El Defensor del Pueblo de Navarra es una especie de señuelo o anestesia para hacernos creer que tenemos bajo control a la Administración. La realidad es que es la Administración quien básicamente nos tiene bajo su control y que encima tenemos que pagar al Defensor del Pueblo de Navarra.
Para evidenciar esta realidad, basta con recordar cómo en 2008 nuestro flamante Defensor del Pueblo tomó partido abiertamente a favor de la obligatoriedad de la EpC y sus contenidos, negando la existencia del derecho a la objeción de conciencia en materia educativa. Ni siquiera esperó el pronunciamiento de los tribunales para sentar su doctrina personal y actuó además “de oficio”, sin que nadie se lo pidiera, ayudando al fuerte frente al débil en el transmutado y autoinventado papel de defensor de la Administración del Estado.
Afortunadamente para el sector progresista de la población, el nuevo gobierno ha decidido no mantener la EPC adaptando sus contenidos a las ideas y valores del centro derecha, obligando a examinarse de ellos a los hijos de todos los padres de progreso. No gracias al Defensor del Pueblo, desde luego.
Lo mejor para defendernos de los abusos de la Administración es tener menos Administración. Es un poco increíble que el defensor del pueblo frente a la Administración sea un órgano de la Administración. Vale. Sí. Podría ser. Pero es mejor tener una Administración pequeña y barata que no se meta en todo a tener que delegar en la Administración hasta nuestra defensa frente a la Administración.
Por lo demás, el Defensor del Pueblo de Navarra es un órgano oneroso, redundante (ya tenemos un Defensor del Pueblo nacional, organizaciones de consumidores, prensa libre, etc) y no vinculante. Aunque el “Ombudsman” es una figura presente en muchos países (a veces también en algunos con democracias bastante cuestionables), si los tribunales funcionaran adecuadamente poca falta haría el defensor del pueblo. Si no funcionan, de poco servirá la existencia de un defensor del pueblo en cada barrio, salvo como anestesiante, como apariencia de respeto. Cada queja presentada al Defensor del Pueblo de Navarra nos ha costado entre 1.000 y 2.000 euros, según los años. Seguramente hasta los reclamantes hubieran preferido los euros que el dictamen del Defensor.
Que el mandato del actual defensor del pueblo haya llegado a su fin representa una ocasión de oro para replantearse la existencia de este órgano con un presupuesto anual de 800.000 euros.
6 respuestas
La mejor manera de defenderse de la administración es que haya la menor posible y que nos cueste lo menos posible. Prescindiendo del «defensor» matamos dos pájaros de un solo tiro. El que quiera defensores de papel que lea comics de Marvel. Son mucho mejores y más divertidos. Y los hay de todos los gustos y colores.
Total, para lo que ha hecho este individuo (defender nafarroas ñoñez, corricas y euskadianadas) lo mejor es que su vacante la amorticen para siempre jamás, y punto pelota. En el “eres lo que lees” llorarán su adiós.
Se agradecen los servicios prestados por la Institución, pero se extingue. No es imprescindible. Ya tenemos a Ada Colau & Co.
Cada cierto tiempo NC la emprende en contra del DPN, razonando que es una Institución inútil y cuya supresión redundaría en un ahorro de 0,8MM€. Pues bien, aunque me cueste la excomunión, voy a defender precisamente lo contrario, porque a mi juicio es una idea completamente errónea. De todas maneras, creo que NC aprovecha para coger el rábano por las hojas y pedir, a raíz de las opiniones que defiende el Sr. DPN -que entran de lleno en el terreno de la política, donde a mi juicio el Sr. DPN debería abstenerse de entrar- su supresión. Yo también conozco otro caso en que la opinión personal del Sr. DPN me ha parecido extemporánea, discutible y que interfería en las legítimas decisiones de un órg administrativo. Pero ello no quita para separar la Institución de quien la preside de manera coyuntural, y valorar las funciones que tiene encomendadas la Institución al servicio de los ciudadanos de Navarra. 1º Por mi experiencia personal en algunos casos que he sometido a su consideración, dándome la razón en unos y en otros no, los principios conforme a los que actúa esta Institución son muy útiles y de alto valor añadido para el ciudadano: gratuidad, inmediatez, antiformalismo y celeridad. 2º Es una Institución creada exclusivamente al servicio del ciudadano para, precisamente, defender sus derechos e intereses legítimos que la todopoderosa Administración pudiere dañar. 3º Para tratar de defender la simple legalidad administrativa, no meros intereses personales, no existe otra Institución que lo haga de manera DESINTERESADA y GRATUITA, porque no tengo tantos posibles para acudir a la vía contencioso-administrativa cada vez que entiendo que se ha conculcado la legalidad, y menos ahora que es más cara todavía. 4º Aunque yo también defienda la tesis de menos Administración, aun así ésta seguirá teniendo una dimensión extraordinaria, con multitud de órganos administrativos que intervienen en nuestra vida socio-económica dictando todo tipo de disposiciones jurídico-administrativas que afectan a la esfera jurídica de los ciudadanos, en sus derechos y obligaciones. 5º Francamente, el ahorro por suprimir esta Institución es paupérrimo en comparación con sus posibles beneficios, existiendo, por ejemplo, una Corporación Empresarial o una Administración Pública sobredimensionada o una UPNA que nos cuestan muchos millones de euros.
Buena Semana Santa a todos.
Dicen que la política es el arte de lo posible y por esa razón, compartiendo muchos de los argumentos que aquí se han dicho, mi planteamiento es también de orden práctico como el de Teranleto.
Para mi la existencia de un Defensor del Pueblo es la muestra del fracaso de sistema constitucional puesto que revela que el Parlamento no es representativo de la sociedad y que no cumple las funciones que debería de protegernos frente al poder del Gobierno y su aparato administrativo -es decir, lo que en su origen primitivo significa el fuero-.
Como en estos momentos tenemos el sistema de poder que tenemos, con un gobierno sin apenas frenos, y con pocas perspectivas de que cambie a corto plazo, la pregunta que me hago es ¿ganamos algo más allá de unos euros con su supresión? Pues en mi opinión, aun como anestesia, prefiero tener esto a no tener nada.
Claro que esto no quiere decir que renuncie a limitar el poder desaforado del Gobierno pero mientras el Gobierno siga así prefiero mantener los pequeños diques de contención que existen.
PUES ESTOY DE ACUERDO.
Todo un Doctor como el Sr. Enériz apoyó la «Educación para la Ciudadanía» en Navarra y, así, desconoció mi derecho a la patria potestad sobre mis hijos. Fue una vergüenza. Se lo hice saber por escrito y él erre que erre. Sí, con todos sus doctorados. (Los demás tampoco somos mancos).
Dicen que de lo malo lo menos. Pues, en mi familia, dicho desconocimiento fue el mayor mal. Como también lo es que la institución no defienda (no pueda defender) al concebido y no nacido.
No, no es cuestión de títulos ni conocimiento de la ley positiva, sino de verdades y de lo que el actual sistema corrupto y corruptor está haciendo (deshaciendo) con la persona, la familia, la sociedad, y el Fuero privado
?Estos son los «diques» al todopoderoso Estado sin rostro y nombres, sin responsables?
Me alegro del cese del sr. Enériz y deseo que la hipócrita institución del «defensor del pueblo» desaparezca, y ello por motivos monetarios pero sobre todo por la hipocresía que hoy significa.
Ramón de Argonz