Este pasado jueves, en horario nocturno español, se realizó un directo en Instagram, en nuestra cuenta, en el que como corresponsal de EC/NC para Hispanoamérica, participé en una entrevista-coloquio con mi paisano el abogado Gustavo Pareja, la cual puede visionarse ya también en nuestro canal de YouTube.
Existen pocos temas en los que uno puede ser tibio. La política permite consensos, puntos medios y concesiones ideológicas en áreas como la economía y la cultura, y estos suelen ser relativamente menores dentro de la llamada ‘razón de Estado’, que es asegurar los derechos y libertad de sus ciudadanos, asegurar su prosperidad.
Asegurar. Esa es la palabra clave. Asegurar significa proteger, usar la fuerza y la violencia de forma reactiva y de forma preventiva para evitar daños contra la persona y contra su propiedad. Esa es la razón por la que se establece el Estado, al menos según Hobbes en su celebre Leviatán. La seguridad es, en todo sentido, la razón de Estado en cualquier sociedad moderna. Un Estado que no protege a sus ciudadanos ni a su propiedad es, de acuerdo con cualquier parámetro, un Estado fallido.
En su propia institucionalidad Estatal, los Estados monopolizan el uso de la violencia, y desarrollan entes para ejercerla en función de este interés de asegurar a otros, al menos nominalmente, en su vida y en su propiedad. Este es el poder de imperio y esta es la política de seguridad nacional.
Esto se manifiesta en la existencia de unas fuerzas armadas, una policía, un derecho penal, de cortes y de un sistema de justicia, de una administración penitenciaria, de una política de porte de armas, de una estrategia geopolítica, de tantas otras cuestiones que aumentan el tamaño del Estado administrativo, que termina empleando a más personal civil que militar en lo que se consolidad como la democracia liberal moderna.
Pero curiosamente, la seguridad nacional, dentro de la Hispanósfera, y especialmente en el caso ecuatoriano, parece ser un autentico fiasco. No solo se trata de una crisis carcelaria, como pude escribir hace meses aquí, ni de la tibieza natural de los liberales, que apenas entienden de economía al realizar política pública, y que ceden ante la izquierda en todo lo demás. Se trata directamente de una incapacidad expresa para ejercer poder y con ello cumplir con la única obligación exigible que tiene el Estado frente a sus ciudadanos, la de proveerles seguridad.
No se trata de apuntar a alguna persona o grupo y particular y culparlo de todos los males en la estrategia de seguridad nacional ecuatoriana. Guillermo Lasso no tiene la culpa de no poder ejecutar sus planes, y desde luego, se nota que su actuación es mas reactiva que otra cosa.
De todas formas, también es notoria la falta de asesoría pertinente y de información adecuada para hacerlo, a veces al punto de que se puede creer que alguno o algunos de sus asesores parecería actuar de mala fe en las acciones que el presidente realiza bajo sus recomendaciones.
Tampoco es culpa de su ministra de gobierno, Alexandra Vela, ya que la seguridad nacional no es su área de experticia. Ella es más académica que política o abogada, y desde sus tiempos en la academia, su principal preocupación era la promoción de feminismo en los sílabos de la universidad en la que se destacaba como decana de su facultad de derecho (donde casualmente también enseñan otros de los miembros cercanos del equipo de Lasso).
Definitivamente no puede ser responsabilidad de sus otros altos funcionarios, como Pablo Arosemena o Aparicio Caicedo, que bien son empresarios o ideólogos del economicismo liberal, que definitivamente no conocen de seguridad nacional, y que lo que pueden hacer en sus labores es inocentemente proponer ciertas ideas que les parezcan razonables, como prohibir la movilización de varias personas en una sola motocicleta (ya que esa es la modalidad principal en la que los perpetradores del crimen de sicariato lo realizan, sobre todo en la ciudad de Guayaquil).
No puede ser culpa de la cúpula del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas del país, ya que eso no esta en sus manos, ellos no producen el derecho penal aplicable para disuadir del cometimiento de delitos, ellos no toman las decisiones para movilizarse contra la delincuencia, y en última instancia, están incluso más limitados que el resto de funcionarios por la cantidad ridícula de regulación interna que determina la aplicación del uso de la fuerza de acuerdo a la doctrina de uso progresivo, además de estar sujetos a la misma justicia penal que los propios delincuentes (ya que su justicia marcial fue eliminada por el régimen correísta).
Sin autonomía, bajo ningún aspecto ellos pueden ser responsables de la seguridad nacional: ellos solo siguen ordenes, y las ordenes las toman las autoridades civiles, ideologizadas y leales al Estado de Partidos.
