El caso de la concejal de Bildu que atropelló a dos ancianos en Fin de Año

Probablemente a estas alturas ya estarán ustedes al corriente de lo sucedido el 31 de diciembre pasadas las 20 horas. La concejal de cultura del Ayuntamiento de Pamplona, Maider Beloki, de Bildu, atropelló a dos ancianos al echar marcha atrás con su vehículo al salir del sitio en donde estaba aparcado. Poco antes había tenido lugar la carrera de San Silvestre y Beloki había asistido a la entrega de premios. Como consecuencia del atropello, la anciana sufrió una fractura de pelvis.

Al margen de las consecuencias para los atropellados, el suceso empieza a enturbiarse por dos motivos.

Por un lado, a la concejal de Bildu no se le somete al alcoholímetro. Por otra parte, resulta que la agente que toma la decisión de que la concejal no se someta a esta prueba es una activista bien conocida del sindicato APM, protagonista de numerosas polémicas con Simón Santamaría y diversos cargos municipales, la cual incluso encabezó escraches contra Enrique Maya frente a su domicilio. Obviamente no se puede afirmar que la agente actuó impulsada por sus simpatías o sus fobias, pero su cuenta de Twitter refleja claramente que ciertas afinidades y ciertas fobias existen y es la propia agente la que las hace públicas, pudiendo alimentarse con ellas ahora, aunque sea injustamente, la polémica y la sospecha.

Finalmente, existe desde 2012 una orden de la jefatura de la Policía Municipal que establece que todas las personas implicadas en accidentes de tráfico sean sometidas a la prueba del alcoholímetro. Obviamente la agente no actuó conforme a esta orden en el caso de la concejal de Bildu.

Respecto al incumplimiento de esta orden, en las últimas horas se han venido sucediendo diversas justificaciones, alguna por parte de la propia agente. Por ejemplo, que la agente se dedicó primero a atender a los atropellados, que la realización de la prueba es una decisión potestativa de cada agente, que la Ley de Tráfico establece que los agentes podrán, pero no que deberán realizar la alcoholemia a las personas responsables de un accidente, lo que entraría en contradicción con la orden de la Jefatura de la Policía Municipal, o que la concejal de Bildu, a criterio de la agente, no presentaba ningún síntoma de embriaguez, y que es común que no se haga la prueba del etilómetro en estos casos.

Estos argumentos, sin embargo, parecen bastante endebles.

Que lo primero era atender a los atropellados está claro, pero luego se podría haber hecho la prueba pertinente a la concejal. Sin duda hubo un momento en el que, al llegar los sanitarios, la agente pudo volver a dedicar su atención a la concejal, u otro agente pudo hacerle la prueba.

Lo que establece la Ley de Tráfico es que los policías podrán obligar a las personas responsables de un accidente a someterse a la prueba de alcoholemia. Lo que establece la orden de la Jefatura de la Policía Municipal de Pamplona es que, puesto que la Ley permite que los policías puedan someter a los responsables de un accidente a la prueba de alcoholemia, que esta se haga siempre. No se aprecia por tanto contradicción alguna entre la Ley y la orden dada a los agentes. Todo lo contrario.

Que esta orden se incumpla de forma generalizada tampoco justificaría a la agente. En primer lugar habría que comprobar si esto es cierto. En segundo lugar, esto no justificaría a la agente en este caso sino que inculparía a otros agentes en otros casos. El director del área de Seguridad del Ayuntamiento, Xabier Ibáñez, declaró ayer tras preguntársele si es habitual que los agentes hagan la prueba de alcoholemia tras un accidente que habitualmente «sí se hace», aunque justificó a la agente que no la hizo. Ibáñez se refirió durante toda la comparecencia a la concejala por su nombre de pila, Maider, dando mucha más impresión de familiaridad con la concejal que de distanciamiento objetivo y analítico.

Si la policía tiene orden de realizar la prueba en todos los casos en que hay un accidente, por otro lado, resulta irrelevante que la agente apreciara o no síntomas de embriaguez en la concejal. De todos modos, la Policía Municipal detiene continuamente vehículos y realiza la prueba a conductores que no presentan síntomas de embriaguez, que no acaban de atropellar a dos personas, que el agente no ha recibido la orden de hacerles la prueba… y que no son concejales de Bildu.

En todo caso, hay que reconocer a Simón Santamaría que su orden de practicar la prueba en todos los casos no resulta nada descabellada. Es más, si la agente hubiera cumplido la orden ahora no habría polémica. La concejal hubiera dado un resultado y tanto si era exculpatorio como inculpatorio se habría zanjado cualquier especulación sobre su estado. Pero sobre todo, si la agente hubiera cumplido la orden, tampoco se hubiera podido cuestionar su actuación.

O desobediencia o estupidez

Por consiguiente, podemos concluir el análisis enfrentando la disyuntiva de si la agente realmente tenía potestad para no hacer la prueba pese a la orden de la jefatura. Si no la tenía, entonces nos encontraríamos ante una desobediencia y un proceder inadecuado de la agente. ¿Pero y si tenía la potestad de no hacer la prueba?

En ese caso, la agente no habría incurrido en desobediencia pero habría cometido una estupidez, porque lo indudable es que tenía la potestad para hacer la prueba. Si pudiendo hacer la prueba y poner fin a la polémica, optó por no hacerla, su comportamiento fue poco inteligente.

Salvo en un supuesto.

Si la concejal sí hubiera presentado algún síntoma de embriaguez, entonces sí podría no ser una estupidez el no hacerle la prueba, al menos si se quería favorecer a la concejal.

Como no queremos imaginar que fue esto lo que sucedió, las dos alternativas que nos quedan son las que señalábamos al principio. Que la agente desobedeció y no le hizo a la concejal una prueba que le tenía que haber hecho, lo que acaso quizá le conlleve alguna responsabilidad, o que pudiendo elegir si hacía la prueba o no eligió la opción que abría la puerta al escándalo en vez de la que la cerraba. Es decir, que cometió una estupidez, al punto que si la concejal no iba borracha es la primera a la que le hubiera interesado someterse a la prueba y zanjar la polémica.

Por lo demás, ¿qué hubiera sucedido si hubiera sido Yolanda Barcina la que hubiera atropellado a dos ancianos? ¿Habría tardado varios días en saltar la noticia a los medios? ¿Habríamos leído por ahí que no se trataba de un atropello, sino de un «contacto leve», que los ancianos prácticamente se le echaron encima del coche, que en realidad la rotura de la anciana se la provocó su marido al caerle encima, o que la expresidenta estuvo amabilísima y atentísima con los ancianos, y que no hizo falta en absoluto hacerle la prueba del alcoholímetro, pese a existir una orden de la Jefatura al respecto, porque su aliento no olía a alcohol sino a lavanda y pino? ¿Nadie hubiera sugerido un trato de favor? ¿Hay la misma vara de medir y de redactar para todo el mundo?

Se dice además que todo está grabado en las cámaras de seguridad y que aparecerán enseguida los vídeos, que por lo visto estos sí se pueden ver. A ver si de paso aparecen también los de los gritos de «Asirón ejecución». Aunque dicen algunas malas lenguas, sin duda equivocadamente, que los vídeos de vigilancia del Ayuntamiento ni siquiera tienen audio. Sea por una cosa o por otra, este Ayuntamiento nos sorprende casi todos los días con algún suceso desagradablemente inusitado.