El Constitucional entreabre la puerta a las expropiaciones de viviendas desocupadas en Navarra

El Tribunal Constitucional ha avalado que el Gobierno de Navarra pueda expropiar las viviendas deshabitadas si su titular es una persona jurídica, cuando hayan estado desocupadas por dos años y se haya desatendido la orden de que sea ocupada. Por contra, el Tribunal ha anulado, por ser una competencia estatal, la parte de la Ley Foral de la Vivienda de 2013 que declaraba causa suficiente para la expropiación el que hubiera personas en situación de emergencia social desahuciadas por bancos o entidades similares de esa vivienda.

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La sentencia del Constitucional supone una de cal y otra de arena respecto a la ley de 2013 en cuanto no permite que se expropie una vivienda para impedir un desahucio, por lo que los bancos podrán seguir desahuciando, pero tendrán que arrendar o dar un uso a la vivienda antes de dos años para evitar que pueda ser expropiada.

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Una sentencia que puede parecer buena para la gente y no serlo

A primera vista alguien podría pensar que es estupendo poder expropiar a los bancos los pisos que tienen desocupados y entregárselos a la gente que se ha quedado sin techo. Pero hay muchas maneras de evitar que la gente se tenga que ir a vivir debajo de un puente sin crear un problema mayor del que se intenta arreglar, como podría ser el caso.

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Para empezar, los bancos no tienen vocación de convertirse en inmobiliarias. Si un banco se tiene que quedar con algún piso, normalmente es porque se lo ha tenido que quedar por el impago de un crédito. Lo que el banco hubiera querido, obviamente, es que le pagaran el crédito, ya que cargar con un inmueble le resulta mucho más problemático.

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Un banco, por ejemplo, se puede encontrar con el problema de que alguien no le paga un crédito y a cambio se tiene que quedar con su piso. Aparentemente el banco no sufre un perjuicio pero si, como suele suceder en los momentos en que abunda la gente que no puede pagar sus créditos, hay un declive económico general, resulta que cuando el banco intenta vender el piso ya no le dan los 200 mil que costaba cuando se compró, sino 160 mil, lo que se traduce en un agujero de 40 mil euros para el banco. Si esto le sucede muchas veces con muchos pisos, tenemos un problema importante para el banco.

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Es por lo anterior que el banco, frecuentemente, no vende ni ocupa el piso. No lo vende para no tener que materializar una pérdida. En su lugar, espera a ver si el mercado inmobiliario se recupera más adelante y lo puede vender a mejor precio. Tampoco lo alquila porque su propósito no es ni acumular pisos ni alquilarlos, sino deshacerse de ellos para recuperar el dinero prestado. Más aún si lo alquila, el inquilino no paga y en vez de resolver un problema tiene el que tenía y otro más. Lo que nos lleva al siguiente punto.

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Blindar al inquilino frena el mercado de alquiler

Resulta paradójico que la izquierda intente fomentar el mercado de alquiler blindando al inquilino. Tiene que haber propietarios de pisos para que se alquilen pisos, pero uno no alquila un piso si, en caso de impago del inquilino, resulta casi imposible echarlo. Naturalmente el estado puede comprar una enorme cantidad de viviendas, alquilarlas y no echar a los inquilinos que no pagan, pero entonces se carga sobre el contribuyente y la pesada mochila fiscal que ya lleva sobre su espalda tanto la compra de esos inmuebles como los alquileres que no se pagan. Por no citar otros dos problemas.

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El primero que si generamos una cultura de que se puede comprar un piso, no pagarlo y quedarse en el mismo piso, a largo plazo sólo los idiotas pagarían un piso.

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El segundo que si los bancos no pueden echar del piso al moroso que no paga un crédito hipotecario, lógicamente dejarían de aceptar las casas como garantía hipotecaria. Y entonces, ¿cómo avalaría la gente sus créditos? En vez de resolver el problema de la vivienda a un pequeño porcentaje de personas, se crearía un problema generalizado de acceso a la vivienda.

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Es fácil vender cierto tipo de discursos contraponiendo la “gente” a la banca, el capital a las familias desahuciadas, lo «social» a lo privado, pero no siempre el resultado de ese discurso o sus promesas más pirotécnicas se traducen en el mundo real en una mejora de la situación de la gente, sino todo lo contrario. Sin embargo, la verdad es que solucionar el problema de vivienda de las pocas familias y personas que acaban en la calle tras un desahucio resultaría relativamente barato y sencillo sin necesidad de dinamitar la propiedad privada y la seguridad jurídica con carácter general, mediante medidas puntuales mucho más racionales como la dación en pago o los cheques vivienda. En Navarra, durante el período 2003-2016, sólo el 0,01% de las hipotecas constituidas sobre viviendas dieron lugar al inicio de una ejecución hipotecaria. Hablamos de un número de casos realmente pequeño y que podría haber sido paliado con una partida realmente pequeña de dinero público. Con sólo un millón de euros, sin necesidad de amenazar la propiedad privada, se podría realojar en régimen de alquiler a los afectados por 150 desahucios. En el tercer trimestre de 2017, para ofrecer un dato orientativo, sólo hubo en Navarra 11 ejecuciones hipotecarias sobre viviendas. Todo ello sin cuestionar la propiedad, sin esperas, sin procesos judiciales y sin sentencias en las que se ofrece una de cal y otra de arena.

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