Los representantes de Navarra Suma en el Congreso de los Diputados han registrado 18 enmiendas contra la “LOMLOE”, o simplemente la “Ley Celaá”, ya que esta formación entiende que no respeta la libertad de elección de centro de las familias, ataca a la educación concertada y trata de acabar con la educación especial.
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Las enmiendas tratan de revertir los efectos nocivos para la libertad educativa del proyecto legal, reclamando entre otras cosas que se garantice la existencia de plazas escolares tanto en centros públicos como concertados, atendiendo a las necesidades de escolarización, la demanda y el interés de las familias y alumnado, con el fin de garantizar la libertad educativa que consagra la Constitución, por otro lado un derecho humano, natural y preconstitucional, recogido en la legislación internacional.
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Algunas de las enmiendas van encaminadas también a mejorar las condiciones económicas y laborales de los centros concertados, especialmente de los docentes.
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Respecto a la educación especial, UPN ha presentado una enmienda de supresión de la disposición adicional cuarta por la que, según entiende la formación regionalista, “el Gobierno de Sánchez emprende un camino para erradicar la educación especial, lo que es un error inmenso y ataca de nuevo la libertad de elección”.
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Asimismo se defiende la libertad de las familias para que no se discrimine a los centros que imparten educación diferenciada, teniendo en cuenta que el Tribunal Constitucional amparó dicho modelo en la sentencia STC31/2018 de 10 de abril: “Tratamos de defender la libertad de los padres a elegir el tipo de centro que consideren mejor y la de los centros a ofrecer el modelo educativo que decidan”.
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Al margen de todo lo anterior, conviene señalar el hecho mismo de que en este momento, en plena pandemia, mientras habla de unidad, es más, mientras exige unidad, el gobierno social-chavista está propulsando una agenda radical de la que esta nueva ley educativa no es sino un episodio más, junto a unos Presupuestos pactados con Bildu, la nueva ley de memoria histórica que se pretende aprobar, la ley de la eutanasia, los indultos a los golpistas catalanes o la mesa de diálogo para Cataluña.
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Es evidente que todo este programa que es una agresión en toda línea a la España que no es ultraizquierdista o nacionalista no tiene como objeto propiciar la unidad. No es tampoco resultado de ningún consenso, ninguna oferta ni ninguna negociación. Es un programa de máximos que excluye a todos los que no piensan como el gobierno y ante el que además, aprovechando la pandemia y en nombre de la pandemia, aunque no tiene nada que ver con la pandemia, se exige total sumisión.
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Por el contrario, al rechazo lógico que sin coronavirus ya suscitaría en la vieja normalidad el programa del gobierno social-podemita, hay que sumarle precisamente el rechazo añadido de que se intente imponer aprovechándose de la situación excepcional y de la muerte de decenas de miles de compatriotas. En un momento en que habría que buscar la unidad, el gobierno por el contrario apuesta por la confrontación, incluso por la máxima confrontación. Pero es que además harían bien todos los partidos de la oposición en rechazar por completo la agenda gubernamental, incluyendo la gestión del coronavirus, porque es un auténtico manual de cómo llevar a un país al desastre. Aparte de imponer su programa, el gobierno intentará mutualizar la responsabilidad cuando nos conduzca al desastre, por lo que no procede otra cosa que un rechazo total y frontal que, de cara al futuro, conste inequívocamente en la hemeroteca. Si no otra cosa, que al menos la oposición pueda presentar este rechazo como un activo político y dejar al gobierno toda la responsabilidad por los daños causados. Es decir, la agenda política de Pedro Sánchez es el arma política con el que se van a cargar el país, mucho mejor que en el futuro no se pueda encontrar en ella ninguna huella de la oposición.
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