¿Podrían tener la culpa los jueces penales, o tal vez los magistrados de la Corte Constitucional? En el fondo, tampoco ellos son responsables, ya que los primeros apenas son meros aplicadores de la norma penal que es diseñada y emitida por la dictadura de partidos desde la seguridad de sus curules legislativos, y los segundos son los leales guardianes del orden establecido por Rafael Correa y sus lacayos en la Asamblea Constituyente de 2008, aplicando textualmente todas las doctrinas neoconstitucionalistas y garantistas que fueron impuestas en la norma suprema y que les fueron enseñadas por la academia y que son replicadas constantemente por los expertos invitados a los medios de comunicación.
¿Es entonces la Catedral responsable por la crisis de seguridad nacional? ¿Cómo podría serlo? Ellos no ejercen poder: sus altos sacerdotes en la academia y en los medios ostentan poder de imperio ni pueden hacer uso del monopolio del uso de la fuerza por el Estado. Ellos solo generan, replican y repiten ideas, además de promoverlas y enseñarlas.
La doctrina del uso progresivo de la fuerza y del control de los funcionarios de seguridad por parte de la justicia ordinaria fue diseñada por ellos, desde luego, pero eso no implica que ellos lo hayan aplicado en el ordenamiento constitucional y legal ecuatoriano. Ellos apenas se lo enseñaron a los legisladores constituyentes, a los funcionarios judiciales y a los altos magistrados y burócratas que ahora ostentan poder en el Estado.
Pero entonces, ¿son los burócratas, el Estado administrativo, el responsable de la inseguridad en el país? Tampoco, ya que al igual que las fuerzas armadas, ellos solo aplican las ordenes y los mandatos legales que les son dispuestos, y directamente no ejecutan políticas de seguridad nacional, sino que las disponen y emiten en normas y reglamentos que afectan a quienes si lo hacen en la práctica y en el campo.
La respuesta sencilla, lógica, y de sentido común, es que la crisis de seguridad nacional está provocada por la delincuencia común y por el crimen organizado, que en muchos aspectos es incluso comparable al Estado, tanto en su organización, per se, como en su complejidad y en el uso de la fuerza (las comparaciones con las mafias regionales italianas y su relación toxica de conveniencia y conflicto con la República italiana es redundante en este punto, además de estar extensamente documentada por Roberto Saviano), pero también es responsable de esta el Estado, con su componente administrativo y su soberanía judicial, que limita a sus fuerzas del orden y de la ley a aplicarlas y recuperar el control de su propio territorio (componente esencial de la soberanía real).
También es responsable la sociedad civil, por dejar que charlatanes eduquen a sus elites y disuadan su capacidad defensiva desde las aulas y desde las cámaras, ya que sus ideas nefastas terminan aplicándose en leyes y reglamentos.
Geopolíticamente, también son responsables ciertas potencias extranjeras, que han educado a algunos de los funcionarios más respetables del régimen democrático ecuatoriano, y de quienes se ha replicado su modelo de Estado, para malestar de nuestra población a casi medio siglo de haberse aplicado sus ideas de gobierno.
No debería ser casual que quienes diseñaron el Estado de partidos en los 70s ahora también asesoren al presidente Lasso. Al fin y al cabo, el régimen que crearon fue el que produjo al monstruo del correísmo, que implementó, de mala fe, muchas de las políticas que han emasculado al Estado ecuatoriano en su capacidad defensiva, y que son la causa directa de la crisis de seguridad nacional.
Pero ¿qué se puede hacer, si el propio sistema y la propia presión social impide la opinión disidente y filtra la realidad de quienes tienen poder político para cambiar sus condiciones?
¿De que sirve que el presidente declare estado de excepción en el sistema carcelario o en algunas regiones del país si de todas formas este puede ser invalidado por la Corte Constitucional y el ejercicio del poder de impuesto esta limitado por la regulación del Estado administrativo y por los dogmas de derechos humanos y del garantismo penal que enseña la academia y difunde la prensa del establishment criollo?
Culpar al correísmo es fácil, porque responde a la pregunta cui bono respecto a la crisis de seguridad nacional. Las pruebas son claras: los vínculos con la narcodictadura venezolana, la desestabilización política que provoca la inseguridad, las redes de corrupción facilitadas por el régimen jurídico dispuesto en el tiempo que estuvieron en el poder.
Pero ante un problema integral que se heredó del correísmo, ¿Por qué Lasso insiste en mantener el mismo orden constitucional? ¿Por qué no intenta reformarlo en su totalidad para enfrentar y resolver estructuralmente la crisis? ¿Qué es lo que le impide actuar con la propia fuerza que la Constitución le otorga?
Ante todas esas interrogantes, en el Ecuador, así como en otros países de la región afectados por cuestiones similares, la seguridad nacional seguirá siendo un fiasco, y con ello, nuestros Estados estarán al borde de ser Estados fallidos, y nuestra población se mantendrá al borde de la pobreza, de la dependencia estatal e internacional, y sobre todo de la indignidad, ya que, sin seguridad, poco se puede hacer.
