Dimos comienzo al primer fin de semana de septiembre con la noticia de un «interesante» movimiento en el ámbito bancario español: dos de los bancos más relevantes de España, CaixaBank (Cataluña) y Bankia (Madrid), pasarán a fusionarse en una única entidad.

Esto tendría como resultado un nuevo ente bancario con un valor de 650.000 millones de euros en activos, 6600 sucursales y unos 51.500 empleados en toda esta nueva plantilla. Así, además, se pasaría a la pendiente «privatización» de Bankia (casi dos tercios del mismo pertenecían al Estado).

Una lectura muy superficial no debería de darnos razones para «llevarnos un susto». Podríamos decir que no pasaría nada en que la dependencia estatal de un banco pasaría a ser historia y en que una entidad, libremente, se fusionase con otra. Pero el trasfondo es mucho más complejo.

Pulsos en el gobierno central por el futuro de Bankia

Como se ha dicho antes, la llamada «privatización» era una tarea a poder considerarse como pendiente de llevar a cabo (tras ese rescate financiero que se llevó a cabo en 2012, siendo entonces una de esas previas cajas de ahorros en números rojos por la susodicha politización).

El gobierno central controlaba una considerable proporción y, por ende, más razones para estar interesados en determinar el futuro de la misma. De hecho, había una especie de «pugna» entre Nadia Calviño y Pablo Iglesias, ambos vicepresidentes.

Mientras que el líder de la filial narco-comunista venezolana en España creía ver una oportunidad para llevar a cabo el «ansiado proyecto» de «banca pública», la titular de la cartera económica, ganadora de este «pulso», prefería valorar distintas opciones de fusión bancaria.

Primero se pretendía recurrir al BBVA para la fusión, tratando así de hacer un enésimo guiño al PNV (partido del que, en cierto modo, depende la gobernabilidad frentepopulista). No obstante, el banco con sede social en Bilbao se opuso. Así que se intentó, con presunto éxito, recurrir al banco catalán en cuestión.

La eurocracia, aliciente de la fusión bancaria

De una u otra forma, el Banco Central Europeo (BCE), instrumento de centralismo financiero eurocrático, insiste en las fusiones bancarias (de hecho, recientemente, ha llegado a valorar el empleo de la «fuerza» si hubiera alguna negativa irreversible).

Arguyen que las maniobras de fusión en cuestión son necesarias no solo para «consolidar» el sector bancario europeo, sino para sortear efectos de crisis económica como la que actualmente tiene lugar, que no deja de ser algo ya gestado antes, debido a la perseverancia keynesiana del sistema (digan lo que digan).

De hecho, cabe recordar que el Banco Santander adquirió, hace tres años, el Banco Popular a un coste prácticamente nulo. Se hablaba de la insolvencia financiera de la segunda entidad, fundada en julio de 1926 y con acciones del rey Alfonso XIII. Y sí, el BCE certificó esto, «avalando» por ende esa fusión.

El verdadero trasfondo no tiene nada que ver con la libertad de mercado

Una vez expuesta la correspondiente contextualización, conviene advertir de que estos movimientos bancarios están más sintonizados con los intereses de las élites de corte globalista que con cualquier interés social y diverso de resolución espontánea.

Todos sabemos que existe una considerable connivencia entre lo que se denomina big government y las llamadas «grandes corporaciones», que experimentan una especie de retroalimentación en la que las segundas tratan de favorecer de una u otra forma los intereses ideológicos y políticos que se den.

En este caso, vemos que el interesado viene a ser el brazo financiero y bancario de la eurocracia, actualmente presidido por la socialista Christine Lagarde. Al mismo tiempo que sirven para centralizar poderes por vías monetarias, se preocupan por la intensidad de la «competencia bancaria».

Cuanto más fragmentada y diversa sea la competitividad de entidades bancarias en el mercado, más difícil se hace la consolidación de la pinza estatista así como el mero control sobre una ingente proporción de transacciones y clientes (de paso, seamos conscientes del asunto del Big Data).

La insolvencia bancaria es más bien culpa del sistema definido por los políticos

En efecto, hay problemas de insolvencia en el sector bancario en general. Pero, pese a lo que pretendan hacernos ver, estos se deben de atribuir principalmente al sistema de reserva fraccionaria, que nutre la expansión de crédito artificial, y los bajísimos tipos de interés (más inflación).

Por lo tanto, ante estas operaciones, que nada tienen que ver con el libre mercado, sino con la existencia del estatismo y sus intereses. De hecho, igual se dan más razones para confiar en el blockchain y sus criptodivisas como desafío a la invasión de privacidad y ahorro estatal.