Hace unos días el PP y el PSOE anunciaban un acuerdo para renovar, entre otros, el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas o el Defensor del Pueblo. El acuerdo no consistía en un cambio del sistema de elección, para que los nombramientos fueran independientes, sino en un mero intercambio de cromos en el que además nunca queda bien parada la independencia judicial ni el equilibrio de poderes del estado. Como muestra de todo ello el hecho de que el nombre que haya trascendido como futuro Defensor del Pueblo sea el de Angel Gabilondo, hace cuatro días candidato del PSOE a la presidencia de la comunidad de Madrid.
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#ÚltimaHora 🔴 Primer pacto a la vista: el PP, dispuesto a aceptar a Gabilondo como Defensor del Pueblo https://t.co/qo4Dz9WJAv
— EL MUNDO (@elmundoes) October 21, 2021
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Que Gabilondo sea el futuro Defensor del Pueblo resulta preocupante en más de un sentido. Por un lado, ciñéndonos a este cargo, el Defensor del Pueblo debe ser una instancia capaz de defender al pueblo frente al poder. Es decir, en la esencia del Defensor del Pueblo está el defender al pueblo del gobierno, ¿pero cómo va a ser imparcial el Defensor del Pueblo en un conflicto entre el gobierno y el pueblo si lo nombra el gobierno? Angel Gabilondo, como Dolores Delgado, no es que no sea independiente, es que no tiene ni la mínima apariencia exigible de independencia. Parece ser que la adjunta al Defensor será Teresa Jiménez Becerril, ex eurodiputada del PP, otro perfil sin atisbo de imparcialidad y que ni siquiera equilibra el partidismo del Defensor.
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Por otra parte, este indisimulado partidismo en los nombramientos relativos a la oficina del Defensor del Pueblo anticipan el tenor de los nombramientos que podemos esperar en el resto de instituciones, empezando por el Tribunal Constitucional. Siendo los que designan los nombres los mismos protagonistas, ¿podemos esperar que sean descaradamente partidistas en unos nombramientos y en otros no? ¿Qué clase de Tribunal Constitucional va a salir de este acuerdo? La nota esencial de un tribunal debe ser la imparcialidad. Cierto que la imparcialidad absoluta no existe, lo que no valida el disparate de dar por buena la dependencia absoluta. El arbitro de un partido en el que juega el Real Madrid no puede ser un socio del Madrid. El juez no puede ser el primo de una de las partes del proceso. La imparcialidad, si no absoluta la mayor posible, debe ser lo fundamental para cualquier juzgado o tribunal. ¿Qué imparcialidad se puede esperar de la mayoría de un tribunal respecto al partido o el gobierno que la nombra? De hecho la Constitución prevé un sistema de nombramientos mucho más independiente del que se está aplicando, ¿pero eso quién lo vigila, el Tribunal Constitucional?
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Como colofón, Francisco Javier Enériz lleva desde 2007 ocupando el puesto de Defensor del Pueblo de Navarra, y desde 2013 lo viene haciendo de forma interina, ya que no se ha podido pactar su sustitución. O sea, que Enériz lleva mucho más tiempo interino que en ejercicio normal. Salta a la vista que tenemos un problema, que la solución tiene que venir de una mayor independencia de los partidos y los gobiernos, y que la solución no puede ser repetir el error.
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Alternativamente, si ni siquiera sus partidarios son capaces de gestionar los relevos, podríamos plantearnos la supresión de la institución, al menos en el caso de los defensores del pueblo. O sea, ¿de qué gran peligro nos ha protegido últimamente ningún defensor del pueblo? Cuando se recomendó no usar mascarillas, o se decretó un estado de alarma ilegal, o se cerró ilegalmente el Congreso, ¿dónde estaba el Defensor del Pueblo? De todo lo que puede hacer un defensor del pueblo, caso de que haga algo, ¿qué es lo que no podrían hacer y más eficazmente la justicia, los medios o las asociaciones de consumidores? Además de evitar un problema cada vez que hay que renovar el cargo, a lo mejor hasta ahorrábamos dinero suprimiendo un cargo innecesario.
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