. Pues el régimen de partidos lo único que asegura es que todos los gobiernos sean corruptos, y las personas que los integran unos mediocres cuyo único mérito es adular al jefe y/o conocer y compartir la corrupción del que manda.