Nuestro Código Penal, en el artículo 417 bis, despenaliza por un lado dos supuestos con un límite temporal:
- Violación, hasta 12 semanas de gestación.
- Graves taras físicas o psíquicas en el feto, hasta 22 semanas.
Y por otro lado establece un tercer su puesto sin límite de plazo alguno:
- Grave peligro para la vida o la salud física o psíquica de la embarazada.
Por tanto, y por más brutal que les pueda parecer, es un hecho que en España es perfectamente legal eliminar a un niño de ocho meses, porque la ley no establece ningún límite de tiempo en este tercer supuesto. Pueden leer la ley cuantas veces les plazca para comprobarlo.
La legislación española no se plantea cuándo comienza la vida humana para establecer unos plazos que respeten esa vida. De hecho establece un plazo de 12 semanas para un supuesto, luego otro de 22 semanas para otro, y aún añade un plazo ilimitado para el tercer supuesto. Podría discutirse si la vida humana empieza a las 12 semanas, a las 22 o en el momento del nacimiento, pero lo que no puede ser es que unas vidas humanas comiencen a las 12 semanas, otras a las 22 y otras al nacer. Por tanto es un hecho que para nuestra legislación es irrelevante si cuando se aborta se está eliminando o no a un ser humano.
El caso es que hemos tenido noticia de una conferencia pronunciada en Roma por el doctor Santiago Barambio, portavoz de ACAI, la asociación que planea abrir una clínica abortista en Pamplona. Las palabras de Barambio permiten albergar las peores sospechas respecto a las actividades de esta asociación.
Como ha quedado expuesto, la ley despenaliza el aborto en 3 supuestos, imponiendo unos plazos límite en dos de ellos (12 y 22 semanas). Los supuestos, además, se limitan a "un grave peligro para la vida o la salud física o psíquica de la embarazada", al supuesto de violación, o al de "graves taras" para el feto. El portavoz de ACAI, ya de entrada, titula su ponencia "Porqué en España se practican abortos hasta las 26 semanas". Un título llamativo teniendo en cuenta que las 26 semanas (seis meses y medio de embarazo) no se corresponden con ninguno de los plazos que establece la ley para ninguno de los supuestos contemplados. Todo parecería indicar que ACAI, por la vía de la interpretación, ha rebasado la legislación vigente hasta convertirla en una ley de plazos hasta las 26 semanas, e incluso más en algunos casos. Naturalmente esto ha convertido a España en una ruta de turismo abortivo, puesto que aquí se practican los abortos que resultarían ilegales en casi toda Europa. Esto es lo que se nos viene a Navarra.
Durante su conferencia, no obstante, el portavoz de ACAI aportaba algunas cifras clarificadoras respecto a la realidad del aborto en España. Tal y como señalan las siguientes gráficas, en 2004 (cifras del doctor Barambino) sólo el 3,57% de los abortos se practicaron en centros públicos. El 96,44% de los abortos se practicaron en clínicas privadas. El otro dato relevante es que, de los abortos practicados, sólo el 0,02% tuvieron como origen una violación y únicamente el 3,06% fueron por malformaciones en el feto: el 96,7% restante se justificó por el vaporoso supuesto del riesgo para la salud psíquica de la madre.
No parece casual tampoco que los centros públicos sean quienes se hacen cargo de los primeros supuestos, quedando para las clínicas privadas el vidrioso supuesto de la salud física y psíquica de la madre, cuya interpretación dejaba bastante clara el portavoz de ACAI en su ponencia.
Según el mismísimo diario El País, por otra parte, hay 6 comunidades autónomas (Navarra, Extremadura, Murcia, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Andalucía) en las que no se practican abortos en la sanidad pública. La situación de Navarra, por tanto, está lejos de ser excepcional. No es necesario recalcar, además, que Andalucía y Extremadura son además tradicionales bastiones socialistas.
Por último, las cifras de El País revelan un dato estremecedor, que es el espectacular y continuo aumento del número de abortos en España.
O ahora estamos mucho menos liberados que hace 15 años, o es evidente que la "educación sexual" progresista ha fracasado. Aparentemente, la única solución para resolver los problemas derivados de la trivialización del sexo ha sido la trivialización del aborto.