Salta a la vista que cualquier modelo de estado del bienestar no es viable. En general, un modelo que nos cuesta más de lo que ingresamos no es viable. Pero no sólo es que lo que acaso en países más ricos fuera viable aquí con nuestros recursos no lo sea, es que además suele suceder lo contrario. Es decir, que no teniendo recursos, o incluso teniendo que ser rescatados, pretendemos mantener un modelo estatal más caro, grande, inflexible e ineficaz que el de los países que nos rescatan. El último ejemplo de ello lo denuncia el Círculo de Empresarios, subrayando que mientras que en Europa sólo el 10% de los empleados públicos tiene empleo vitalicio, en el caso de España el porcentaje asciende hasta el 73%.
El modelo nórdico no es vitalicio
Algunos de los ejemplos de estados del bienestar más ejemplares resulta que se caracterizan, entre otras cuestiones, por la posibilidad de rescindir un contrato por el bajo rendimiento del funcionario, de forma semejante al sector privado. Así es como sucede, por ejemplo en Reino Unido, Suecia, Dinamarca o Finlandia. Pero no sólo el bajo rendimiento del funcionario puede ser causa de despido, Holanda, Reino Unido, Suecia o Finlandia también contemplan las rescisión del contrato con los funcionarios por razones económicas o estructurales así lo exijan.
312.700 empleados públicos más durante la crisis
Una vez más la percepción de los recortes públicos resulta totalmente desmesurada cuando se observa en perspectiva. Desde el comienzo de la crisis hasta el pico de contrataciones, el número de empleados públicos en España creció en más de 317.000 personas. Asumiendo un coste cercano a los 30.000 euros por cada contratado (Gastos personal/empleados públicos), supone que durante la crisis hemos comprometido un gasto anual de 9.000 millones de euros más para poder pagar a todos estos empleados. El efecto como medida anticrisis de todas estas contrataciones se ha demostrado catastrófico. Por un lado ha habido que subir los impuestos a toda la sociedad civil para pagar todo esto, enfriando la economía y generando paro en el sector privado lo que ha anulado el efecto anticrisis, por otra parte se han deteriorado las cuentas del estado hasta llevarlo al borde de la quiebra y a la necesidad de ser rescatados. Tampoco es viable, obviamente, que los empleados públicos cobren hasta un 37% más que los empleados del sector privado. Por administraciones, las autonomías han protagonizado la práctica totalidad de las nuevas contrataciones de empleo público.
El mito del empleado público independiente
En opinión de los expertos del Círculo de Empresarios, la figura del funcionario que tiene un empleo vitalicio al que no se le puede despedir bajo ningún concepto debe quedar reservada para los puestos en que, por su labor, se requiera una protección especial para garantizar la independencia, como el caso de jueces y magistrados, inspectores o fuerzas del orden público. La idea de que el puesto de funcionario debe ser vitalicio proviene de épocas pasadas y el intento de que a cada cambio político en el gobierno no le sucediera una renovación de los empleados públicos. El hecho es que esta posibilidad ya se evita al acceder a la función pública por oposición. Lo que de hecho más bien ha sucedido es que paralelamente al cuerpo de funcionarios existe otro cuerpo ingente de asalariados públicos no funcionarios, entre ellos todos los altos cargos de designación política, que no han pasado oposición ninguna aunque su nómina proviene de las arcas del estado y de los impuestos que pagan los contribuyentes del sector privado. Asimismo, también podría pensarse que en vez de sucederse por turnos los “colocados” de cada partido ahora todos son empleados públicos todo el tiempo, duplicando eso sí el número de asalariados públicos necesarios.
3 respuestas
Copiemos pues a los europeos, y Navarra la primera por esta senda europea….
(¿A que no hay eggs…?)
Me preocupa que si los funcionarios no son vitalicios la administración se convierta en una empresa al mando del político de turno que despida a los anteriores y coloque a los suyos. Ya sé que eso lleva sucediendo muchos años, pero si ahora se sustituye la oposición por el dedo y si se da la posibilidad de despedir a quien se quiera (ya que se puede encubrir en el bajo rendimiento), entonces se le abren unas posibilidades amplísimas al político para despedir a unos y colocar a otros. Por otro lado, es cierto lo del bajo rendimiento en algunos casos, que todos hemos sufrido alguna vez. No me parece mal que los funcionarios no sean vitalicios, siempre que nos aseguremos de alguna manera que no van a quedar en manos del político en el poder. Para mí la solución pasa por cerrar empresas públicas de dudosa actividad, eliminar cargos a dedo de gestores, asesores… privatizar algunos servicios y, si el funcionariado va a dejar de ser vitalicio, si se le va a poder despedir por bajo rendimiento (cosa que me parece estupenda), que el bajo rendimiento se demuestre mediante quejas reiteradas de los usuarios, que somos los que al final sufrimos su incompetencia
Buff, conociendo España la propuesta no la lleva ninguno de los dos partidos mayoritarios. Pero, además el «clientelismo» de la Administración y la endogamia no se corrigen sustituyendo los funcionarios por personal laboral, porque también en este hay enchufismo. Y, paradójicamente, el enchufismo está más extendido en las administraciones local y autonómica que en la estatal
Yo conozco la Universidad pública (y la privada); hay profesores funcionarios y es imposible que yo con 30 años de servicio gane una plaza convocada en la Universidad X frente a un candidato con un año de experiencia: quien pone el «Tribunal» juzgador es la Universidad convocante. En el caso del profesorado contratado pasa exactamente lo mismo.
La solución puede ser -aunque me cargo la autonomía local, universitaria y de las Comunidades Autónomas- un sistema de oposición centralizado con tribunales estatales, me da lo mismo sí es para funcionario o para contratado laboral.
Y evidentemente hay determinados puestos donde la estabilidad funcionarial es fundamental: policía, jueces, etc.
NO me opongo a la medida ab initio pero en un país tan peculiar como España hay que implantarla después de una reflexión seria.