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La base electoral del centro derecho, la que ha aupado a la presidencia a Mariano Rajoy con mayoría absoluta, la que le puede dejar caer en cuanto haya otra cita con las urnas, decidió su voto el 20 de noviembre en base a una serie de criterios. Que un estado no es viable gastando más de lo que ingresa. Que nadie presta a un estado en pérdidas. Que no se puede reactivar una economía generando deuda sobre deuda. Que para cuadrar las cuentas públicas hacían falta recortes extraordinarios. Que incluso sin crisis el volumen de la administración era ya desproporcionado. Que el gasto público no es gratuito y lo paga el sector privado de su bolsillo. Que subir los impuestos empobrece a las familias, reduce el gasto y contrae la economía. Que cuando esto sucede ni siquiera sube la recaudación. La base electoral del centro derecha, además, entendía que todo esto sucede en un estado de desfase apabullante de las cuentas públicas, dependencia exterior, ruina total y amenaza de quiebra. Es decir, que la situación era (es) crítica.
Ya tenemos impuestos suecos. Fin del parecido
El PP no ha sido valiente. La subida de impuestos va a servir para seguir financiando televisiones públicas y defensores del pueblo de los que nadie nos defiende. Para rescatar sueldos de directivos de cajas de ahorros. Para sufragar un Senado inútil en el que hace falta un batallón de traductores para, de todas formas, seguir sin entendernos. Para pasarnos la cuota todos los partidos y sindicatos sin militar en ninguno de ellos. Para sostener empresas públicas de toda índole cuya existencia no se entiende salvo para colocar a exdirigentes y allegados. Para estipendiar estructuras burocráticas duplicadas, triplicadas y cuadriplicadas cuya mera existencia se ha convertido en un fin en sí misma. No se nos sube los impuestos a pesar de haber eliminado antes todo esto sino, según empezamos a temer, para seguir manteniéndolo. Ya tenemos impuestos suecos pero no tenemos salarios suecos, ni servicios suecos, ni cheque escolar, ni todas esas cosas maravillosas que tienen los suecos: sólo sus impuestos.
Si el gobierno fuera una lavadora, a lo mejor ya la habíamos devuelto
Lamentablemente, el gobierno no tiene una garantía para poder devolverlo cuando, al abrir la caja o al enchufarlo, descubrimos que se trata de un artículo defectuoso. Si se tratara de una lavadora, es probable que muchos de sus votantes ya se estuvieran planteando devolverlo. Habrá que confiar en que el servicio técnico de la marca pueda arreglar todavía esto. El PP ha empezado muy mal. Si quiere conservar el apoyo conseguido debe escuchar a sus bases que se sienten agredidas y siguen pidiendo menos estado, menos gasto, menos impuestos y menos intervencionismo, pero en cambio más reformas, más flexibilidad, más libertad de elección y más cambio. Y más valores, que en eso tampoco se observan cambios.
Aún no es tarde pero el crédito político, como el financiero, también se agota
La inmensa mayoría de los votantes del Partido Popular seguramente aún confían en el gobierno, pero esperan a cambio reformas de inmediato. Cuando la economía se recupere y aumente la recaudación, lo cual dependerá de las reformas que se aborden, el tamaño de la administración debe permanecer congelado para proceder a una rebaja vertiginosa de todos los impuestos.
Un comentario
» Realmente tiene De Guindos bien hecho el diagnóstico?
“España, una economía asfixiada”
noviembre 2011
Carlos Sánchez-Marco
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España, compartiendo los mismos o parecidos problemas económicos que otros países socios de la UE, tiene sin embargo una tasa de paro al menos dos veces más elevada que la media comunitaria. Debe pues existir algún problema específicamente español que explique esta grave divergencia. El artículo propone que el origen remoto del problema español se encuentra en la tradicional situación deficitaria del comercio exterior, muy agravada por la revaluación de la moneda que «de facto» supuso la negociación en 1985 para acceder a las Comunidades Europeas, una revaluación perniciosa que incomprensiblemente pasó y sigue pasando desapercibida en España.
España accede en 1986 a las Comunidades Europeas aceptando en la negociación protagonizada por el gobierno de Felipe González en 1985 – por su ministro de Asuntos Exteriores, Morán, y sin la participación de los ministros económicos Boyer y Solchaga – desmantelar todo el sistema proteccionista – arancelario y de protección por restricciones cuantitativas – que había aislado a España del exterior durante su proceso industrializador desde el Plan de Estabilización de 1959. Pero este desmantelamiento se hace torpemente, sin corregir compensatoriamente – por devaluación – el tipo de cambio de la peseta. De facto, ello significó una fortísima revaluación de nuestra moneda, cuyas nefastas consecuencias todavía se hacen sentir en la deficiente competitividad de la economía española.
Surgen a partir del acceso a la CEE fuertes desequilibrios en el comercio exterior. Pero además de generar un elevado déficit comercial, la revaluación de la peseta que “de facto” resultó de la negociación Morán, tuvo como consecuencia muy grave que la inversión del empresario español huyera de los sectores sujetos a competencia internacional (principalmente la industria) y se concentrara muy principalmente en sectores que como la construcción, la promoción inmobiliaria y los servicios en general, no se enfrentan a una competencia internacional.
El gobierno de Aznar, instalado en España desde 1996, logra con notable rapidez y determinación cumplir los criterios de convergencia y de esta forma participar como socio fundador en la nueva comunidad monetaria de la zona euro. Pero resultará un lastre para la economía española haber accedido al euro con un tipo de cambio sobrevaluado, y ello a pesar de las cuatro devaluaciones de la peseta intervenidas en el período 1992-1995. Esta sobrevaloración de la peseta en el momento del canje con el euro, encareció el coste de los factores productivos de las empresas y elevó el nivel general de precios, resultando una pérdida de competitividad de nuestra economía que todavía soportamos.
La actual situación de estancamiento o de recesión en que se encuentra la economía española ha surgido de la propia reacción espontánea del mercado para dar fin a las perniciosas intervenciones del Estado creando un “boom” artificial a través de una galopante expansión de la masa monetaria via créditos a bajos (o negativos en términos reales) tipos de interés. Esta recesión debe considerarse positiva, pues representa el comienzo de una recuperación económica, como señala a menudo el profesor Huerta de Soto. Y se manifiesta fundamentalmente como una deflación de salarios y precios, una “devaluación interna” que debe corregir los errores del prolongado y artificial “boom”. Y esta deflación no debe ser contestada, sino alentada, por el gobierno y los sindicatos, si no se queire arriesgar que esta deflación se prolongue excesivamente en el tiempo y siga alimentando el desempleo.
Es la asfixia de la economía española que no dispone de ahorro ni público ni privado para invertir, que no dispone de crédito para la función productiva, que durante demasiado tiempo dispuso de un tipo de cambio sobrevaluado que incentivaba la importación y satisfacía a bajo coste el consumo desde el exterior, que utilizaba tipos de interés muy bajos creando una euforia en el consumo y ayudando con tales tipos de interés artificialmente bajos a financiar los déficits de las administraciones públicas, a la vez que desincentivaba el ahorro real, necesario para llevar a cabo la inversión.
Las reformas que se propone llevar a cabo el gobierno de Mariano Rajoy podrán seguramente mejorar la situación de las finanzas públicas, pero es poco probable que provoquen un crecimiento económico suficiente para crear empleo si previamente no se corrige la desincentivación inversora de los empresarios españoles creada por razón de la citada revaluación de 1985.
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