Hace unos días el Parlamento de Navarra aprobaba una moción de Navarra Suma instando al Gobierno de Navarra a permitir que cada centro escolar recupere la organización y el horario escolar previos al inicio de la pandemia; es decir, a acabar con la jornada continua impuesta por el gobierno a todos los colegios navarros de forma obligatoria. La moción salió adelante al quedarse el PSN en minoría, ya que además de Navarra Suma apoyaron la moción Geroa Bai y Bildu, todo un síntoma de hasta qué punto el rechazo a esta imposición es transversal entre las familias navarras.
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Concapa, Britila, Herrikoa y Sortzen, las federaciones de apymas que representan al 90% de las familias navarras, acudieron ayer a la Comisión de Educación del Parlamento de Navarra para reclamar la libertad de los centros de recuperar el tipo de jornada (continua o partida) que tenían antes de la pandemia y la imposición gubernamental. Es decir, lo que se reclama no es imponer la jornada partida, sino la libertad para decidir en cada centro lo que prefieran las familias.
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Cabe recordar que Navarra es la única comunidad española que ha establecido esta imposición y que los niveles de contagio en la Comunidad Foral no han sido menores que la media nacional, de hecho han sido apreciablemente superiores a la media nacional. Es decir, la obligatoriedad de la jornada continua no ha supuesto ninguna ventaja ni ninguna diferencia -al menos favorable- que justifique desde el punto de vista sanitario esta imposición. Y si esto ya ha demostrado ser así el curso pasado, menos sentido aún tiene esta imposición que se ha revelado totalmente inútil de cara a frenar la pandemia cuando los niveles de contagios decrecen por momentos y los porcentajes de vacunación serán altísimos al inicio del próximo curso, prácticamente total entre las edades de riesgo.
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Sin justificación sanitaria alguna, el PSN se queda también sin justificación democrática al quedarse en este asunto en minoría en el Parlamento. Son 36 de 50 los diputados navarros que reclaman el fin de la jornada continua obligatoria frente a los exiguos 14 que la siguen apoyando.
