El fiscal acusa Casimiro Larrea de un delito de prevaricación, por adjudicar en 2005 dos viviendas de protección oficial “omitiendo no ya sólo la legislación vigente sino cualquier tipo de procedimiento administrativo”. La pena reclamada por la fiscalía es de ocho años de inhabilitación especial para empleo o cargo público.
Las viviendas habían quedado vacantes por fallecimiento de un adjudicatario, en un caso, y por la imposibilidad por parte del asignado de pagar las escrituras en otro. Sin embargo, éste hecho no se hizo público y se adjudicaron “a dedo” (según posterior confesión del alcalde en un pleno) las viviendas a dos particulares que sí tuvieron acceso a la información, pero que ni siquiera habían participado antes como solicitantes en el proceso de adjudicación de las VPO.
