“Los políticos tienen que hacer lo imposible para que les voten, si dicen la verdad pierden las elecciones”
Jesús Huerta de Soto
En estos tiempos convulsos en política, los acuerdos entre partidos se convierten en una verdadera quimera y en ocasiones el sentido común se impone ante una política cada vez más desprestigiada.
En esta ocasión, el despropósito y el ejemplo de que la política tan solo es un generador de conflictos y nunca una solución a los problemas de la sociedad, ha ocurrido estos días atrás con una propuesta en el Congreso de los Diputados de tres partidos políticos. No mencionaré sus nombres para que sus propuestas no os condicionen vuestra opinión.
Las proposiciones eran las siguientes:
- Mecanismos legislativos para que, en un plazo no superior a 12 horas, el propietario legítimo de dicho inmueble pudiera recuperarlo.
- Reformar la Ley de Enjuiciamiento Civil, para conseguir que los desalojos se decidan en un juicio verbal para así agilizar el proceso de devolución del inmueble.
- Modificar la Ley de Seguridad Ciudadana para que, ante indicios del uso del inmueble para delitos graves y flagrantes, las fuerzas de seguridad pudieran entrar e identificar a los ocupas.
- Reformar el Código Penal, para que se pudiera endurecer las penas de presión para dichos ocupas.
- Por último, buscaban asegurar la protección social, económica y jurídica de las familias vulnerables.
Pues bien, tras exponerle cuáles son los puntos que estos partidos proponían, entiendo que, en términos generales, ¿quién va a estar en contra de que, si en su domicilio entran ilegalmente y se quedan en su casa, en menos de 12 horas pueda usted recuperarla? Pues sí, parece que hay partidos políticos que por supuesto, en vez de pensar en estas posibles familias afectadas prefieren tirar de ideología. Es importante recalcar que el fenómeno de la okupación no discrimina entre pobres o ricos, capitalistas o proletariados. No. Es más, las familias con poder adquisitivos tienen recursos para poder poner los medios suficientes para que nadie pueda acceder a su vivienda de manera ilegal; son en última instancia las familias más humildes las que carecen de medios para protegerse y, por consiguiente, se convierten en las más vulnerables.
Dicho esto, la propuesta fue de Ciudadanos, Partido Popular y VOX. La propuesta fue aceptada, aparte de estos tres partidos, por Foro Asturias. La negativa a dichas propuestas viene por PSOE, Unidas Podemos, los partidos nacionalistas y BILDU.
Y tras esto, deberíamos de preguntar a los que votaron “NO” a dichas propuestas el motivo de su negativa. ¿No creen que sea necesario proteger a las personas que ilegítimamente le invaden sus inmuebles? ¿De verdad el nivel es tan bajo como para seguir creyendo que quienes posean en propiedad un inmueble son solo los ricos? Le dejaré unos datos relevantes. En España, el porcentaje de propietarios de viviendas asciende en 2019 hasta el 76,2% según Statista. Es decir, este dato muestra que familias de cualquier clase puede tener una propiedad.
Los socialistas argumentaban su negativa con que la okupación mayoritariamente se produce en inmuebles cuyos propietarios son bancos o fondos de inversión. Dichos argumentos muestran una clara tendencia ideológica, ya que la propiedad privada se debe de defender siempre, independiente de quien sea su propietario.
Como siempre, ante la inutilidad del sector público de resolver los problemas de la sociedad, surgieron diversas empresas privadas cuyo fin es el desalojo a la mayor brevedad posible de los delincuentes. Estos casos invitan a pensar si realmente es necesario un Estado como ente superior para regir la vida de la sociedad.
