El pasado mes de junio el “exprópiese” llegaba de Venezuela a Navarra a través del Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos dirigido por José María Ayerdi Fernández, de Geroa Bai. Unos 2.000 propietarios navarros recibieron una carta que podían haber firmado Hugo Chávez o Tony Soprano requiriéndoles poner en alquiler una serie de viviendas que el gobierno estimaba vacías en virtud de los datos de consumo. En caso contrario, se amenazaba a los propietarios con “la incoación del correspondiente expediente sancionador o expropiatorio”.
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Además del intolerable tono amenazante más propio de la mafia que del gobierno, aunque hay quien dice que la diferencia es una sutileza, el consejero reconoció posteriormente que la amenaza era mayormente inviable al menos tratándose de propietarios particulares, ya que la ley no contempla la expropiación de viviendas vacías en su caso. No obstante, el asunto volvió ayer al parlamento foral en donde el consejero Aierdi y el director general de Vivienda, Eneko Larrarte (ex-IE) presumieron de la bondad de su iniciativa, denunciando que «resulta un contrasentido que en Navarra haya miles de personas demandantes de vivienda de alquiler y, paralelamente, existan numerosas viviendas vacías, muchas o pocas, cuyas personas propietarias, físicas o jurídicas, por distintas circunstancias, renuncien a ponerlas a disposición de esta necesidad social». Para los dos mandatarios «Es evidente que estamos obligados a detectar estas viviendas e intentar ponerlas al servicio de la demanda de alquiler».
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La consecución de ese objetivo parece cuestionable por un lado porque, como se ha indicado, la ley no prevé que se pueda expropiar a los particulares que tengan una vivienda desocupada, y por otro porque, según confesión de los propios comparecientes, las viviendas vacías existentes en Navarra «no son tantas como las que hubiéramos podido pensar en un principio y esta vía no va a ser, por sí sola, la solución a la creciente demanda de vivienda de alquiler».
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Lo cierto es que la medida de expropiar o violentar a los propietarios, aunque nuestros mandarines de burocracia central no lo sepan, nunca resolvería el problema de la vivienda sino que vendría a agravarlo. Si la gente no puede comprar una vivienda sin la seguridad de que se le expropien o se la llenen de gente que no quiere, la gente dejará de comprar segundas viviendas, ya sea como inversión, para dejar a sus hijos, o por cualquier otra razón. O sea, el gobierno crearía una oferta de viviendas expropiadas u obligatoriamente alquiladas pero al mismo tiempo cegaría esa fuente.
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Los comparecientes gubernamentales hablaron de la inversión en vivienda como una herejía intolerable y especulativa, impropia de buenas personas. Sin embargo, ya nos dirán nuestros bienamados chapistas del comunismo en dónde puede proteger un navarro de bien sus ahorros. ¿En el IBEX35? ¿En el Hang Seng? ¿Debajo del colchón? ¿Por qué no en inmuebles? ¿O mejor que los navarros no ahorren? ¿Así piensan los neochavistas que nos gobiernan generar riqueza en esta comunidad? ¿No se dan cuenta de que machacar al propietario no ayuda a fomentar el alquiler sino todo lo contrario y que es precisamente la seguridad jurídica lo que estimularía y haría más atractiva esa opción?
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Navarra Suma puso además sobre la mesa un asunto vidrioso cual es la pregunta de cómo y por qué el gobierno foral usó los datos de consumo para mandar las cartas amenazantes. ¿Es legal usar esos datos con ese fin y sin otro procedimiento que el que se ha usado para remitir esa carta? Al parecer existen bastante dudas jurídicas a este respecto. La próxima carta intimidatoria en qué se basará, ¿en los datos suministrados por la aplicación RadarCovid?
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