Todo el mundo es inocente hasta que se demuestra lo contrario. El que acusa debe probar. Para condenar a un etarra, hay que demostrar con pruebas ante un juzgado su culpabilidad. El etarra, por otro lado, tiene la posibilidad de recurrir la sentencia ante otro y otro tribunal. No está mal sin embargo que esto sea así. El problema es que ahora es el etarra el que puede acusar sin probar, el que no necesita demostrar sus acusaciones, el que es reconocido como víctima sin pruebas, el que convierte al estado y a las fuerzas del orden en culpables sin posibilidad de defensa de estos en los tribunales, y el que además puede ser hasta indemnizado con el dinero de todos en virtud de un acuerdo político y una compraventa de votos.
Una de las consecuencias de que Chivite sea presidenta o apruebe los presupuestos con los votos del nacionalismo y de la izquierda abertzale es que el Parlamento de Navarra ha sustituido a los tribunales como la instancia competente para determinar sobre la existencia de casos de torturas policiales. De este modo, no existe posibilidad de que las fuerzas de seguridad del estado puedan ser inocentes o que a los denunciantes se les cuestione el relato. Todo es un enjuague político. Las torturas no se reconocen por sentencia y mediante pruebas en un tribunal independiente en el que las dos partes, acusada y acusadora, pueden defender su postura. Aquí todo se reduce a cambiar un reconocimiento por unos votos, comprando sin matices el relato de la izquierda abertzale, ensuciando la imagen del estado y de las fuerzas de seguridad sin sentencia ni proceso probatorio independiente de por medio.
No se trata sólo de empañar la labor de las fuerzas de seguridad sin un proceso justo o de comprarle a la izquierda abertzale su relato sobre las torturas sistemáticas y la inhumanidad del estado contra el que atentaban, es que además se está regando con cantidades millonarias de dinero público a todas estas personas mediante indemnizaciones que no tienen naturaleza jurídica sino política, avaladas meramente por pactos políticos.
Resulta todo bastante irónico, porque el ministro Marlaska es uno de los jueces marcados por la izquierda abertzale como encubridores de las torturas. Lo cierto es que ya nada sorprende viniendo del PSOE, ni que pacten con los que les acusan de encubrir a torturadores, ni que gobiernen de la mano de quienes llaman presos políticos a los asesinos de sus propios compañeros. La consecución y mantenimiento del poder lo justifican todo, y todo parece que es TODO.
Por lo demás de lo que no cabe duda es que en España sí que ha habido organizaciones dedicadas específicamente a practicar la persecución ideológica, el asesinato político, el secuestro y la tortura, sólo que esas organizaciones eran ETA y todas sus filiales. En la policía española, como en todas las policías del mundo, puede haber casos aislados de tortura, que por supuesto han de ser judicialmente demostrados. En el caso de ETA, por el contrario, practicar la tortura y el asesinato era el fin de su propia existencia. Estamos convirtiendo a torturadores y apologistas de la tortura en víctimas de la tortura. No es que un torturador no pueda ser torturado, o que no fuera reprochable esa tortura, pero con un par de matices. Primero que haber sido torturado no santifica a un torturador, no cancela su condición de torturador, ni le hace merecedor de ningún homenaje ni reconocimiento particular. Segundo que haber sido torturado en todo caso tiene que ser determinado por un tribunal y no por un parlamento en función de unos pactos políticos y un intercambio de votos. Otra cosa que por cierto sabemos seguro es que ETA denunciaba sistemáticamente torturas para victimizar a sus detenidos y criminalizar al estado español. Esperemos que a Pedro Sánchez y a María Chivite les compense lo bastante en lo personal el estar convirtiendo la política española en un auténtico lodazal.
