Ya tendremos un gobierno plenamente operativo en España (por desgracia; de la mano de PSOE y PODEMOS, del Frente Popular). Se acabó esa sensación de alegría que suponía la certidumbre de estar con un parlamento inactivo y un ejecutivo que, salvo recurso al decretazo, se veía, en cierto modo, maniatado.

Se avecinan nuevas subidas tanto de gasto como de impuestos (no se relajen ante el dizque «perfil económico» del que hablan, a raíz de la asignación de carteras a personas como Nadia Calviño y José Luis Escribá, de las que se dice que tienen un perfil tecnocrático aunque, en realidad, son sujetos vividores de la partitocracia, favorables a la obesidad del Estado, aunque sea con menos sustancia diaria).

Están sobre la mesa ideas de subida del IRPF a determinados umbrales de renta (en teoría, clases altas, pero en la realidad, hasta las mismas clases medias), de cerco a las SOCIMIs/SICAVs, de armonización del Impuesto de Sucesiones, de incremento del gravamen aplicado a Sociedades y de la creación de alguna «ecotasa» fruto del brainstorming de diciembre al que asistió Greta.

Ante esto, se habla, con razón, de que existe una presión fiscal considerablemente exacerbada (no hace falta exponer cifras en términos porcentuales, sino contrastar la misma realidad que se palpa a pie de calle y en la barra del bar: encarecimiento de productos básicos, de combustibles y de suministro eléctrico así como privación de muchas oportunidades de ser cuasi mileuristas).

Por esa cuestión, hay quienes se atreven (bueno, nos atrevemos) a denunciar lo que se trataría de un expolio fiscal, de un atraco impositivo por vías legales. Pero esos mismos calificativos son también discutidos, no necesariamente por parte de quienes, en realidad, son favorables a que esa propiedad traducida en ahorros personales/privados se vea atacada. A continuación se abordará.

No es problema del concepto de cuota per se

Se dice que en los sistemas de gobierno previos al Estado tal cual lo conocemos, los monarcas exigían un mínimo de impuestos, que servía, por lo menos, para mantener, en términos financieros, los sistemas de seguridad, no solo militares, de los que disponía para las necesidades de defensa interior y exterior.

Del mismo modo, en una comunidad privada de vecinos, seguramente, tendrías que pagar una cuota por una serie de servicios determinados así como por la mera residencia/establecimiento en los mismos. Igual cuando contratas, por ejemplo, una póliza de aseguramiento sanitario o una oferta de ADSL para tu segunda vivienda.

En otras palabras, todo concepto que se oferta tiene un coste asociado por su demanda y uso, en función de los beneficios de este. Pero, a su vez, no es que solo se trate, por lo general, de algo que uno solicite voluntariamente, sino de que, por competencia y por lógica moral espontánea, se procura no incurrir establecimiento de precios injustos o abusivos que tengan un «efecto de rechazo».

El Estado es la entidad más usurera, sin perjuicio de inmoralidades de otros

Hay empresarios cuyo hacer y gestionar dista profundamente de un marco considerablemente moral (compromiso con la buena contribución a la sociedad por medio de los servicios prestados y la justa recompensa a quienes hacen posible el trabajo de la entidad en cuestión). El hombre es malo por naturaleza (nacimos con el pecado original).

Pero eso no ha de impedirnos negar la mayor. El Estado, entendido como una creación artificial, contra natura, fija costes plenamente abusivos a quienes forzosamente tienen que pertenecer a él (salvo que consigan desplazarse a otra comunidad que les permita vincularse a otra entidad de organización política).

La estructura del Bienestar del Estado es una evidencia plena de ello. Las familias y demás miembros de la sociedad tienen que contribuir coactivamente, en contradicción con sus posibles preferencias de elección, tanto a un monopolio de servicios educativos, sanitarios, seguridad y atención a la dependencia como a subvencionar conceptos de deporte y cultura que no interesan.

Nunca abonas una cuota concreta que pueda estar ajustada a los flujos espontáneos del mercado, entendido como mecanismo de interacción social mediante el cual una sociedad satisface sus necesidades. Siempre es un coste que, por lo general, suele ser más caro (ocurre esto, por ejemplo, con los colegios de titularidad no gubernamental en España).

Tampoco tienes derecho a ahorrar libremente y dispensar en condiciones de lo que has depositado. El caso es que el Estado establece una ingente cantidad de impuestos aplicada a casi cualquier cosa que genere actividad y beneficio económico social y familiar (dícese que pronto podría verse gravado el concepto de la respiración, de la inspiración de oxígeno).

Esa ingente cantidad no tiene en cuenta el coste exacto de los servicios dizque «prestados» (las cosas como son). Básicamente, con el consiguiente interés de las castas políticas, al tratarse el Estado de un ente que se expande progresivamente (vulnerando el principio de subsidiariedad bien entendido), es normal que la propiedad privada se vea más amenazada (las carteras y ahorros).

Por ello, ya concluyendo, sería atinado afirmar que en tanto que el Estado es un artificio eminentemente problemático, que ahoga a las sociedades, anulando su libertad y sus oportunidades de prosperidad y florecimiento, es totalmente lógico denunciar que existe un expolio fiscal que es bastante masivo y voraz.