Uno despedía este recién pasado fin de semana con la lectura de una noticia cuyo titular era el siguiente: España contacta a sus socios europeos para armar una respuesta conjunta a los aranceles de Trump. En otras palabras, la Administración Sánchez estaría buscando líneas de acción conjuntas con otros «socios eurocráticos».

Pero, una vez más, se deja claro que detrás de todas esas intenciones no hay un mero interés por el libre intercambio de bienes entre dos personas o entidades dentro del entorno natural del mercado, sino una mera intención geopolítica e ideológica de hacer frente a un mandatario norteamericano que, con sus aciertos y errores, molesta a un establishment «progre» transatlántico.

Eso sí, no me voy a centrar en ello, sino en un ejemplo que también ha saltado a la actualidad de comienzos del presente mes de octubre y sigue sin enfocarse bien dentro del análisis (si bien por otro lado se incurre en el cinismo habitual): el Gobierno de España delega completamente en la Denominación de Origen del espumoso la autorización de nuevos cultivos de viñedos en Requena y Almendralejo.

No solo se trata de un mero favor a la oligarquía catalana

No es descabellado (tampoco algo muy alejado de la realidad) afirmar que la oligarquía catalana ve una amenaza en el espumoso extremeño, que por razones de binomio calidad-precio no deja de crecer en el mercado (es un producto muy competitivo tanto a nivel nacional como internacional, más allá de los países vecinos europeos).

Sabido es que los sucesivos gobiernos han hecho numerosas cesiones tanto a la oligarquía como a los gobiernos regionales catalanes (inyecciones de liquidez, subvenciones…) pese al continuo chantajismo del llamado prusés. Una de estas podría basarse, perfectamente, en la ayuda al intento de blindaje de un producto vinícola de la competencia espontánea de flujos que surgen en el mercado. Pero hay «un más allá»…

Las Denominaciones de Origen como factor radical del problema

Con todo mi respeto, pensar en los organismos o consejos reguladores de las Denominaciones de Origen como meros organismos de cuerpo intermedio que defienden los intereses de los comerciantes de productos alimentarios (todo bajo adscripción voluntaria, sin ninguna clase de coacción estatal) no es sino un mero acto de ingenuidad.

Gracias a los consejos reguladores, determinados grupos de interés imponen al poder ejecutivo qué política de tratamiento comercial ha de aplicar para sus productos (aranceles a la competencia, restricciones de cultivo o producción, subvenciones). De hecho, existe una considerable vinculación entre estos y los organismos ministeriales con competencias políticas en materia de agricultura.

Así pues, en este caso, la oligarquía catalana, al tener un considerable control del órgano, tiene facilidades considerables para poner obstáculos a productos de su competencia como el espumoso extremeño. Aunque haya empresas privadas de por medio, no es improbable ni infrecuente la connivencia de intereses para con los burócratas de turno.

Por lo tanto, a la hora de abordar esta cuestión, habría que reivindicar el fin de los consejos reguladores de las Denominaciones de Origen. Simplemente basta que, en base a un tinglado de buenas prácticas morales de ley no escrita, se opere en el mercado ofreciendo un producto a la mayor calidad posible (con buena promoción, sin «estrangular normativamente» otras opciones).